Sanidad propone introducir el aborto farmacológico en Atención Primaria
- Deberá modificarse el real decreto de centros sanitarios, la ficha de la mifepristona y la cartera de servicios
- El Ministerio trabajará con las comunidades autónomas y los profesionales sanitarios para desarrollar estos cambios
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El Ministerio de Sanidad ha propuesto que el aborto farmacológico esté disponible también en centros de salud de Atención Primaria y no solo en hospitales como hasta ahora.
Para ello, se iniciarán los trámites para modificar el real decreto que regula las prácticas que se pueden realizar en los centros de salud y la ficha técnica de la mifepristona, uno de los medicamentos utilizados en el ámbito farmacológico, para su uso fuera de hospitales. También se actualizará la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud para incluir expresamente esta prestación en la Atención Primaria.
"Detrás de estos cambios —ha anunciado la ministra de Sanidad, Mónica García— hay algo muy cotidiano ahorrar desplazamientos, sufrimiento e inseguridades. Saber a quién llamas si tienes una duda, sentir que hay un equipo que te conoce y que te acompaña. En definitiva, que cueste menos decidir con libertad, que haya menos barreras para esa decisión", ha añadido en el acto 'Abortar sin barreras: del reconocimiento del derecho a la garantía efectiva del acceso' celebrado con motivo del Día Internacional del Aborto Seguro.
A la cita también ha acudido la Ministra de Igualdad, Ana Redondo, que ha señalado que desde su departamento se está trabajando en una medida —sin detallar si como reglamento o decreto— que garantice que las mujeres tienen toda la información cuando quieren interrumpir su embarazo.
El Ministerio trabajará con las comunidades autónomas y los sanitarios
García ha afirmado que el Ministerio trabajará con las comunidades autónomas y los profesionales sanitarios para desarrollar estos cambios. "Queremos que las mujeres elijan el método y que puedan acceder a él a través de sus centros de salud, con información clara, precisa, con profesionales preparados y con acompañamiento antes, durante y después", ha dicho que la ministra, que ha cifrado en ocho de cada diez las interrupciones voluntarias del embarazo que se realizaron en centros privados en 2024.
El Ministerio ha reiterado que va a seguir defendiendo el derecho al aborto con "uñas y dientes" y ha insistido en que todos los gobiernos autonómicos tienen la obligación de garantizarlo. "La objeción de conciencia debe organizarse para que las mujeres reciban atención, y ningún prejuicio puede servir de excusa para bloquearla", ha indicado García. "Quienes tengan responsabilidades de gobierno deben cumplir la ley o nos tendrán enfrente. En eso no vamos a dar ni un solo paso atrás", ha advertido.
