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ANÁLISIS

La amnistía fiscal,¿herramienta de recaudación o daño irreparable a la conciencia sobre el fraude?

  • Varios economistas señalan la importancia de lo aflorado frente a lo recaudado
  • Otros, contrarios a la medida, señalan el mensaje negativo para el contribuyente
  • Coinciden en que el sistema fiscal requiere de un debate global para su reforma

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Una de las oficinas de la Agencia Tributaria durante la campaña de la declaración de la renta
Una de las oficinas de la Agencia Tributaria durante la campaña de la última declaración de la renta. TVE

Qué es la amnistía fiscal

La amnistía fiscal aplicada por el Gobierno español entre junio y noviembre es una medida excepcional para regularizar bienes no declarados que debería tardar años repetirse. Los defraudadores pueden declarar dinero en efectivo, bienes o cualquier derecho adquirido oculto para Hacienda, que en este último caso de 2012, caso ha recaudado 1.200 millones de euros, aunque la recaudación deinitiva ha sido de 2.500 millones. Los interesados en regularizar sus bienes podían hacerlo pagando un tributo del 10% y más ventajoso, del 8% para los dividendos o participaciones en beneficios de fuente extranjera derivados de la misma fuente que se repatríen hasta el 31 de diciembre de 2012.

La amnistía fiscal aprobada por el Gobierno ha logrado recaudar 1.191 millones de euros entre los meses de junio y noviembre de este año, según las cifras provisionales publicadas esta semana por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

La medida para hacer aflorar rentas ocultas en el extranjero provoca división de opiniones entre los expertos consultados por RTVE.es. Mientras que unos consideran que la amnistía debería haberse planteado dentro de una batería de medidas de mejora en la recaudación del Estado, otros creen que tiene sentido por si misma al haber permitido aflorar bienes por los que se pagarán impuestos en las próximas declaraciones de la renta.

Esta es la opinión del presidente del Registro de Economistas y Asesores Fiscales (RAEF), Jesús Sanmartín, quien reconoce al mismo tiempo que la amnistía “se contrapone” a la conciencia tributaria por todos los contribuyentes que hasta ahora han declarado sus bienes. El responsable de la RAEF cree que “había motivos suficientes” para hacerla por “todo el dinero que estaba improductivo y tenía que entrar en el circuito económico”. "Es una herramienta más para captar contribuyentes”, asegura a RTVE.es.

"El mensaje para el contribuyente medio es negativo", apunta el economista de la asociación Economistas Frente a la Crisis (EFT), Alberto del Pozo, porque transmite “que no importa pagar impuestos ya que dentro de unos años se pondrá en marcha una amnistía fiscal para regularizar la situación”. La influencia negativa sobre la conciencia fiscal no se verá compensada por el aumento de ingresos del Estado, considera Del Pozo.

Tampoco el catedrático de Economía Aplicada en la UNED, Juan Antonio Jimeno cree en la efectividad de la amnistía: al contrario considera que “no tiene sentido que salga más rentable pagar las multas que ser honrados”.

En cambio, el secretario técnico del Colegio de Economistas, Luis del Amo, coincide con Sanmartin en señalar “lo que hay alrededor de la medida”, es decir, el hecho de hacer aflorar bienes que deberían pasar a formar parte de la declaración de la renta del próximo ejercicio.

Inseguridad jurídica de la amnistía fiscal

En total, la Agencia Tributaria, según los datos provisionales avanzados, ha recibido 31.484 declaraciones con una cuantía media de 37.830 euros y la mayoría de los declarantes, un 93%, han esperado hasta el último mes, para acogerse a la medida.

El hecho de haber esperado al último momento para acogerse a la medida no es nada anómalo para los expertos en materia tributaria ya que el mismo fenómeno se produce también en las declaraciones de la renta regulares.

Sin embargo, todos, a favor o en contra de la medida, coinciden en que el proceso ha provocado incertidumbre en los interesados. Entre otras cosas porque en el período de vigor de la gracia el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite un recurso de inconstitucionalidad presentado por el PSOE.

El presidente del Colegio de Economistas, Valentí Pich, lo califica como un “proceso accidentado” sobre el cual el Ministerio “ha intentado dar una lectura positiva” a través de varias aclaraciones publicadas durante la amnistía, para dar más seguridad.

El perfil de los beneficiarios ha sorprendido a Pich, quien explica cómo en su mayoría se ha tratado de “personas mayores con un patrimonio no muy importante cuyos capitales se encontraban fuera desde hace muchos años”. Según los resultados provisionales de la amnistía, “mucha gente se ha acogido a la ella pero con un importe medio relativamente bajo”.

Recuperar la conciencia fiscal

El momento elegido no es el mejor para aplicar esta tercera amnistía fiscal en España, según el profesor Juan Antonio Jimeno, algo en lo que coincide Alberto del Pozo, que incide en señalar que el 88% de los españoles considera que los impuestos no se cobran con justicia, según la última encuesta del CIS, que también pone de manifiesto que la sensación de injusticia ha aumentado más de diez puntos en relación a 2007, cuando la proporción estaba en el 78,3% de los españoles.

“Lo primero es recuperar la conciencia de que la defraudación fiscal es un gran delito para los intereses” de todos, apunta Jimeno. "El cumplimiento de la conciencia fiscal se ha ido relajando y ahora parece muy permisiva con el fraude”, a lo que añade que "si la evasión estuviera muy mal vista disminuiría, pero parece que hay una cierta comprensión”.

Como ejemplo, este economista recuerda el lema "Hacienda somos todos", utilizado en las campañas tributarias de los años 80 y considera que esa conciencia, todavía no ha calado en los ciudadanos como debería.

Apuesta por una reforma fiscal

La asociación Economistas Frente a la Crisis, que aborda la necesidad de reformar el sistema fiscal en el libro "No es economía es ideología", califica la amnistía como “profundamente injusta y antisocial”. Del Pozo va más allá asegurando que el endurecimiento de la lucha contra el fraude debe ser generalizado (con una mayor coordinación entre las administraciones y más medios técnicos y humanos) porque “el aumento de la recaudación también es una inversión”.

La regulación de bienes y dinero ocultos puede "llegar a ser útil" si va acompañada de una "batería de medidas que hagan que la colectividad gane", explica el catedrático de Economía Aplicada. Existen medidas “potentes” de inspección de economía sumergida con la aplicación de sanciones ejemplares y ágiles que pueden ser más efectivas.

Sin embargo, para el presidente del Colegio de Economistas, "no es el momento de experimentos". Luis del Amo considera, además, que se debería valorar el hecho de que muchos evasores se hayan decidido realizar declaraciones complementarias sobre el ejercicio 2011 (no incluido en la amnistía). De esta forma el capital aflorado podría aumentar en otros 12.000 millones de euros, explica el economista a RTVE.es. Unos bienes que, desde 2013, tributarán y aportarán dinero a las arcas del Estado.

Si en algo coinciden casi todos es en la necesidad de reformar el impuesto de sociedades, cuya recaudación se ha desplomado en los últimos tiempos. El experto de la asociación Economistas Frente a la Crisis incide además en la necesidad de mejorar el control sobre la fiscalidad de las grandes corporaciones, que se benefician de una serie de deducciones que, en su caso, dejan reducido el impuesto de sociedades de facto "desde un 30% hasta un 16%".

Por eso los expertos consideran que todavía queda margen de actuación en la reforma del sistema fiscal español: "(Es necesario un) debate global del Estado porque si no tenemos una recaudación impositiva potente (...) España tampoco podrá ser un país potente en términos de (Estado de) bienestar", concluye Del Pozo.

Ventajas de la amnistía para los evasores

Según los expertos, uno de los atractivos de esta amnistía, la tercera después de las de 1984 y 1991, es que los evasores no podrán ser sancionados ni acusados de un delito de capitales, por los bienes declarados a través de esta vía y que el recargo por la declaración es mucho más económico que a través de otras vías.

La medida, denominada Declaración Tributaria Especial (DTE), es aplicable al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el Impuesto de Sociedades y el Impuesto sobre la Renta de No Residentes, para bienes adquiridos antes del 31 de diciembre de 2010.

Así, se han quedado fuera todas las rentas generadas en 2011 y muchos beneficiarios han preferido hacer una declaración complementaria del pasado ejercicio para prevenir cualquier sanción derivada del endurecimiento de la ley de lucha contra el fraude y la reforma prevista del delito fiscal..

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