De Guindos abre la puerta a la dación en pago para las familias en riesgo de exclusión

  • Se trataría de familias con todos los miembros en paro y sin patrimonio
  • Propone un código de buenas prácticas para las entidades financieras
  • Los bancos podrán deducirse las pérdidas de la dación en pago
RTVE.es - MADRID 

El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha abierto en el Congreso la puerta a la dación en pago de la vivienda cuando no se pueda hacer frente a una hipoteca para las familias que estén en un umbral de exclusión social.

De Guindos ha señalado que se trataría de hogares con todas las personas en situación de desempleo, que no tengan rentas adicionales y cuyo patrimonio sea insuficiente. Según los datos de la EPA del cuarto trimestre de 2011, en España hay 1.575.000 hogares con todos sus miembros en paro.

La vivienda que entregan estas familias es el único activo que tienen

"Es una realidad que la vivienda que entregan estas familias es el único activo que tienen", ha respondido el ministro a una interpelación del diputado de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) Joan Coscubiela Conesa. A renglón seguido, ha añadido que la modificación legal se hará con "todas las cautelas" para que no se produzcan abusos o un "acogimiento fraudulento" a esta posibilidad.

El incentivo para que las entidades financieras acepten la dación en pago sería la posibilidad de "incluir como gasto fiscalmente deducible las pérdidas en que hubiesen incurrido".

Más transparencia en las subastas

El responsable económico del Ejecutivo ha indicado que se mejorará la ejecución de las garantías hipotecarias, antes de llegar al desahucio y se intentará que el precio del inmueble en la subasta sea lo más alto posible. Además se mejorará el mercado de las ejecuciones hipotecarias para que haya una mayor transparencia en la formación de precio.

El ministro quiere que se cree una base informatizada de las ejecuciones hipotecarias de ámbito nacional y que las subastas de pisos se puedan hacer on line

Por otra parte, ha propuesto un código de buenas prácticas para las entidades bancarias que incluiría ampliar el periodo que una persona puede permanecer en un piso embargado hasta su desahucio, un tiempo que podría prolongarse "por dos años con el pago de una renta adecuada", según De Guindos.

De Guindos también ha apuntado que los bancos deberian asumir una parte del riesgo cuando han aceptado una garantía insuficiente por la hipoteca, en el caso de tasaciones hinchadas o deterioro muy acusado del valor de mercado de la vivienda. Además podrían descontar las cuotas abonadas del principal del préstamo, en lugar de los intereses como se hace habitualmente, para reducir el capital pendiente.

El código también establece que los gastos y costas en la apertura de una hipoteca "en ocasiones muy elevados" se moderen. El titular de Economía dijo también que se actuará sobre los intereses moratorios, "que muchas veces llegan a ser excesivos". No obstante, De Guindos ha advertido de que la dación en pago para todos los casos parece una solución mágica, pero puede supone una merma del sistema de garantías.

Los afectados por la hipoteca piden más

En un comunicado, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha señalado que "no se necesitan recomendaciones, sino una legislación garantista que proteja los derechos fundamentales de la ciudadanía".

La PAH critica que se anuncien como medidas incentivos fiscales y nuevas partidas del ICO "que finalmente a quien han beneficiado, una y otra vez, ha sido a la banca". Recuerdan que se han producido más de 330.000 ejecuciones hipotecarias y que "cientos de miles de familias se han quedado con una deuda de por vida y sin vivienda".

Derecho a una segunda oportunidad y derecho a la vivienda

Piden que las medidas que se aprueben contemplen a la gente ya afectada y consideran urgente legislar para "garantizar el derecho a la dación en pago, la moratoria de los desahucios y la reconversión de los pisos hipotecados ejecutados en alquiler social asequible, y todo ello con carácter retroactivo".

Por último, afirman que es necesaria "una legislación que garantice el derecho a una segunda oportunidad y el derecho a la vivienda".

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