Doce países, entre ellos Reino Unido, Francia y Canadá, acuerdan vetar productos de los asentamientos israelíes
- España figura entre los países que critican la expansión de un gran asentamiento en Jerusalén Este
- Miliband acusa a colonos extremistas de practicar una "limpieza étnica" y declara ilegal la ocupación israelí de Cisjordania
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El ministro británico de Exteriores, Ed Miliband, ha anunciado este martes que Reino Unido prohibirá la importación de productos procedentes de los asentamientos israelíes en los territorios palestinos ocupados y sancionará a empresas y particulares que contribuyan a su expansión. "Ha llegado el momento de que Reino Unido deje de limitarse a denunciar la injusticia y el sufrimiento y actúe", ha defendido ante la Cámara de los Comunes al presentar un giro diplomático coordinado con Francia y Canadá.
El paquete va más allá del veto comercial. Londres actuará contra quienes proporcionen servicios de construcción, infraestructuras, financiación o actividades inmobiliarias relacionados con la ampliación de las colonias; prohibirá que se anuncien en Reino Unido propiedades situadas en ellas e impondrá nuevas sanciones a colonos extremistas que hayan promovido o alentado ataques contra comunidades palestinas.
El Gobierno británico también rechazará cualquier nueva licencia de armas u otras exportaciones que contribuya materialmente a la ocupación, un "doble cerrojo" que se mantendrá mientras esta continúe. La decisión se suma a la suspensión de más de 30 licencias relacionadas con las operaciones del Ejército israelí en Gaza, que seguirá vigente.
El cambio más profundo es, sin embargo, político y jurídico. Reino Unido pasa a considerar ilegal la ocupación israelí de Cisjordania en su conjunto y no únicamente los asentamientos. Miliband ha sostenido además que en determinadas zonas se está produciendo una "limpieza étnica" de palestinos perpetrada por "colonos terroristas" y ha acusado al Gobierno israelí de haber mirado hacia otro lado y a algunos de sus integrantes de apoyar el desplazamiento forzoso de la población.
Colonos israelíes antes de ocupar viviendas y comercios en la zona palestina de la ciudad de Hebrón, en Cisjordania, ocupada por Israel Getty Images
El ministro ha presentado las medidas como el comienzo de una nueva etapa en la política británica hacia Israel y Palestina. La solución de los dos Estados será, según ha recalcado, el principio que guiará las decisiones de Londres, que ya reconoció al Estado palestino en 2025.
Las restricciones se dirigirán exclusivamente contra los asentamientos y no contra Israel dentro de la Línea Verde, la frontera anterior a la guerra de 1967. Miliband ha asegurado que Reino Unido seguirá manteniendo sus relaciones comerciales y de seguridad con Israel y ha expresado su rechazo a un boicot general contra el país y al movimiento internacional de boicot, desinversiones y sanciones, conocido como BDS.
El veto a las importaciones y el nuevo régimen sancionador requerirán legislación y tardarán entre seis y nueve meses en entrar plenamente en vigor. Su impacto económico directo será previsiblemente limitado: el comercio bilateral ronda los 6.000 millones de libras anuales, pero los bienes procedentes de las colonias —principalmente productos agrícolas, alimentos frescos y vino— representan una fracción mínima.
Francia y Canadá se suman al veto
Francia y Canadá han anunciado este mismo martes que también prohibirán la entrada de productos fabricados en los asentamientos. París iniciará ahora el procedimiento nacional, aunque todavía debe precisar las modalidades y el calendario. Los tres países han coordinado la iniciativa para aumentar la presión sobre Israel ante el avance de las colonias y la incapacidad de la Unión Europea para alcanzar una posición común.
Reino Unido, Francia y Canadá se suman así a Países Bajos, Irlanda, Bélgica, España y Noruega, que ya han adoptado medidas semejantes o han iniciado su tramitación. Dinamarca, Finlandia, Islandia, Polonia, Portugal y Suecia se han comprometido a respaldar nuevas actuaciones, pero todavía no han anunciado prohibiciones nacionales equivalentes.
Los ministros de Exteriores de esos doce países han reclamado conjuntamente a Israel que detenga la expansión de los asentamientos y el incremento de sus competencias civiles sobre Cisjordania, investigue las denuncias contra sus fuerzas de seguridad y garantice que los responsables de la violencia contra los palestinos rindan cuentas.
Nuevas viviendas prefabricadas de asentamientos avanzado colocadas a lo largo de una carretera que conduce hacia la aldea palestina de Umm al-Khair Hazem Bader
E1, una línea roja para el Estado palestino
El detonante inmediato ha sido la decisión israelí de sacar a concurso la construcción de más de 1.200 viviendas en E1, un corredor situado al este de Jerusalén y junto al gran asentamiento de Maale Adumim. El proyecto cortaría la continuidad territorial entre el norte y el sur de Cisjordania y aislaría aún más Jerusalén Este, que los palestinos reivindican como capital de su futuro Estado.
Reino Unido y otros gobiernos occidentales consideran que E1 no constituye una ampliación aislada, sino una modificación del territorio capaz de hacer inviable un Estado palestino independiente. Miliband ha advertido de que la expansión de las colonias está creando sobre el terreno una realidad difícilmente reversible y amenaza con borrar definitivamente la solución de los dos Estados.
La presión ha aumentado este martes después de que el ministro israelí de Finanzas, el ultraderechista Bezalel Smotrich, anunciara el avance de los planes para construir otras 1.000 viviendas en dos asentamientos diferentes de Cisjordania.
La ampliación no se limita a E1. El pasado 31 de agosto fue de agosto fue inaugurado Mitzpe Makada, cerca de la localidad palestina de Dura, en las colinas de Hebrón. El nuevo núcleo forma parte de una serie de proyectos destinados a consolidar la presencia israelí y fragmentar todavía más las áreas bajo control palestino.
Naciones Unidas, la Corte Internacional de Justicia y la mayor parte de la comunidad internacional consideran ilegales los asentamientos civiles levantados en los territorios ocupados por Israel en 1967. Israel rechaza esta interpretación, sostiene que Cisjordania es un territorio disputado y reivindica los vínculos históricos y religiosos del pueblo judío con esas tierras.
Londres ya había sancionado en junio, junto con Francia, Canadá y Noruega, a organizaciones y redes acusadas de financiar, facilitar o ejecutar ataques de colonos contra palestinos. Smotrich y el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, también habían sido sancionados por Reino Unido y otros países. El nuevo régimen amplía ahora la presión desde individuos y grupos concretos hasta el conjunto de la actividad económica vinculada a los asentamientos.
"Una profunda vergüenza" por lo ocurrido en Palestina
Miliband ha situado su anuncio en un discurso más amplio sobre el deterioro de la situación palestina. Se ha declarado un «judío británico orgulloso», ha recordado que su abuela encontró refugio en Israel después de que gran parte de su familia muriera en el Holocausto y ha reafirmado tanto el derecho del Estado israelí a existir como el de los palestinos a disponer de su propio país.
El ministro ha asegurado que no existe contradicción entre ambas posiciones y ha expresado una "profunda vergüenza" por el sufrimiento sufrido por los palestinos ante la mirada de la comunidad internacional.
Sobre Gaza, ha afirmado que los informes de organismos internacionales contienen indicios crecientes de que podrían haberse cometido crímenes de guerra, aunque ha evitado calificar la ofensiva israelí de genocidio. El Gobierno británico esperará a que los tribunales internacionales concluyan sus procedimientos y ha prometido respetar la decisión que adopten.
Israel y Estados Unidos amenazan con responder
El anuncio ha provocado una contundente reacción en Israel. El presidente Isaac Herzog lo ha calificado de «grave error de cálculo», ha asegurado que colocará a Reino Unido «en el lado equivocado de la historia» y ha acusado a Londres de interferir en las elecciones israelíes previstas para el próximo 27 de octubre.
El ministro de Exteriores, Gideon Saar, ha advertido de que Israel responderá si Reino Unido actúa en su contra. Smotrich ha reclamado la expulsión del embajador británico, mientras que Ben-Gvir ha pedido al primer ministro, Benjamin Netanyahu, que cierre el Consulado británico en Jerusalén Este, encargado de las relaciones con la Autoridad Palestina.
Estados Unidos también ha rechazado las sanciones. Su embajador en Israel, Mike Huckabee, las ha presentado como una discriminación contra el pueblo judío y ha advertido de posibles consecuencias para las empresas británicas en aquellos estados norteamericanos cuyas leyes excluyen de contratos públicos, licitaciones o inversiones a las compañías que participan en boicots contra Israel.
Miliband ha rechazado esa equiparación y ha insistido en que la disputa de Londres no es con los ciudadanos israelíes ni con la comunidad judía, sino con la política del Gobierno de Netanyahu y con la expansión de unas colonias que Reino Unido considera ilegales.
El primer ministro británico, Andy Burnham, abordó el lunes la iniciativa con el presidente estadounidense, Donald Trump, al que trasladó la importancia de preservar la solución de los dos Estados. La Casa Blanca no ha revelado cuál fue la respuesta de Trump.
