LAURA G. TORRES - VALENCIA El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) se ha declarado competente para investigar la rama del 'caso Gürtel' que le remitió el juez Baltasar Garzón, y, por tanto, a los cargos políticos a los que vinculó en la trama, el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y al portavoz del PP en Les Corts Valencianes, Ricardo Costa, además de a otros cargos del PP valenciano, según han confirmado a RTVE.es fuentes judiciales.

También serán investigados el ex conseller Víctor Campos y el ex jefe de gabinete de la Consellería de Turismo y actual jefe de Protocolo de la Diputación de Valencia, Rafael Betoret.

La Sala de lo Civil y lo Penal del TSJCV, en su auto, ha acordado abrir diligencias previas por un presunto delito de cohecho "para determinar la naturaleza de los hechos y la posible participación en los mismos de las personas mencionadas".

Según ha informado el citado tribunal a través de una nota de prensa, el encargado de instruir la investigación penal será el magistrado José Flors.

La Fiscalía Anticorrupción solicitó hace unos días al TSJV que tomara declaración al president de la Generalitat y al portavoz del PP en Les Corts Valencianes, Ricardo Costa, para esclarecer su supuesta relación con el caso "Gürtel". Según la Fiscalía, ambos podrían haber recibido "dádivas procedentes de alguno de los imputados" en la causa, aunque precisaba que, en el momento presente y sin perjuicio de lo que resulte de la posterior investigación, no estaban "vinculados a una concreta actividad" del entorno de Francisco Correa.

Obligación del secreto sumarial

Además, en su auto, el tribunal hace una advertencia sobre la obligación de preservar el "secreto sumarial" que pesa sobre la causa, "a la vista de las numerosas filtraciones que sobre el contenido del procedimiento se están conociendo a través de los medios de comunicación".

Desde el TSJCV se recuerda que este secreto está regulado de forma "clara y expresa" en el artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y "afecta a todas aquellas personas que no sean parte". Además, añade que el revelar actuaciones secretas está tipificado como delito y puede ser sancionado "con multa de 250 a 250.000 pesetas (sic)".

El tribunal apunta que "se ve en la necesidad de recordar la vigencia de dichos preceptos y la exigibilidad del deber en su rigurosa observancia" ante el hecho de que en los últimos días se han publicado escritos del Ministerio Fiscal dirigidos a la Sala, "que es la única destinataria del mismo", además de datos sobre "supuestas intenciones decisorias de este tribunal".

Dinero en dávidas

El juez Garzón, en el auto en el que se inhibía en favor del TSJCV, acusaba a Camps de recibir dávidas de empresas de la trama de Francisco Correa en forma de trajes a medida.

En concreto, según el magistrado de la Audiencia Nacional, el presidente valenciano habría recibido 12.783 euros en trajes de las tiendas Milano y Forever Young a cambio de otorgar adjudicaciones de contratos públicos a empresas de Correa por importe de unos cuatro millones de euros.

Respecto al resto de cargos del PP valenciano, el juez Garzón les acusaba de recibir "en especie" 7.325 euros, en el caso de Costa; 4.850, en el de Campos; y 9.959 en el de Betoret.

El presidente de la Generalitat ya ha negado en varias ocasiones su vinculación con la trama y ha sido defendido por los principales líderes del PP, incluido Mariano Rajoy.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), a quien Garzón remitió el resto de la causa -incluidos los indicios encontrados contra el tesorero del PP, Luis Bárcenas, y el eurodiputado popular, Gerardo Galeote-, ya declaró su competencia para investigar el caso el pasado 31 de marzo.