Los asesinatos de palestinos en Cisjordania en los últimos tres años iguala a los 17 anteriores juntos, según Oxfam
- Según un informe, las FDI y los colonos israelíes han asesinado desde 2023 al menos a 1.240 palestinos
- El 22% de los asesinados en los últimos 20 años son niños o niñas
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Los colonos israelíes asentados en Cisjordania, junto con las Fuerzas de Defensa Israelí (FDI), han perpetuado en los últimos tres años más asesinatos contra palestinos que en los anteriores 17 juntos, según un informe publicado este jueves por la confederación internacional Oxfam Intermón. Unos datos que demuestran, en su opinión, que Cisjordania sigue siendo objeto de las políticas y prácticas de anexión acelerada por parte de Israel.
Según datos de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), 1.244 palestinos (entre ellos, 268 menores) han sido asesinados desde 2023 hasta finales desde 2025. Desde 2006 hasta finales de 2022, el número de fallecidos por las fuerzas israelíes o colonos fue de 1.036, 225 menores. Por otro lado, el número de colonos judíos asesinados durante estos años fueron 86 asesinados entre 2006 y 2022 (12 niños) y 43 en los últimos tres años, incluyendo diez menores.
Oxfam recopila que en los primeros tres meses del presente año, se han registrado más de 540 ataques de colonos, 33 palestinos y palestinas asesinados y más de 2.200 personas desplazadas.
El pasado año, se contabilizaron 3.982 lesiones de palestinos y 240 muertes. La gran mayoría de estos asesinatos, 225, fueron llevados a cabo por miembros de las fuerzas israelíes; 9 fueron cometidos por colonos, y 6 son contabilizados sin poder confirmar su ejecutor.
Muertes, desplazamientos y demoliciones
Al examinar los datos, el cambio de tendencia es notorio y brusco. Uno de los puntos clave de no retorno es el 7 de octubre de 2023, día del atentado del grupo paramilitar palestino Hamás, que provocó la muerte de 1.000 israelíes y el inicio del genocidio en Gaza. Antes de este día, 2023 los colonos habían asesinado a 198 palestinos. Entre el 7 de octubre y el 31 de diciembre, el número de víctimas fue de 308.
A pesar de que el inicio del conflicto armado supuso un repunte exponencial de los atentados de los colonos, este aumento ya se había producido un año antes, cuando en 2022 se duplicó el número de víctimas, de 83 a 154. Un año que coincide con el inicio del 73º gobierno del Estado de Israel, conformado por el Likud de Benjamin Netanyahu y los partidos sionistas y ultraortodoxos con los que ha formado coalición. Desde que comenzó su mandato, la doctrina ha sido clara: expandir el dominio israelí en los territorios de Gaza y Cisjordania.
Una política que incentiva y anima a los colonos residentes en los asentamientos israelíes en Cisjordania a instigar y acosar a las comunidades palestinas de la zona, obligándoles a huir y abandonar sus hogares. Desde 2023, 12.500 personas en el territorio cisjordano se desplazaron de sus comunidades. 4.800 huyeron debido a demoliciones punitivas, 3.900 lo hicieron en consecuencia de la violencia y las amenazas de los colonos y 3.800 por la destrucción de sus casas en operaciones de las FDI.
Los informes de Oxfam y OCHA también inciden en que la demolición de infraestructuras ha aumentado considerablemente en el terreno. En 2025, las autoridades del país hebreo destruyeron un total de 1.657 edificaciones, desde residencias hasta instalaciones agrícolas. La mayoría, debido a falta de permisos de construcción emitidos por Israel. La vivienda en la Cisjordania del área C, el territorio que según los Acuerdos de Oslo está controlado militarmente por Israel, se caracteriza por un reparto desigual. Entre 2009 y 2020, las autoridades israelíes aprobaron solo 66 permisos de construcción para los palestinos de la Cisjordania ocupada, mientras que los colonos recibieron 22,000 permisos, según el diario hebreo Haaretz.
Un asentamiento ilegal para la comunidad internacional
"La Tierra de Israel pertenece al pueblo de Israel. El Gobierno de Israel se compromete a fortalecer su control sobre todas sus partes", declaraba el pasado febrero el ministro de Justicia israelí, Yaariv Levin. El gobierno sionista de Netanyahu ha mantenido desde su formación una doctrina clara respecto a Judea y Samaria (nombre con el que denominan a la Cisjordania ocupada): ejercer su control total y expandirse.
Cisjordania está dividida, según los Acuerdos de Oslo, por tres zonas: el área A, administrada por la Autoridad Nacional Palestina (ANP); el Área B, bajo control administrativo de la ANP y el control militar de Israel; y el Área C, que comprende el 60% del territorio y está dominada por completo por Israel. Es en esta parte de la región donde Israel establece sus asentamientos, que se han intensificado bajo la administración de Netanyahu. Actualmente, cerca de 750.000 colonos israelíes viven en Cisjordania.
La Cuarta Convención de Ginebra establece en su artículo 49 que una potencia que ocupe un territorio no podrá efectuar la evacuación o el traslado de la población civil. Es por ello que la comunidad internacional no legitima legalmente los asentamientos israelíes ni su política de expansión.
Escalada de violencia de todo tipo
Bushra Khalidi, responsable de política humanitaria internacional de Oxfam, asegura que, a pesar de que "la atención del mundo se ha centrado en Gaza", la violencia en Cisjordania se ha intensificado en los últimos años: "Este es el coste humano de la impunidad, la violencia y la crueldad israelíes a la vista de todos, mientras los líderes mundiales miran hacia otro lado", proclama.
Esta violencia no solo se traduce en muertes. Los ataques de los colonos judíos contra las comunidades palestinas en Cisjordania también se reflejan en el vandalismo contra la sanidad y sus abastecimientos. El pasado año, la Organización Mundial de la Salud (OMS) reportó más de 230 ataques contra centros de salud en el territorio, incluyendo la obstrucción del acceso y el acoso al personal médico y ambulancias.
Además, 60 infraestructuras de agua y saneamiento han sido vandalizadas, incluyendo de tuberías, sistemas de riego y depósitos de agua, lo que ha afectado el acceso al agua en 32 localidades palestinas.
““Antes lidiábamos con los colonos, pero en los últimos años su violencia ha aumentado. Finalmente tuvimos que irnos y ahora un colono vive en mi casa“
El transporte también se ve damnificado por la acción de los colonos. Según datos del informe de la OCHA sobre Movilidad y Acceso, existen 925 obstáculos que restringen de forma permanente o intermitente la circulación de más de 3 millones de personas en Cisjordania, incluyendo Jerusalén Este. Esto supone un aumento del 43% con respecto al promedio anual de los últimos 20 años. Estos escollos, sumados al aumento de asentamientos y puestos de avanzada, fragmentan la zona y limitan la comunicación.
Un número récord de personas en Cisjordania —casi 46.000— han sido desplazadas forzosamente en los últimos tres años, en comparación con poco más de 13.000 en los 14 años anteriores, debido a las operaciones militares israelíes, la violencia de los colonos, las demoliciones y las restricciones de acceso.
Los niños palestinos, víctimas de los colonos
Los informes de Oxfam hacen hincapié en los niños víctimas de la violencia en Cisjordania. En los últimos 20 años, el 22% de los asesinados por las FDI o los colonos eran niños o niñas. Al menos 55 menores palestinos perdieron la vida en 2025 y 697 sufrieron lesiones.
Unos datos que reflejan la amenaza que supone este conflicto armado para la infancia y las familias, que se ven obligadas a vivir en condiciones inseguras. Oxfam señala que muchas de ellas han acabado asentándose en comunidades de acogida, con acceso limitado a servicios sociales: "Los niños y niñas están pagando un precio intolerable por la escalada de las operaciones militarizadas y los ataques de colonos en toda Cisjordania ocupada", palabras de James Elder, portavoz de UNICEF.
La organización proclama que, en lo que va de 2026, se han documentado 99 incidentes relacionados con la educación, incluyendo asesinatos, lesiones y detenciones de estudiantes, demolición de escuelas, uso militar de edificios escolares y denegación de acceso.
