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Una controvertida expropiación puso fin al primer imperio Ruiz-Mateos

       
  • El Gobierno de Felipe González decretó la intervención el 23 de febrero de 1983
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  • La justicia probó irregularidades como doble contabilidad y facturas falsas

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La controvertida expropiación de la primera Rumasa

Las empresas de Nueva Rumasa

Alimentación: Postres Dhul, lácteos Clesa, batidos Cacaolat, helados Royne, conservas y salsas Apis, chocolates Trapa, chocolates Elgorriaga, helados Neiss, lácteos Letona, huevos Hibramer, Batidos Ryalcao, zumos y horchatas La Levantina, lácteos Sali, huevos Matines y caramelos Aldusa.

Bodegas y bebidas: jerez Garvey, rioja Marqués del Campo Nuble, rioja Campo Burgo, toro Marqués de Olivara, rioja Conde de Romanones, brandy de jerez Conde de Garvey, jerez Zoilo Ruiz Mateos, distribuidora Los Conejos y penedés Cavas Hill.

Patrimonial: Inmobiliarias Reunidas.

Distribuidoras: Distribución Retail, Distribución Reta.

Comunicación: Radio Libertad.

Deporte: Rayo Vallecano

Con la formación de Nueva Rumasa, la familia Ruiz-Mateos trató de pasar página de lo que es uno de los episodios más polémicos de la historia democrática española: la expropiación de su anterior grupo empresarial, Rumasa, durante el primer gobierno del socialista Felipe González, después de que varias inspecciones de las autoridades económicas tropezaran con numerosas irregularidades.

La decisión de expropiar Rumasa -uno de los mayores conglomerados empresariales del país, con 700 empresas, 65.000 trabajadores y una facturación de 350.000 millones de pesetas- se adoptó en forma de decreto ley el 23 de febrero de 1983, con Miguel Boyer como ministro de Economía.

A 31 de diciembre de 1982, el déficit del grupo alcanzaba los 346.000 millones de pesetas, según los peritos judiciales, por lo que tras la expropiación se puso en marcha un plan de saneamiento. Concluido ese proceso, empezó la privatización que terminó en noviembre de 2002, cuando la Sociedad de Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) vendió las últimas seis fincas del antiguo grupo.

Una historia plagada de episodios grotescos

Desde el principio, el proceso estuvo salpicado por las excentricidades del propietario del "holding de la abeja", José María Ruiz-Mateos, quien pocos días después de la expropiación huyó a Londres. Su fuga terminó dos años después en Fráncfort, donde fue detenido y luego extraditado a España.

Mientras tanto, el Tribunal Constitucional había confirmado la expropiación, algo que repetiría varias veces más. Entre el Constitucional y el Tribunal Supremo ratificaron en nueve ocasiones la legalidad de la operación y de la posterior reprivatización de las empresas del grupo, entre las que estaba Galerías Preciados, Loewe, Banco Atlántico, inmobiliarias y varios hoteles.

Ruiz-Mateos volvió a escaparse en 1988, esta vez de la Audiencia Nacional, disfrazado con una peluca. Con episodios grotescos -como disfrazarse de Superman o recorrer las calles de Madrid con un megáfono-, el empresario trataba de mantener la atención del país sobre lo que no se cansaba de calificar como "una tropelía" del Gobierno socialista. Con ese objetivo, inició una persecución pública del ya exministro Boyer, a quien llegó a agredir en un acto público en mayo de 1989.

Para evitar nuevas fugas y asegurar la presencia de José María Ruiz Mateos en el juicio que iba a comenzar en la Audiencia Nacional, el juez ordenó su ingreso en prisión en enero de 1997.

Retahíla de procesos judiciales

La vista oral del proceso judicial se inició en febrero de ese año, con una petición de 12 años de cárcel por parte de la Fiscalía. En la sentencia se consideró probado que Rumasa tenía doble contabilidad, cuentas ficticias, facturas falsas e impagos a Hacienda y la Seguridad Social, entre otras ilegalidades. El empresario fue absuelto de los delitos de falsedad y estafa.

Ruiz-Mateos se benefició del Código Penal que había entrado en vigor dos años antes y que apuntaba que debía existir "una lesión o daño efectivo" para poder considerar lo sucedido como un delito. La Audiencia consideró que la actuación irregular de la empresa no había provocado lesiones ni daños, y el Tribunal Supremo ratificó la absolución en 1999.

Pero ese final positivo para el empresario jerezano no terminó con su periplo judicial. Ruiz-Mateos ha impulsado más de 160 procedimientos judiciales ante el Supremo para que el Estado le devolviera 160 empresas de su primer holding, pero el tribunal siempre se ha pronunciado en contra de la reversión.

Después, comenzó con los casi 200 recursos por la valoración que se había realizado de sus compañías. Como resultado de esos innumerables procesos, la familia Ruiz-Mateos logró un juicio sobre la retasación de los activos de Rumasa, como resultado del cual reclama al Estado 18.000 millones de euros de indemnización.

La formación de un nuevo grupo

Cuando el proceso de expropiación no había hecho más que comenzar, en 1986, los Ruiz-Mateos comenzaron ya a levantar un segundo grupo empresarial a través de la adquisición de pequeñas compañías con perspectivas de expansión.

Según datos de la compañía, la nueva sociedad está integrada en estos momentos por más de 100 empresas con cerca de 10.000 empleados directos y 6.000 indirectos, con relaciones comerciales en 78 países y una facturación próxima de los 1.500 millones de euros.

Este jueves, 10 de esas empresas han comenzado a negociar con sus acreedores una refinanciación de sus deudas para tratar de esquivar la insolvencia y, así, la declaración del concurso de acreedores.

Ninguna de esas empresas cotiza en Bolsa y tampoco están constituidas como holding, dado que la sociedad de cartera -Nueva Rumasa- no actúa como matriz del grupo y solo coincide con la denominación genérica del conglomerado empresarial.

Según el presidente de Nueva Rumasa, Zoilo Ruiz-Mateos, la familia "ha aprendido del pasado" y por eso, no quiere que el nuevo grupo sea tan público como el anterior. Así que, como ha reconocido ese hijo del patriarca, "preferimos no dar detalles de cuántas empresas tenemos ni de los ingresos que generan".

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