LAURA G. TORRES - MADRID El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha acordado aceptar la competencia para investigar el llamado "caso Gürtel" sobre una supuesta trama de corrupción ligada a cargos del PP. El TSJ madrileño asume este caso al hallar "indicios de su posible participación en hechos delictivos" contra los diputados populares en la Asamblea de Madrid Alberto López Viejo, Alfonso Bosch Tejedor y Benjamín Martín Vasco.

Según el auto, el TSJM ha reclamado además "la inmediata remisión" a su Sala de lo Civil y de lo Penal de la totalidad de las actuaciones seguidas hasta ahora por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón en relación con el caso, sin perjuicio de la decisión que adopte el Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV) respecto a la parte que les envió este magistrado.

Para hacer esta petición, el tribunal argumenta que es "esencial" la "investigación conjunta en un solo procedimiento" de las actividades ilícitas de todos los imputados, tanto aforados como no.

El TSJM también ha pedido a la Fiscalía que le informe de la posible competencia del Tribunal Supremo para investigar el caso. En este sentido, en el auto se recuerda la jurisprudencia del Supremo que señala que "cuando en una misma causa aparecen responsables personas aforadas de dos Comunidades Autónomas diferentes, corresponde a la Sala Segunda del Tribunal Supremo el conocimiento de la causa".

La Sala de lo Civil y Penal del TSJM considera que los hechos podrían ser constitutivos de los delitos de cohecho o tráfico de influencias, según el auto
por el que se acepta la inhibición, del que es ponente el magistrado Javier Vieria Morante, también presidente del tribunal madrileño.

Actividades "aparentemente ilícitas"

El TSJM, tras analizar las actuaciones remitidas por Garzón, señala que aparecen, "entre las actividades aparentemente ilícitas objeto de investigación", la posible percepción por los citados diputados autonómicos "de importantes cantidades de dinero en atención a sus actividades de mediación o influencia en la adjudicación de contratos a varias empresas de personas imputadas en la causa seguida en dicho Juzgado Central de Instrucción". El tribunal se refiere al entramado de empresas de Francisco Correa, el principal cabecilla de la trama.

El tribunal concreta que, en el caso de López Viejo, según declaraciones de imputados, presuntamente pudo "aprovechar sus cargos públicos anteriores", el de viceconsejero de Presidencia, para "favorecer" a alguna de las empresas de la trama; además, apunta que en la "contabilidad B" de las empresas de Correa figuran apuntes que "parecen corresponder" a este diputado regional.

Respecto a Martín Vasco indica que, durante su etapa de consejero delegado de la Empresa Pública "Fomento y Desarrollo Municipal S.A." del Ayuntamiento de Arganda del Rey, pudo realizar "labores de intermediación en la adjudicación de proyectos urbanísticos" de ese consistorio y la "percepción de notables cantidades de dinero de personas relacionadas con sociedades favorecidas por esa adjudicación".

Por último, en el caso de Bosch Tejedor, en el auto se apunta que, mientras fue gerente de la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de Bobadilla del Monte, "percibió importantes cantidades que podrían tener relación con la adjudicación de contratos a empresas del entramado societario de Francisco Correa".

Por ello, al tratarse de personas respecto a las cuales el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid establece que su inculpación, prisión, procesamiento y juicio corresponden al TSJ de Madrid, la Sala Civil y Penal de este Alto Tribunal considera que es la competente para instruir el procedimiento.

Pendiente la resolución de Valencia

Tras el auto dictado por el TSJM, queda conocer la decisión que adopte el TSJ de Valencia, ya que el juez Garzón se inhibió de una parte del caso "Gürtel" en su favor por haber hallado indicios contra el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, y el diputado de las Corts valencianas Ricardo Costa, también secretario general del PP de Valencia.

Garzón les acusaba en su auto de recibir dávidas de las empresas de Rafael Correa -el presunto cabecilla de la trama- en forma de trajes a medida y afirma que la trama de corrupción se gestó de una relación directa del empresario con responsables del PP en Génova.