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Detenidos diez directivos del grupo de seguridad Esabe acusados de diversos delitos económicos

  • Se les acusa de alzamiento de bienes, insolvencia punible y falsedad documental
  • También de un presunto fraude a la Seguridad Social de 30 millones de euros

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La Unidad de Seguridad Privada de la Policía Nacional ha detenido a la cúpula directiva de la empresa de Seguridad Esabe, en total 10 personas, acusados de varios delitos: alzamiento de bienes, insolvencia punible, falsedad documental y fraude a la Seguridad Social por valor de 30 millones de euros.

La cúpula directiva de Esabe ha sido detenida por formar un entramado empresarial en el ámbito de la seguridad privada, según han confirmado fuentes de la investigación a RTVE.es. Este entramado incumplía las normas, creando una situación ventajosa en el mercado a través de la competencia desleal, asegura Europa Press citando fuentes de la investigación.

La Policía ha llevado a cabo, además, ocho registros en distintas sedes de la compañía. Las actuaciones, que se han declarado secretas, son el fruto de una investigación de un año y medio, según han señalado las mismas fuentes a RTVE.es.

Entre los detenidos, que se encuentran en dependencias policiales, están dueños, directivos y ejecutivos del grupo empresarial.

UGT: meses denunciando la situación

FeS-UGT-Madrid ha emitido un comunicado en el que asegura que el Grupo Especial de Intervenciones Técnicas se presentó a primera hora del pasado miércoles en la casa del dueño de la empresa, Juan José Prado, y que tuvieron que forzar la cerradura para entrar y llevar a cabo los primeros registros.

Asimismo, el sindicato ha indicado que lleva "meses denunciando ante la Inspección de Trabajo, los juzgados de lo Social e incluso ante el Ministerio del Interior, el impago de salarios, así como todo tipo de incumplimientos de la legislación y normativa".

Según la organización, Esabe tiene una división de servicio de limpieza, una actividad para la que la empresa estaba contratada, entre otras, por la Consejería de Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid y ha exigido "responsabilidades" al Gobierno regional madrileño por contratar "a este tipo de empresas 'pirata', producto de su política económica".

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