Koldo García pide al Supremo poderse reunir con Ábalos y sus abogados para preparar el juicio que arranca en una semana
- La abogada de Koldo pide al tribunal que autorice "de forma excepcional" las comunicaciones conjuntas en prisión
- La defensa del exasesor solicita también que Armengol y Torres declaren presencialmente y no por escrito
A una semana de que arrance el juicio del caso Koldo, el exasesor del ministro de Transportes José Luis Ábalos, Koldo García, ha pedido al Tribunal Supremo poder reunirse con él y también con sus abogados para preparar una defensa conjunta.
Ha sido la abogado de Koldo, Leticia de la Hoz, quien ha pedido al alto tribunal que autorice "de forma excepcional y proporcional las comunicaciones y visitas conjuntas" en prisión entre el exasesor ministerial, el exministro Ábalos y sus respectivos equipos legales antes del juicio por presuntas irregularidades en la compra de mascarillas. Con esta petición queda claro que las defensas de ambos acusados irán a la par en el juicio que arranca el martes de la semana que viene en el Supremo.
La abogada insiste en requerir a la dirección de la cárcel madrileña de Soto del Real, donde se encuentran Ábalos y Koldo desde noviembre, para que autorice las comunicaciones "conjuntas entra los acusados y sus respectivos letrados", el "uso de ordenador portátil y soportes de almacenamiento" para estudiar la causa y la habilitación de una sala "sin barreras físicas".
De la Hoz explica que "existe un acuerdo total y explícito" con el abogado del exministro, Marino Turiel, "para trabajar de forma conjunta en la estrategia de defensa". El acuerdo, continúa, responde a la "necesidad imperiosa de una defensa conjunta". "Sin reuniones conjuntas, es imposible contrastar las versiones y la documentación intervenida que afecta a ambos internos", remarca.
La abogada, además, argumenta que la complejidad de la causa, "que involucra miles de folios y archivos digitales relativos a contratos de adjudicación de mascarillas", hace "imposible una defensa eficaz a través de los 'canales ordinarios' o locutorios con mampara".
La Fiscalía pide 24 años de prisión para Ábalos, 19 años y medio para Koldo y siete para el empresario Víctor de Aldama, el tercer acusado de esta trama. Se les acusa de varios presuntos delitos, entre ellos organización criminal, cohecho, tráfico de influencias o malversación. El juicio comienza el próximo 7 de abril y contará con más de 70 testigos, divididos en 13 sesiones.
Koldo pide que Armengol y Torres declaren presencialmente
La defensa de Koldo también ha solicitado al Tribunal Supremo que revoque su decisión de permitir a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, declarar por escrito en el juicio en el que está acusado el exministro José Luis Ábalos.
Ambos han sido citados a declarar por los contratos firmados con la empresa Soluciones de Gestión (considerada el epicentro de la trama) para adquirir mascarillas y material sanitaria durante la pandemia mientas ocupaban la presidencia de los ejecutivos de Baleares y Canarias, respectivamente.
La defensa del exasesor ministerial discrepa de que ambos cargos públicos testifiquen a través de "un frío papel" porque esa modalidad de declaración no permite repreguntar ni "valorar su espontaneidad, su lenguaje no verbal y sus posibles evasivas".
Por ello, y en un recurso al que ha tenido acceso EFE, la abogada Leticia de la Hoz ha pedido al alto tribunal que les cite presencialmente o, en su defecto, otorgue un nuevo plazo para formularles las preguntas por escrito. Armengol y Torres habían solicitado declarar por escrito en virtud del artículo 412.2º y 703 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Esta norma regula qué personas están exentas de declarar de manera presencial y pueden en cambio informar por escrito y cita, entre ellos, a los presidentes de comunidades autónomas -Armengol, en la época de los hechos, lo fue de Baleares y Torres, de Canarias-, así como a la persona que ostente la presidencia del Congreso y a los miembros del Gobierno.