El Gobierno ampliará el plazo de prescripción de los delitos fiscales más graves de 5 a 10 años para aumentar la efectividad de la amnistía fiscal recientemente aprobada. Además se modifica el Código Penal, que prevé ahora una pena de prisión máxima de 6 años por delito fiscal, en lugar de los 5 establecidos hasta ahora.
Así lo ha anunciado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, en la rueda de prensa del Consejo de Ministros en el que también se ha aprobado que los bancos provisionen otros 30.000 millones de euros por todos los activos inmobiliarios.
Algunos expertos habían criticado la medida de la amnistía fiscal porque las medidas disuasorias contra los infractores no eran lo suficientemente duras. Desde Fedea abogaban por una reforma fiscal en profundidad en la que habría que subir el IVA.
El texto prevé que durante la tramitación del delito fiscal y en el tiempo de remisión a la fiscalía para la presentación de la querella puedan liquidarse y cobrarse los ingresos pendientes ante la Agencia Tributaria.
Sáenz de Santamaría ha indicado que se pretende evitar que en la tramitación de los delitos fiscales haya casos, "por desgracia muy frecuentes", de desapoderamiento o de alzamientos de bienes por parte del deudor tributario que en ese lapso aprovecha para vender sus bienes y evitar futuros cobros de Hacienda.
Además, la modificación del código penal refuerza las medidas para ser más ágiles ante el delito fiscal, especialmente con las tramas criminales de fraude del IVA.
Este anteproyecto se remitirá a los principales órganos consultivos, como el Consejo de Estado o el Consejo General del Poder Judicial, principalmente. La vicepresidenta ha indicado que se trata de una modificación de la ley de transparencia que precisa rango de ley orgánica.
En cuanto al fraude laboral, la vicepresidenta ha subrayado que se produce una minoración de las cantidades del límite para proceder por delito, "lo que permitirá tener más posibilidades para luchar contra ese fraude y la economía sumergida".
El Gobierno también ha aprobado una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos que reduce de cinco a tres años el período obligatorio del contrato de alquiler de una vivienda, mientras que la prórroga tácita, es decir, la prolongación automática del contrato cuando caduca, bajará de tres a un año.
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