Amnistía Internacional denuncia la desaparición en Cuba de Otero Alcántara, encarcelado durante cinco años
- El 9 de julio se cumplieron los cinco años de condena por los que ingresó en prisión
- Fue el primer detenido en las protestas del 11 de julio de 2021
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La entidad Amnistía Internacional ha denunciado en su cuenta de X la desaparición en Cuba de Luis Manuel Otero Alcántara, fundador del Movimiento San Isidro (MSI) y declarado por este mismo organismo como preso de conciencia. El 9 de julio finalizaba la condena de cinco años de prisión en la cárcel cubana de máxima seguridad de Guanajay tras su detención en las protestas del 11 de julio de 2021.
Amnistía ya denunció el mismo día en que Alcántara no fue liberado y que, en cambio, fue trasladado a otro lugar que tanto sus abogados como su familia desconocían. Cubalex —ONG de asistencia legal a presos políticos de Cuba— se unió a la queja y manifestó que "informes extraoficiales indican que permanece bajo custodia estatal en un lugar desconocido".
La situación se ha mantenido hasta este viernes, cuando Amnistía Internacional ha vuelto a denunciar la desaparición del artista visual: "El 9 de julio cumplió una condena injusta de cinco años. Pero el régimen sigue castigándolo: sin familia, sin libertad, sin paradero verificable", ha protestado.
"Basado en la legislación cubana, hay una privación ilegal de la libertad y también se está cometiendo el delito de desaparición forzada, porque son agentes del Estado los que lo tienen", ha afirmado la directora de Cubalex, Laritza Diversent. Según medios cubanos, el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas (CED) ha activado este jueves una Acción Urgente a favor del artista.
Según Cubalex, el objetivo de las fuerzas de seguridad es mantenerlo aislado mientras se tramita un permiso de parole para su traslado a los Estados Unidos —permiso temporal para que extranjeros ingresen en EE.UU. sobre todo por razones humanitarias— que le permitiría exiliarse. El Tribunal Supremo Popular de Cuba también desestimó en abril una apelación de Otero Alcántara solicitando su liberación anticipada, al considerar que ya había cumplido con la pena de cárcel que le correspondía
Otero Alcántara, natural de La Habana, es un artista autodidacta que labró una lucha por la libertad de expresión a través de su arte y del uso de los espacios públicos como escenario, elementos que usaba para llamar la atención del poder gubernamental. En un entorno de acoso, violencia policial y tensiones con el poder, su conexión con los habitantes de los barrios obreros lo convirtió en un catalizador cívico que impulsó la necesidad de un cambio. Se convirtió en un símbolo de la fractura política y social del castrismo.
Alcántara fue detenido en las protestas antigubernamentales de 2021 y, al año siguiente, un tribunal lo condenó a cinco años de prisión por los delitos de ultraje a los símbolos de la patria, desacato y desorden público. Un encarcelamiento que fue cuestionado por las organizaciones mundiales de derechos humanos.
Las históricas protestas del 11 de julio de 2021
Miles de ciudadanos cubanos salieron a las calles el 11 de julio de 2021 y los días posteriores exigiendo que se respetasen sus derechos humanos y sus libertades fundamentales. Una manifestación que pedía justicia e instaba al cambio por un gobierno que tenga en cuenta a sus ciudadanos.
Esta manifestación fue la mayor de Cuba en los últimos 60 años y se extendió a más de 20 localidades del país en una marea de personas que gritaban "libertad", "abajo la dictadura" o "patria y vida". Todos gritaban contra el Gobierno y su presidente, Díaz-Canel, mientras las fuerzas de seguridad disuadían a los asistentes con cargas policiales.
La Fiscalía General de República informó en su momento de que había 381 personas sancionadas por estas protestas, en las que consideran que “atentaron contra el orden constitucional y la estabilidad de nuestro Estado Socialista”. Entre los detenidos hubo 16 jóvenes de entre 16 y 18 años. Solo 15 de ellos están entre los 84 sancionados que no fueron enviados a prisión. El resto se enfrentaba a penas de entre 5 y 25 años por delito de sedición –alzamiento colectivo y violento contra la autoridad-. Otros delitos que se les imputaban a los arrestados fueron de robo, sabotaje, violencia o atentados.
