El perito judicial del 'caso Plus Ultra' se reafirma en que la aerolínea "no cumplía con los requisitos" para el rescate
- Ve "inviable" que la compañía pueda devolver el préstamo de 53 millones de euros
- En su comparecencia este jueves ante el Senado, asegura que las cuentas "se maquillaron"
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El perito judicial independiente que en 2021 evaluó las cuentas de la aerolínea Plus Ultra, Pedro Martín Molina, se ha reafirmado este jueves ante el Senado en que la aerolínea "no cumplía con los requisitos" para el rescate y que las cuentas "se maquillaron".
Este abogado y economista firmó ya el informe del 7 de octubre de 2021, encargo de la jueza Esperanza Collazos del Juzgado de Instrucción 15 de Madrid, en el que concluyó que la empresa no reunía las condiciones de viabilidad financiera exigidas para recibir la ayuda de 53 millones de euros que se le concedió durante la pandemia de coronavirus, en el centro de la trama que ha llevado a que José Luis Rodríguez Zapatero sea el primer expresidente del Gobierno imputado en la democracia.
Este jueves, ante la comisión que investiga presuntas irregularidades en la gestión de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), ha repetido que "no" tendría que haber recibido el préstamo porque, aunque estaba en "situación de insolvencia", "no cumplía los requisitos" exigidos por el Consejo de Ministros y por la Unión Europea (UE) para beneficiarse del Fondo de Apoyo a Empresas Estratégicas.
"Se maquillaron" las cuentas
"Se maquillaron, se utilizaron cambios de criterios contables no admitidos por el plan de contabilidad", ha respondido también el compareciente, y ha contado que detectó que se transfirieron fondos a una sociedad ajena a la actividad aérea y radicada en un paraíso fiscal, pero que rastrear el dinero no era su cometido.
Además, ha juzgado "inviable" que Plus Ultra pueda cumplir con el plan de pagos que presentó en su plan de viabilidad y ha aseverado que "tenía que haber motivos que no fueran económicos" para el rescate.
Dudas sobre el procedimiento
Sobre el procedimiento judicial para la concesión, Martín Molina ha señalado que le llamó la atención que, mientras la jueza titular se encontraba de vacaciones, el magistrado sustituto autorizó la liberación de los 34 millones de euros restantes del rescate público concedido a Plus Ultra (en total a 53 millones de euros) y que permanecían bloqueados cautelarmente. Finalmente, fueron abonados el 30 de julio de 2021.
Además, ha asegurado que la fiscal María Luisa Llop inicialmente apoyó junto a la jueza la paralización del pago de los 34 millones, aunque posteriormente el rescate terminó desbloqueándose con el magistrado sustituto. Estas declaraciones se producen después de que la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, haya abierto expediente gubernativo a la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, y a la misma Llop, destinada en la Audiencia Nacional, tras aparecer mencionadas en conversaciones recogidas por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) dentro de la investigación del caso Plus Ultra, que implica a Zapatero. En dichas conversaciones, uno de los abogados de los investigados aseguraba que "la fiscal jefa es amiga" y hablaba de "cortar" la investigación judicial.
El compareciente ha mostrado también su "sorpresa" porque una de las vistas en las que participó como perito no fuera grabada. "Por mi experiencia como perito forense en todos los juzgados de España, no ha dejado nunca de grabarse una intervención de un perito", ha afirmado.
Según ha explicado, posteriormente se celebró una segunda comparecencia en la que, a su juicio, las partes ya conocían previamente su informe y su intervención anterior, lo que modificó el desarrollo del interrogatorio.
