El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dicta este jueves a media mañana las dos primeras sentencias sobre las dudas de los tribunales españoles en la aplicación de la Ley Orgánica de Amnistía (LOA) y su compatibilidad con el Derecho comunitario, por la que el Alto Tribunal europeo ha recibido hasta cuatro cuestiones prejudiciales sobre las que debe decidir con sentencias vinculantes.
En concreto, esta institución se pronunciará sobre los dos asuntos para los que el Abogado General emitió sendos dictámenes en noviembre del pasado año, opiniones con las que descartó que la tramitación de la ley respondiera a una "autoamnistía", que colisione con la legislación de la UE en la lucha contra el terrorismo o que afecte a intereses financieros de la UE; aunque consideró que sí puede haber vulneraciones menores al Derecho de la UE.
La sentencia también marcará el camino al Tribunal Constitucional, que debe resolver el recurso de amparo que ha presentado Puigdemont contra la decisión del Supremo de no amnistiar el delito de malversación, en un fallo que puede ser clave para su posible regreso a España. El expresident catalán lleva más de ocho años y medio fugado de la justicia española con un breve paso burlando a la seguridad de los Mossos hace dos años durante la investidura de Salvador Illa.
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La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha declarado como testigo en el caso Leire. Narbona le ha dicho al juez Santiago Pedraz que conocía a la exmilitante socialista, pero ha negado saber nada de sus maniobras.
La presidenta del PSOE, que ha declarado por espacio de unos diez minutos, ha explicado ante los medios que Díez le dijo que "conocía hechos que podían ser importantes". "Por 'hechos' yo entendí 'hechos', desde luego nada que ver con lo que se está investigando", ha insistido.
Ha reconocido, además, que los indicios contra la llamada fontanera del PSOE son preocupantes.
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El ministro de Consumo, Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, celebra que haya salido adelante la reforma de la ley de dependencia y refundación del sistema de discapacidad que implica más 6.000 millones de euros de financiación extra: "Fue un día extraordinario, en estas circunstancias era algo muy díficil". El cambio de modelo implica pasar de un sistema de residencias a más cuidados en casa y teleasistencia. También implica mejoras salariales en un sector muy feminizado:"Es fundamental pagar mejor el trabajo, si no trabajan la sociedad colapsa". Explica que buscarán desplegar el sistema con un pacto con la patronal y los sindicatos. También la colaboración de las Comunidades Autónomas, una petición del PP, que finalmente se abstuvo:"Exigía un 50% de financiación del Estado y lo pusimos por delante, no tenían más argumentos, agradezco el cambio de voto".
Otra de las batallas que tiene por delante el Gobierno es el decreto de vivienda que se aprobará antes de que acabe julio. En este sentido negocian sobre todo con Junts, que tumbó la última prorroga de los alquileres. Para ello abre la puerta a incentivos fiscales para los inquilinos que es lo que pide el partido catalán: "Creo que todas las peticiones son transitables, no es mi modelo pero en un contexto de que haya prorroga de los alquileres podemos negociar para que salga la regulación". La otra batalla son los presupuestos. Bustinduy asegura que "los van a pelear" y que entre las medidas que incluirán será la prestación universal por crianza para atajar la pobreza infantil. Reconoce que será díficil sacarlos adelante, pero pone el ejemplo de la votación de dependencia como fórmula de que se puede llegar a acuerdos amplios.
Sobre las investigaciones judiciales que cercan al PSOE, reconoce que es "insólita" la condena a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, y espera que recurra y "se haga justicia". Sí que habla de lawfare pero no en todos los casos, como el de Ábalos: "Cualquiera que tenga ojos en la cara ve a que responde eso no quiere decir que todo sea lo mismo con Ábalos, es inaceptable que alguien traicione a sus votantes y que le caiga todo el peso de la ley".
El ministro también celebra la victoria de España contra Francia en las semifinales del Mundial y se muestra convencido de ganar la final. Su pronóstico es que la selección jugará contra Inglaterra.
El PSOE habla ya de acoso por parte del juez Peinado a Begoña Gómez. El magistrado le ha pedido que pruebe que solo utilizó su pasaporte para ir a la graduación de su hija. Los socios califican de delirio el movimiento del juez y el PP y Vox critican que se señale al magistrado.
Los socialistas creen que Peinado actúa con inquina y que deberían juzgarle por su conducta.
La coalición muestra unanimidad; en Sumar comparten la queja de los socialistas. "Es absolutamente lamentable y fuera de lugar", ha afirmado el ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun.
Al otro lado, Vox, que protesta porque se señale al juez. "Sus razones tendrá cuando ha decidido esto", ha remarcado la diputada de Vox Pepa Millán.
"Esto es una organización criminal claramente organizada", ha sentenciado el popular Elías Bendodo.
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El primer testigo, trabajador de la Diputación de Badajoz, fue clave porque, cuando se creó el puesto que ocupó David Sánchez, se opuso e insinuó que era para "el hermanísimo". Pero ante el tribunal negó tener información y lo rebajó a un mero rumor que había oído.
También se llamó a declarar a dos de los otros diez candidatos que aspiraron al puesto. Uno no vio irregularidades. Otra aseguró "que no había igualdad de oportunidades", aunque reconoció que no puso ninguna reclamación. Para las acusaciones populares, el testimonio de mayor peso fue el del teniente coronel de la UCO Antonio Balas, que sustentaba la tesis del enchufe. La mayoría de los demás testigos, vinculados a la Diputación de Badajoz, defendieron la legalidad de la contratación y que el puesto era de libre designación. En sus declaraciones tanto el hermano del presidente como el exlíder del PSOE en Extremadura negaron cualquier amaño.
David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno, ha sido condenado a nueve años de inhabilitación por prevaricación. Los jueces consideran que su plaza en la Diputación de Badajoz no era necesaria y no tenía contenido, pero le absuelven del delito de tráfico de influencias que es el que conlleva penas de cárcel.
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El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha analizado en Las Mañanas de RNE la respuesta de los equipos de emergencia en los incendios de Almería, a los que se desplazó este fin de semana para supervisar la situación desde el centro de mando. Una situación extremadamente compleja que se ha cobrado las vidas de 13 personas y que ha dejado 23 desaparecidos hasta el momento. Ha destacado la coordinación entre el Gobierno y la Junta de Andalucía, poniendo por delante la resolución de la emergencia antes que los conflictos políticos.
Bolaños también ha hablado sobre la situación judicial que afecta al entorno del Gobierno y concretamente acerca de la instrucción llevada a cabo por el juez Peinado, que califica de "anómala", aunque sin emplear el término lawfare. Además se ha referido a la polémica generada a raíz de las "desafortunadas palabras" de Mariano Rajoy en una columna de opinión donde señalaba que la selección de fútbol de Francia dispone de "un altísimo nivel; eso sí, sin franceses".
La investigación por el incendio de las discotecas de Atalayas da un paso decisivo. La jueza instructora ha acordado la apertura de juicio oral, en la Audiencia Provincial de Murcia, contra siete personas, por su presunta responsabilidad en una tragedia en la que hubo 13 víctimas mortales.
