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Uno de los juicios de la temporada ha quedado, esta semana, visto para sentencia. La causa contra la familia Pujol Ferrusola por su fortuna oculta en Andorra ha finalizado después de casi seis meses de sesiones y más de una década de instrucción. Por dirimir, los delitos de cohecho, tráfico de influencias, delito fiscal, blanqueo de capitales, prevaricación, malversación y falsedad.

Quien fuera president de la Generalitat durante 23 años, Jordi Pujol, quedaba exonerado, ya en el inicio de la fase testimonial, por su deterioro cognitivo. El tribunal certificó que no estaba en condiciones para declarar, pero en el banquillo sí que han tenido que sentarse sus siete hijos. ‘Informe Semanal’ analiza las claves de un caso que, en 2014, sacudió los cimientos, a partes iguales, de la política y de la sociedad catalanas, cuando Pujol, padre del catalanismo moderno y figura clave también en la gobernabilidad de España, confesó que tenía dinero oculto en el Principado desde hacía más de 30 años.

"Era un líder que trascendía el partido, el líder de un país, un hombre ético", así lo define el escritor y filólogo Jordi Amat, que además añade que, "tras su confesión, esa estatua en el pedestal se cae". Neus Tomàs, directora adjunta de eldiario.es, recuerda que "hasta en su partido renegaron de él. Y, en muy poco tiempo, Jordi Pujol pasó de ser un estadista a un apestado".

La fiscalía solicita 29 años de cárcel para su primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, y penas de entre 8 y 14 años de prisión para el resto de los hermanos. Acusa a toda la familia de actuar como una organización criminal y de blanquear capitales. Incluso usando códigos, como aparentemente quedó reflejado en algún escrito que recoge el sumario.

La mujer de Jordi Pujol, Marta Ferrusola, fallecida en julio de 2024, era por ejemplo "la madre superiora". Los hijos de la pareja justifican el dinero oculto aferrándose a la herencia del abuelo Florenci, con quien Jordi Pujol tuvo una relación tirante. Las acusaciones no creen que existiera esa herencia. Jesús G. Albalat, periodista de tribunales de El Periódico, destaca que "según el fiscal, ese dinero procedía de comisiones presuntamente ilegales, pagadas por algunas constructoras a cambio de adjudicaciones públicas, de entidades vinculadas a Convergència Democràtica de Catalunya... que no se investigaron".

Por su parte, Quico Sallés, periodista de El Món, recuerda que "en Andorra se está investigando qué pasó con la Banca Privada de Andorra que era donde tenían el dinero". Jordi Pujol i Soley, a sus 95 años, podría estar inmerso en una progresiva rehabilitación política. "Primero por una cuestión de edad", apunta Tomàs: "porque también hay un interés casi estratégico de PSC, ERC y Junts por acercarse a un electorado que probablemente ya ha disculpado o perdonado a Jordi Pujol". La historia dirá cómo queda estampada en las enciclopedias esta última etapa de su vida.

Seis meses y 38 sesiones después, el juicio contra el clan Pujol queda visto para sentencia en la Audiencia Nacional. Ninguno de los acusados, entre los que figuran los hijos del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, ha ejercido su derecho a la última palabra.

Diecisiete personas se enfrentan a penas de cárcel por las dudas sobre el origen de la fortuna familiar, supuestamente oculta en Andorra. El fiscal ha pedido la pena más alta, 29 años de prisión, para el primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, mientras que el expresident ha quedado exonerado del proceso por razones de salud, ya que tiene 95 años y un deterioro cognitivo.

Foto: EFE/ Fernando Villar

Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos, se ha negado a declarar ese jueves ante el juez de la Audiencia Nacional que investiga los contratos adjudicados por los gobiernos de Baleares y Canarias para la compra de mascarillas.

García se ha negado a prestar testimonio porque considera que ya ha sido juzgado por estos hechos ante el Tribunal Supremo, como ha explicado su abogada, Leticia de la Hoz.

García estaba llamado a declarar en calidad de imputado a raíz de un informe de la UCO que concluyó que los contratos sanitarios eran "parte de la razón de ser de la contraprestación mensual de 10.000 euros en efectivo que Víctor de Aldama venía pagando a Koldo". Esa relación entre el exasesor y el comisionista era la que garantizaba, según la UCO, que Aldama tuviese "acceso" a José Luis Ábalos.

FOTO: EUROPA PRESS/CARLOS LUJÁN

  • El fiscal asegura que la familia Pujol actuó como una organización criminal para ocultar un patrimonio de origen ilícito
  • Lamenta que, según él, reclamaban dinero a España mientras ocultaban el suyo a Cataluña
  • La Fiscalía mantiene las peticiones de pena para la familia Pujol, que van desde los ocho hasta los 29 años de cárcel
  • La Abogacía del Estado también mantiene las mismas peticiones de cárcel que al principio, menos a un empresario

En el juicio de la Kitchen, el ex director de los servicios de inteligencia, Félix Sanz Roldan ha desvinculado al CNI de la supuesta trama de espionaje a Luis Bárcenas. Otro testigo, el empresario Pérez Dolset ha declarado que el entonces número 2 de interior, Francisco Martínez, le dijo que recibía órdenes del ministro Fernández Díaz y de María Dolores de Cospedal.

Imagen: Audiencia Nacional

El que fuera director del Centro Nacional de Inteligencia entre 2009 y 2019, Félix Sanz Roldán, ha aseverado este lunes que el CNI "no tuvo actividad alguna, ni por acción, ni por omisión", sobre la Operación Kitchen en su declaración como testigo ante la Audiencia Nacional durante el juicio al presunto operativo parapolicial orquestado por el Ministerio del Interior del Gobierno de Rajoy para robar información sensible al extesorero del PP Luis Bárcenas.

También ha declarado el empresario Javier Pérez Dolset, que ha asegurado que el exsecretario de Estado dijo que recibía ordenes del ministro Fernández Díaz y Cospedal.

Imagen: Audiencia Nacional

En el juicio de la operación Kitchen este jueves ha terminado de declarar el inspector Manuel Morocho, que ha contado al tribunal que cuando investigaba la contabilidad del PP el propio juez del caso sospechaba que les espiaban. También ha contado al tribunal que sus jefes desmantelaron su equipo cuando estaban investigando el caso Gürtel, ofreciendo otros destinos a los inspectores. Por ese motivo, asegura, muchos informes no se pudieron elaborar.

Imagen: Gabriel Luengas / Europa Press

En la segunda jornada de su declaración ante el tribunal que juzga el caso Kitchen, Manuel Morocho, inspector de la Gurtel, ha explicado cómo con conocimiento del instructor Pablo Ruz, esquivó las "presiones" de sus superiores para cambiar sus informes y comunicar al magistrado los avances de su investigación. También ha descrito lo que, en su opinión, fueron intentos para desmantelar su unidad ofreciendo puestos a sus subalternos y ha denunciado un presunto espionaje en las instalaciones policiales.

Imagen: EFE/ Fernando Villar