El Gobierno entrega al Supremo la identidad de 163.355 nacionalizados por la 'ley de nietos' con el voto suspendido
- A las 15 horas concluía el plazo dado por el alto tribunal a los dos ministerios, advertidos de ser sancionados si no cumplían
- Preguntas y respuestas sobre la 'ley de nietos': el voto de 163.020 personas, pendiente del Supremo

Imagen del Tribunal Supremo, al que Justicia y Exteriores han entregado la identidad de los votantes suspendidos de la 'ley de nietos'.EFE/Kiko Huesca
Los ministerios de Asuntos Exteriores y de Justicia han entregado al Tribunal Supremo dos listados con la identidad de las 163.355 personas nacionalizadas según la 'ley de nietos' y cuyo voto en las próximas elecciones generales está suspendido por el alto tribunal, que investiga un incremento irregular del censo denunciado por Vox y Iustitia Europa.
A las 15:00 horas se acababa el plazo de cinco días dado por el Tribunal Supremo al Gobierno para que se entregara la lista. La Sala de lo Contencioso Administrativo reclamaba a los ministros de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, la relación nominal de las personas afectadas, bajo advertencia de multa. Según ha informado el Gobierno, la lista asciende a 163.355 personas, por encima de la cifra de 163.020 ofrecida hasta ahora.
Fuentes del Gobierno han explicado también que la Abogacía del Estado ha pedido a la Sala que declare estos datos como reservados, ya que son de carácter personal y para evitar un uso ilegítimo por las partes, "de ideología ultraderechista".
El alto tribunal investiga dos denuncias presentadas por Vox y Iustitia Europa contra la inscripción en el censo de residentes ausentes (CERA) de las personas nacionalizaciones por la 'ley de nietos', un proceso para obtener la nacionalidad española previsto en la Ley de Memoria Democrática. En concreto, la denuncia va dirigida contra el voto de quienes se nacionalizaron según una instrucción del Gobierno posterior a la ley y que presumía "la condición de exiliado" a todos los que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, sin necesidad de acreditar un exilio por razones políticas o ideológicas. Como medida cautelar, el Supremo decidió suspender la inscripción de estas personas en el censo de ausentes para votar (CERA), suspendiendo por tanto la posibilidad de hacerlo en las próximas generales.
Nacionalizados según la Ley y la instrucción posterior
El Ejecutivo ha informado de que los listados incluyen a personas nacionalizadas según la Ley y según esa instrucción posterior. "Se trata de requisitos y procedimientos idénticos", indican las fuentes del Gobierno. También aseguran que el Ministerio de Justicia envió ya el 15 de octubre a la Oficina del Censo Electoral el listado de 76.600 personas que constan en el Registro Civil digital como "nacionalizadas de acuerdo con los supuestos de la Ley de Memoria Democrática, que es la única información que constaba en ese departamento", datos que fueron remitidos al Supremo el 21 de octubre.
Queda por ver a partir de ahora qué decisiones toma el Supremo una vez que cuenta con las identidades de los afectados. El procedimiento hacia las elecciones generales del 29 de noviembre sigue adelante y se desconoce si estas personas aparecen inscritas ya en el censo CERA y si, de hecho, recibirán la documentación para votar y llegarán a hacerlo.
Piden suspender el voto a residentes en España
Uno de los partidos que ha iniciado este proceso, Iustitia Europa, ha pedido este miércoles al Tribunal Supremo que también extienda la suspensión cautelar del derecho al voto a los nacionalizados por la 'ley de nietos' que residen en España, y forman parte del censo electoral nacional (CER), así como a sus hijos, según informa la Agencia EFE.
Las personas con nacionalidad española según la 'ley de nietos' que residen en España tienen derecho a votar, al margen de si obtuvieron la nacionalidad por la vía de la ley o de la instrucción posteriores. Nada dice el Supremo sobre ellos, sus autos se dirigen a los "residentes ausentes" puesto que las denuncias de Vox y Iustitia Europa se dirigían contra el CERA, no contra los residentes en el país. Estos electores votan en persona o por correo en una de las 52 circunscripciones electorales.

