La Fiscalía de Andalucía archiva la denuncia contra los aforados por el cribado de cáncer de mama
- El Ministerio Público no aprecia indicios de delito en la gestión de Jesús Aguirre y Catalina García
- Las investigaciones continuarán en seis fiscalías provinciales para analizar los casos de 16 afectadas
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La Fiscalía Superior de Andalucía ha dictado el archivo de las denuncias presentadas contra altos cargos de la Junta por presuntas deficiencias en el programa de detección precoz del cáncer de mama. Tras practicar las diligencias previas, el decreto concluye que no existen indicios penales contra las personas aforadas señaladas, entre las que se encuentran el actual presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre, y la consejera de Sostenibilidad, Catalina García.
Las denuncias, interpuestas el pasado octubre por la Asociación del Paciente, Adelante Andalucía e Izquierda Unida, señalaban una posible responsabilidad de los antiguos titulares de Salud en el incumplimiento de la atención sanitaria. Sin embargo, el Ministerio Público limita ahora el alcance de la investigación al ámbito provincial, al no detectar una pauta común que permita elevar la responsabilidad a la cúpula de la Consejería.
Sin responsabilidad penal superior
El decreto de archivo explica que los hechos denunciados se centran en errores concretos o deficiencias en los protocolos, especialmente en el seguimiento de resultados "no concluyentes o dudosos" y en fallos de comunicación de las pruebas. La Fiscalía subraya que no existe un patrón que unifique todos los casos, por lo que no es posible establecer una conexión directa con una responsabilidad política general.
Además de los dos aforados, la denuncia incluía a otros tres cargos del Servicio Andaluz de Salud (SAS). El escrito también apunta que algunas de las quejas presentan manifestaciones de carácter general sin la precisión necesaria para iniciar una causa penal de mayor envergadura.
Traslado para proteger a las víctimas
A pesar del archivo de la causa central, la Fiscalía ha decidido remitir las actuaciones a las fiscalías provinciales de Jaén, Córdoba, Sevilla, Málaga, Granada y Almería. El objetivo es que se continúen las investigaciones de forma "individual y separada" sobre los casos específicos de las 16 mujeres que aportaron sus testimonios particulares.
Con este movimiento, se pretende que la práctica de las pruebas se realice en el lugar más próximo al entorno de las afectadas, buscando aclarar si en esos procesos concretos existieron delitos y quiénes serían los responsables directos. La Fiscalía insiste en que realizar una investigación "prospectiva" general iría en contra del derecho a la intimidad de muchas otras mujeres que han preferido no judicializar sus expedientes de salud.
Errores en la base de datos y atención primaria
Entre las deficiencias detectadas en los escritos se mencionan la falta de atención por parte de facultativos de Atención Primaria y problemas en la identificación de las pacientes por ausencia de datos actualizados, como teléfonos o correos electrónicos, en las bases de datos del sistema público.
La Fiscalía recuerda que muchas de estas incidencias podrían resolverse a través de la vía de la responsabilidad patrimonial de la Administración, en lugar de la vía penal, respetando así la voluntad de aquellas pacientes que han decidido restringir sus casos a ese ámbito administrativo.
