¿Qué es el Sindicato de Inquilinas? Así funciona la entidad que exige al Gobierno que los contratos se prorroguen por ley
- Tiene 4.000 afiliados, una cuota de 100 euros al año y asegura que no recibe subvenciones
- Su objetivo es "acabar con el negocio de la vivienda"
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"La medida que no se puede quitar son los contratos indefinidos". "Es irrenunciable". Con estas palabras, Alicia del Río, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid lanzaba este lunes un pulso al Gobierno central. La presión del grupo, impulsor de la acampada de la Puerta del Sol y que ha conseguido hacer del desahucio de Maricarmen un símbolo de la lucha en favor del acceso a la vivienda, se intensificará o no en función de las medidas que recoja el decreto que apruebe este martes el Ejecutivo de Pedro Sánchez.
PSOE y Sumar pueden ver como la polémica, a priori favorable a sus intereses, se puede acabar convirtiendo en un bumerán si el texto que terminan por acordar no cumple con las expectativas de los manifestantes. Pero, más allá de la pugna política ¿Qué es el Sindicato de Inquilinas y quién forma parte de esta entidad?
Alicia del Río y Valeria Racu son las dos personas que han puesto voz al Sindicato de Inquilinas y se han convertido en el rostro visible de la organización. Ambas tienen experiencia previa en organizaciones sociales y en favor de los derechos laborales. La primera tiene vínculos con el 15-M, fue orientadora de Secundaria y participó con Menos Lectivas, una iniciativa para reclamar mejoras laborales para los profesores. La segunda tomó contacto con el mundo sindical durante la Universidad y fue elegida copresidenta del sindicato de estudiantes del centró en el que estudió.
"Somos personas convencidas de que otra forma de vivir en nuestras ciudades y pueblos es posible. Sabemos que juntas podemos evitar las subidas desorbitadas del precio de los alquileres, las imposiciones de finalización de contrato, las expulsiones de nuestros barrios y, ante todo, recuperar el control sobre nuestras casas y nuestras vidas", reza la web del Sindicato, fundado en 2017 en Madrid y con 4.000 miembros. También se creó en esa fecha su homólogo en Cataluña, el Sindicat de Llogateres.
Pequeñas y grandes victorias
El objetivo del Sindicato es "acabar con el negocio de la vivienda". Y aunque señalan que el acceso a un piso nunca ha sido sencillo para las "clases populares, hoy se ha colocado en el centro de la desigualdad social". Su fin último es conseguir "mejores" condiciones de vida y "acabar con la explotación que supone tener que pagar por acceder a un hogar digno". Para ello reconocen que su lucha es un camino en el que a veces consiguen pequeños cambios y otras, grandes.
"Para poder impulsar este cambio estructural que todas queremos, necesitamos disputar el marco mental y material del orden actualmente establecido, en el que vale más el derecho a la propiedad que el derecho a tener un hogar digno. Y, para conseguirlo, necesitamos una organización que luche, ejerciendo un sindicalismo donde nos organicemos para hacer frente a los abusos de la propiedad", añaden.
Su filosofía pasa por estrechar vínculos con otras organizaciones y pelear por conseguir hitos como el de la prórroga automática de los alquileres, la medida que la portavoz definía este lunes como innegociable. Defienden la autonomía del Sindicato y un modo de trabajo que se apoya en dos pilares: la "solución de conflictos concretos", como el de Maricarmen, y conseguir impactar en la política para lograr sus objetivos, como el pulso que mantienen con el Gobierno.
4.000 afiliados y una cuota de 100 euros al año
La entidad se financia a través de las cuotas de sus afiliados. En su página web señalan que cuentan con 4.000 miembros y que la aportación ordinaria es de 100 euros al año o 10 al mes. No obstante, las personas con menos recursos pueden abonar una cantidad menor. El Sindicato asegura ser autosuficiente y remarca que no recibe ninguna subvención, para garantizar así que no mantiene ningún tipo de vínculo con alguna administración pública o partido político.
La mayoría de los ingresos de la entidad, el 87%, proceden de las cuotas de sus afiliados, seguido del pago de servicios (charlas, talleres…), 10,8%, y de las donaciones, un 2,2%. Los principales gastos del Sindicato de Inquilinas, el 71,8%, son los de personal, y el 10% lo destinan a la caja de resistencia, para "hacer frente a multas, acciones legales colectivas u otros imprevistos".
Más allá de Maricarmen
El Sindicato de Inquilinas recopila en su página web varias de las acciones en las han conseguido un resultado favorable para los arrendatarios. Entre los hitos, la entidad destaca la negociación de 80 nuevos contratos "sin subidas abusivas" con el fondo Blackstone en Madrid o el hecho de que el Ministerio de Consumo abriera expediente contra la empresa Alquiler Seguro por prácticas contrarias a la Ley de Vivienda.
Según la entidad, hasta 22.000 hogares se vieron beneficiados del expediente, que abre además la puerta a "reclamaciones millonarias" por el cobro indebido de determinados honorarios, la aplicación de "cláusulas abusivas" en los contratos firmados y por el "incumplimiento", entre otros, del derecho de desistimiento.
También destacan otras acciones desarrolladas en Madrid, como la paralización de dos desahucios en Argumosa 11, la recuperación de 25.000 euros por "subidas ilegales" a decenas de vecinos de tres inmuebles de la capital y la posibilidad de que 100 hogares de Vallecas pudieran negociar sus contratos nuevos "sin ninguna subida" tras la intermediación del Sindicato.
