La jueza de la dana pide a Telegram y Whatsapp los mensajes del exjefe de gabinete de Mazón del 29 de octubre
- Ha emitido una orden europea y una comisión rogatoria para acceder a las comunicaciones de José Manuel Cuenca
- El juzgado rechaza investigar la presa de Forata al considerar que no existe relación entre su gestión y los fallecimientos
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La instrucción judicial sobre la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 da un paso clave en el rastreo de las comunicaciones oficiales. La magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, ha acordado librar una orden europea de investigación dirigida a Telegram en Bruselas y una comisión rogatoria a Estados Unidos para requerir información a WhatsApp.
El objetivo es recuperar los mensajes de José Manuel Cuenca, quien fuera jefe de Gabinete de Carlos Mazón en el momento de la crisis. Esta decisión se produce después de que la Guardia Civil remitiera un informe detallando las "dificultades" técnicas para acceder a las conversaciones de Cuenca durante la jornada crítica, fundamentales para reconstruir la toma de decisiones en el seno de la Generalitat Valenciana.
La jueza busca específicamente los diálogos mantenidos con el expresident Carlos Mazón, la exconsellera Salomé Pradas y el exsecretario de Emergencias Emilio Argüeso, estos dos últimos ya investigados en la causa.
Un terminal devuelto a la Generalitat "reseteado"
La magistrada pone el foco en la opacidad del terminal oficial de Cuenca. Según detalla la providencia, el teléfono que el exjefe de gabinete utilizó durante la jornada de la catástrofe fue devuelto a la Generalitat "reseteado" y con los datos totalmente borrados tras su cese.
Hasta ahora, todos los intentos de acceso han resultado "infructuosos". El pasado 16 de enero, la jueza citó a Cuenca por cuarta vez para intentar una operación técnica: insertar su tarjeta SIM actual en el terminal antiguo para cotejar mensajes, pero la diligencia falló. Ahora, el juzgado le otorga un plazo de 24 horas para que identifique los números de teléfono necesarios para acceder al contenido de las nubes de respaldo.
Además, la jueza ha estimado un recurso para incorporar a la causa el contenido del grupo de WhatsApp denominado 'chat emergencias', en el que participaban los principales responsables de la gestión aquella tarde.
Cerrojazo a la investigación sobre la presa de Forata
En la misma resolución, la magistrada ha desestimado de forma tajante la batería de pruebas solicitada por una de las acusaciones particulares sobre la seguridad de la presa de Forata. La jueza subraya que no existe "conexión ni relación de causalidad alguna" entre el estado de esta infraestructura y las muertes o lesiones investigadas.
"La presa de Forata no colapsó, no rebasó por coronación, no sufrió rotura alguna ni ocasionó su funcionamiento fallecimiento o lesión alguna", señala la providencia. Citando informes periciales, la jueza recuerda que la presa llegó a laminar el 50% del caudal, cumpliendo su función de retrasar la punta de la avenida de agua. Por ello, considera "improcedente" citar a ingenieros o requerir informes a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) sobre su condición de infraestructura crítica.
Críticas a la demora en las alertas
Pese a rechazar las pruebas sobre las infraestructuras hidráulicas, la magistrada lanza una dura reflexión sobre la gestión de las alertas a la población. En su auto, califica de "incomprensible disquisición jurídica" el hecho de que se perdiera tiempo buscando asesoramiento legal antes de enviar los avisos masivos a los ciudadanos.
Según la instructora, ante una situación de riesgo extremo, la prioridad debería haber sido el cumplimiento del derecho de los ciudadanos a ser informados, tal como recoge la Ley autonómica de Protección Civil. "La restricción de la libertad de los ciudadanos era nula y el beneficio para los afectados hubiera sido altísimo si se enviaba con prontitud y contenido certero", sentencia Ruiz Tobarra, insistiendo en que la falta de medidas de protección fue el "elemento determinante" de la alta mortalidad.
Diferencias entre Forata y la presa de Buseo
La resolución también puntualiza que la única infraestructura que sufrió daños estructurales y rebasó por coronación fue la presa de Buseo, dependiente de la Generalitat Valenciana. La jueza destaca que, a diferencia de Forata, en el caso de Buseo no consta que ningún representante de la Conselleria de Agricultura estuviera presente en el CECOPI durante las horas clave.
Con esta decisión, la justicia centra el foco de la responsabilidad penal en la "evitabilidad de las muertes" a través de la comunicación pública, descartando escenarios hipotéticos sobre infraestructuras que, según los informes técnicos obrantes en la causa, funcionaron correctamente dentro de la magnitud del desastre.
Para seguir reconstruyendo lo ocurrido en las horas críticas, el juzgado ha citado como testigos a los policías autonómicos que estuvieron de servicio en el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat el 29 de octubre.
