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AI acusa a la junta militar de 'aplastar' la represión y la equipara con la de Mubarak

  • Acusa a las autoridades de haber incumplido los compromisos adquiridos
  • Pide investigar las violaciones de derechos y levantar el estado de excepción

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Manifestantes egipcios huyen de los gases lacrimógenos en El Cairo
Manifestantes egipcios huyen de los gases lacrimógenos en El Cairo AFP OPSHOTS/AFP PHOTO/KHALED DESOUKI

Amnistía Internacional (AI) ha denunciado la violenta represión llevada a cabo por la junta militar en los últimos días contra los manifestantes en la plaza Tahrir de El Cairo. En un informe titulado: "Promesas rotas: las autoridades militares egipcias socavan los Derechos Humanos", la ONG hace balance de los diez meses transcurridos desde el comienzo de la revolución en el país y denuncia que la actual represión equivale, y en algunos casos supera, a la que en su día utilizó el régimen de Hosni Mubarak.

El informe dice que la junta militar "ha aplastado" a la población mediante una violenta represión, que califica de "lamentable desempeño" del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas al que, además, acusa de haber cumplido "pocos de los compromisos contraídos" cuando asumió el poder tras la caída del expresidente el pasado mes de febrero.

El director en funciones del programa de Amnistía Internacional para Oriente Próximo y el norte de África, Philip Luther, ha advertido de que la aplicación de tribunales militares para juzgar a "miles de civiles", la represión de "protestas pacíficas" y la ampliación de la Ley del Estado de Excepción de Mubarak ponen de manifiesto que la junta militar "ha seguido la tradición de gobernar represivamente de la que tanto lucharon por librarse los manifestantes del 25 de enero".

Luther ha añadido que "la brutal y severa respuesta a las protestas de los últimos días tiene todas las características de la época de Mubarak" y subraya que el Ejército "no puede seguir utilizando la seguridad como excusa para mantener las mismas prácticas del régimen del presidente Mubarak".

Acallar las voces críticas

La ONG pone de manifiesto la forma en que el Consejo Supremo militar ha tratado de acallar las voces críticas y cita como ejemplo el caso del bloguero Maikel Nabil Sanad, condenado a tres años de cárcel por criticar al Ejército y objetar del servicio militar.

Otro caso llamativo para Amnistía es el del también bloguero Alaa Abd el Fatta, que presenció los enfrentamientos entre cristianos coptos y fuerzas de seguridad el pasado octubre, en los que murieron 28 personas.

Fue interrogado por fiscales militares el 30 de octubre después de que criticase que el propio Ejército se encargase de investigar estos hechos, en los que la mayoría de las víctimas murieron por heridas de bala o atropelladas por vehículos acorazados.

Además, la organización también deplora "el claro intento" de suprimir la cobertura informativa negativa para la administración interina, con "decenas de periodistas " citados a declarar.

Reestablecer la confianza en las instituciones

La organización pide a las autoridades egipcias que restablezcan la confianza en las instituciones a través de una investigación de las violaciones de los derechos humanos y que levante el estado de excepción.

El responsable de Amnistía para Oriente Próximo y el norte de África dice que en aras de una verdadera transición "el Consejo debe atenazar la libertad de expresión, asociación y reunión, levantar el estado de excepción y dejar de juzgar a civiles en tribunales militares".

Sólo en agosto, la junta militar ha admitido que 12.000 civiles habían sido juzgados en cortes de índole militar y 13 de ellos fueron condenados a muerte bajo cargos de "incumplimiento del toque de queda", "posesión ilegal de armas", "destrucción de bienes" e "insulto al ejército".

La plaza Tahrir de El Cairo ha vuelto a convertirse en escenario de violentos enfrentamientos entre opositores al gobierno militar y las fuerzas de seguridad. Desde que la protesta comenzó el sábado, hay al menos 33 muertos y 1.250 heridos, según informaba este lunes una fuente del hospital Zainhum.

En este escenario peligra la celebración de las elecciones legislativas, previstas para el próximo 28 de noviembre.

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