Al coste de la vuelta a clase, se suman los gastos del regreso a la rutina y, en muchos casos, las finanzas personales tiemblan después de las vacaciones. Hay que rellenar la nevera y el congelador; volver al gasto diario del transporte al trabajo... y todo esto, con la inflación por encima del 4%.
No todas las familias disponen de liquidez para afrontar septiembre y hay quien decide tirar de tarjeta de crédito, que tiene un tipo medio del 18%. La de revolving es de un 20 ó 22%.
Los expertos advierten: en un préstamo de 2.500 euros a doce meses, el sobrecoste entre el crédito personal y el uso de tarjetas es superior a 160 euros, solo en intereses.
El consejero de Hacienda de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha expresado su “profunda decepción” con la propuesta de financiación autonómica presentada por el Gobierno, al denunciar que las Comunidades sólo han recibido “un PowerPoint” como información oficial. En una entrevista en el 24 horas de RNE, ha subrayado que “para poder hablar de menú hay que tener información” y ha reclamado conocer “todos los números” que justifican cifras concretas como los 1.248 millones anunciados para su comunidad. A su juicio, el debate no puede limitarse a incrementos puntuales, sino que debe centrarse en saber “con qué dinero contamos el conjunto de las Comunidades Autónomas”, insistiendo en que, hasta ahora, lo único claro es que el modelo “beneficia a Catalunya”.
Ruiz Molina ha rechazado además el principio de ordinalidad, al considerar que es “totalmente contrario al principio de igualdad”, y ha defendido que todas las Comunidades deben recibir “la misma financiación por habitante ajustado”, teniendo en cuenta factores como la dispersión o la superficie. También ha calificado de “chantaje” que el nuevo modelo sea voluntario, al entender que responde a presiones independentistas, y ha recalcado que Castilla-La Mancha no renunciará a los 21.000 millones adicionales anunciados. El consejero ha pedido al Gobierno que desmienta los informes de FEDEA o, en su defecto, que facilite los datos completos para que las autonomías puedan “hacer nuestros cálculos” y evaluar un reparto que exige que sea “equitativo y no caprichoso”.
