El Pacto de Toledo propone "incentivos fiscales" para que las amas de casa generen pensión

• Sería para los cónyugues que no trabajen y estén en régimen de gananciales
• Piden pensión de orfandad hasta los 25 años si el beneficiario sigue estudiando

La comisión del Pacto de Toledo termina sus trabajos sin acuerdo en el punto más polémico

El Pacto de Toledo pide en sus recomendaciones para la reforma de pensiones que se estudie la posibilidad de un "incentivo fiscal" con el objeto de que los cónyuges "no presentes en el mercado de trabajo" puedan generar pensiones.

El documento, que el Congreso votará el miércoles, defiende que han de adoptarse iniciativas que ayuden a las mujeres a complementar sus aportaciones económicas con otros elementos como ventajas fiscales o situaciones "asimiladas al alta" a efectos de mejorar la pensión de jubilación, con el objetivo de configurar derechos propios.

En este sentido, el documento pide que se estudie la posibilidad de constituir este incentivo fiscal "cuando el matrimonio tenga régimen de bienes gananciales".

Compensación por crianza y atención a dependientes

La Comisión defiende que el sistema debe valorar la existencia de mayores periodos de interrupción por cuidados de hijos o familiares dependientes y las mayores limitaciones en la conciliación, por lo que debe evolucionar "adoptando medidas que reconozcan el esfuerzo asociado a esa circunstancia".

Por ello, como ya hizo en 2003, pide mecanismos que incorporen los periodos de atención y cuidado de los hijos o personas dependientes como elementos a considerar en la cotización, si bien no incluye la idea propuesta por CiU y otras formaciones para que el número de hijos cuente para el periodo de cálculo.

El informe reclama que se garantice la "real equiparación de salarios entre hombres y mujeres" y que "a igual desempeño igual retribución", ya que este principio tiene una "incidencia directa" en los derechos generados basados en las cotizaciones que, a su vez, se derivan del sueldo percibido.

Negocios familiares

Por otro lado, propone que en los casos de "ruptura familiar" en los que "mediante decisión judicial" se constate la aportación de la mujer al mantenimiento de negocios familiares, se posibilite el reconocimiento en su carrera de cotización de periodos de tiempo que permitan generar derechos propios "y no únicamente derivados".

Esto tendría una clara incidencia en el ámbito del trabajo autónomo, en el medio rural y en los sectores del comercio y de la hostelería; además, evitaría la desprotección sobrevenida que afecta a las mujeres en esas áreas cuando se produce una separación o divorcio a edades tardías.

En esta línea, la Comisión defiende estudiar la implantación de modalidades específicas de contratación para aquellas personas que, colaborando en negocios familiares, no generen derechos de pensión adecuados.

Una de las posibilidades consistiría en la utilización de cotizaciones sobre jornadas parciales que permitan la cotización de ambos cónyuges cuando ambos realicen actividades para el mantenimiento del negocio. Igualmente, cabría la posibilidad de instrumentar mecanismos de previsión complementaria para dar cobertura a estas situaciones.

Más protección para los jóvenes

El Pacto de Toledo también aboga por mejorar la protección de los huérfanos y ampliar hasta los 25 años el cobro de la pensión de orfandad, cuando el beneficiario esté cursando estudios.

La Comisión advierte de las consecuencias negativas que tiene la persistente temporalidad y precarización de las condiciones de trabajo de los jóvenes, así como sus elevados índices de rotación, dado que ello impide acumular años de cotización y determina pensiones de jubilación de escasa cuantía.

Por ello, reclama que las Administraciones Públicas favorezcan las posibilidades de los jóvenes para ser contratados y aumentar las políticas activas de empleo específicas para los que estén desempleados y para los que acceden por primera vez al mercado laboral.

Revalorizar las pensiones

La Comisión recomienda estudiar la posibilidad de utilizar otros índices, diferentes al IPC, para revalorizar las pensiones, como el crecimiento de los salarios, la evolución de la economía o el comportamiento de las cotizaciones a la Seguridad Social.

El informe señala que el vigente sistema de revalorización ha dado lugar en anteriores ejercicios a desviaciones entre el IPC previsto y el real, con la "consiguiente desvirtuación" de su finalidad de mantener el poder adquisitivo.

En este sentido, considera que a partir de ahora deberá proponerse un tratamiento específico para cada desviación del IPC real que haya ocasionado subidas en las pensiones. Esto supone abrir la puerta de que se consolide totalmente la subida o que no ocurra así o se haga parcialmente.