La justicia europea respalda la amnistía "para la reconciliación", pero vuelve la bronca política
- El Gobierno insta a los tribunales españoles a que apliquen el perdón "lo antes posible"
- Feijóo arremete contra Sánchez, aunque dice “respetar” la sentencia del TJUE
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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea sostiene que la ley de amnistía respeta el derecho comunitario, no choca con los intereses financieros de la Unión Europea ni tampoco contraviene la legislación sobre terrorismo. Y, a partir del mismo texto, la bronca política se ha recrudecido.
Para el Gobierno, la sentencia es "un logro colectivo" que ha "apaciguado el conflicto político por el proceso de independencia" y ha favorecido la convivencia en Cataluña y de esa comunidad autónoma con el resto del Estado, según afirmó Félix Bolaños. El ministro de Justicia instó, además, a los tribunales españoles a que "apliquen la ley a los líderes que impulsaron el proceso de independencia lo antes posible". Más claro: que permitan el pronto regreso del expresidente Puigdemont, el ausente más simbólico que sigue fuera de España.
Pero el criterio del TJUE, que defiende la ley de amnistía como un medio para reducir las tensiones políticas y posibilitar la "reconciliación", no parece corresponderse con la segunda entrega de la bronca política que estamos viendo a cuenta del perdón a los independentistas condenados.
De hecho, el líder del PP expresó su respeto por la sentencia de la Justicia europea, pero aprovechó para cargar contra el presidente del Gobierno. Según Feijóo, la resolución de la Corte de Luxemburgo "no convierte en verdad las mentiras de Sánchez". Y añadió que "la legislatura se ha construido sobre una gran mentira". Se refería a que Sánchez, antes de las elecciones de 2023, negaba la posibilidad de la amnistía. Y así fue hasta que, es cierto, necesitó los siete diputados de Junts para seguir en La Moncloa.
De lo que no se acuerda el presidente del PP es de que él mismo se pronunciaba recientemente a favor de "pasar la página del procés", una declaración muy significativa. También olvidaba que su partido sacó a las calles a miles de españoles una y otra vez contra la ley de amnistía, que calificaban de "ilegal". Ahora, cuando Feijóo intenta acercarse a los de Puigdemont por si gana las elecciones, omite esa tan insistente "ilegalidad" y solo mantiene y vuelca su discurso en el ataque político contra Sánchez. ¡Cosas veredes!
Mientras, desde los socios de la coalición y también desde los apoyos parlamentarios mostraban, uno tras otro, su satisfacción por la sentencia del TJUE. Se sienten respaldados en su apoyo a la ley de amnistía.
Queda pendiente ver si la ruptura de relaciones entre Junts y el Ejecutivo, mantenida desde hace meses, se recompone con el regreso de Puigdemont más cerca o si, por el contrario, prefieren seguir votando junto a PP y Vox en contra del Gobierno.
La Audiencia de Madrid confirma que el juicio de Begoña Gómez será por jurado popular
El mismo día en el que se conocía la sentencia del TJUE sobre la amnistía, pocas horas después supimos que Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, se sentará en el banquillo después de más de dos años de la polémica instrucción del juez Peinado.
Será con jurado, como quería el magistrado, y por los delitos de malversación y tráfico de influencias. Quedan anuladas las imputaciones por corrupción en los negocios y apropiación indebida que incluía Peinado. Además, la Audiencia Provincial de Madrid le corregía sobre las medidas cautelares: Gómez recupera su pasaporte, puede viajar y no tendrá que comparecer cada quince días.
El hermano del presidente del Gobierno, condenado a 9 años de inhabilitación por indicios
Casi 400 páginas dan medida de lo engorroso de las explicaciones que ofrecen los jueces en su sentencia condenatoria contra David Sánchez Pérez-Castejón. No hablemos de prevaricación ni de lawfare, dicen algunos juristas, pero sí da la impresión de que esos tres jueces no han podido abstraerse del ambiente político.
En ese sentido, señalaba en un artículo la catedrática de Derecho Internacional Público y de la Unión Europea Mariola Urrea que "lo peor que le puede pasar al poder judicial en un sistema democrático no es que sus pronunciamientos sean acatados, pero fuertemente criticados. El verdadero problema para sus señorías está hoy en hacer creíble que sus decisiones responden verdaderamente a una aplicación ciega del derecho". Pues eso.
En el extenso texto de la sentencia, el tribunal justifica más su decisión en "indicios" que en pruebas respaldadas en artículos de la ley.
Fuentes de La Moncloa consideraban "muy grave" la sentencia y se preguntaban: "¿Cómo se puede prevaricar sin ser funcionario?", como es el caso de David Sánchez. Las mismas fuentes creen que se trata de un "precedente muy peligroso para nuestra democracia" y lo enlazaban con el caso del fiscal general del Estado, ya que, en opinión del Ejecutivo, "no hubo prueba de ningún delito".
No utilizaban la palabra lawfare, pero sí calificaban la sentencia de "causa política cuyo único motivo es perseguir y acosar a la familia del presidente del Gobierno".
