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El Ministerio de Defensa ha asumido a última hora del viernes el control del tráfico aéreo español, paralizado desde primera hora de la tarde por la huelga salvaje emprendida por los controladores aéreos, hasta que existan "garantías" de que puede volver a manos civiles.

Así lo ha anunciado el vicepresidente del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, quien ha explicado que el presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, ha firmado la autorización, tal como establece el decreto de ley sobre el nuevo modelo de gestión aeroportuario, aprobado este mismo viernes por el Consejo de Ministros y publicado de emergencia en el Boletín Oficial del Estado para poder aplicarlo, y que permite que los militares tomen el control de los centros y torres de control aéreo.

Rubalcaba ha justificado la decisión del Ejecutivo en la situción creada, que ha calificado de "máxima gravedad", y en que los controladores civiles "no han depuesto su actitud", tras ausentarse de sus puestos de trabajo desde las 17.00 horas alegando bajas por enfermedad. El vicepresidente, que ha comparecido junto con el ministro de Fomento, José Blanco, y la ministra de Defensa, Carme Chacón, también ha resaltado que la Constitución ampara estas medidas en razón a la situación de emergencia prevista en la Ley de Seguridad Aérea.

Mandos militares se dirigen a los principales aeropuertos

Según han confirmado a Efe fuentes del MInisterio de Defensa, mandos militares supervisan ya los aeropuertos de Madrid, Barcelona, Sevilla y Canarias para supervisar toda la gestión del tráfico aéreo.

Otros controladores del Ejército del Aire se han incorporado de forma inmediata a ocho aeropuertos de uso compartido civil-militar, por si es preciso desviar a los mismos vuelos civiles, así como a otras instalaciones que permanecen abiertas. Esos ocho aeropuertos que tienen operaciones de carácter mixto son Albacete, Talavera la Real (Badajoz), León, Torrejón (Madrid), Murcia-San Javier, Salamanca, Valladolid y Zaragoza.

Al mismo tiempo, una veintena de policías y guardias civiles, además de dos inspectores de seguridad aérea, han entrado en la sala del Hotel Auditorium de Madrid, cercano a Barajas, donde se encuentra reunido un grupo de controladores aéreos tras haberse ausentado de su puesto y les han explicado las consecuencias de negarse a obedecer las órdenes militares; en concreto, pueden ser acusados de un delito de desobediencia a la autoridad, penado con entre seis meses y seis años de prisión.

Autorización del presidente

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un Real Decreto de Ley con el nuevo paquete de medidas económicas que incluye, entre otras, un nuevo modelo de gestión aeroportuario mediante la conversión parcial de AENA en una sociedad mercantil, para privatizar el 49% de lo que ahora es una empresa pública.

Según ha informado el Ministerio de Fomento en un comunicado, en ese nuevo modelo se incluyen "medidas adicionales para garantizar la seguridad y la continuidad de los servicios de control aéreo". Así, se contemplan dos medidas: en primer lugar, los servicios médicos de AENA podrán determinar si un controlador está o no capacitado para el ejercicio de sus funciones, de forma que "establecerán si procede o no el apartamiento de su puesto de trabajo"; y, en segundo lugar, "el presidente del Gobierno podrá encomendarse al Ministerio de Defensa para que los militares puedan ejercer el control de las torres".

En concreto, el Real Decreto dice: "La entidad pública empresarial Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea deberá facilitar la inmediata aplicación de lo previsto en el artículo 4.4.a) de la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea, quedando sometidos los controladores de tránsito aéreo de la citada entidad a la dirección del Ministerio de Defensa quien asumirá su organización, planificación, supervisión y control. Ningún trabajador, órgano directivo u organización podrá dificultar o impedir la efectividad de dicha medida".