Organizaciones de DD.HH. denuncian "desproporción" en las multas y el uso de la fuerza durante el estado de alarma
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Diversas organizaciones de derechos humanos han denunciado una serie de actuaciones de las autoridades contrarias al principio de “proporcionalidad” durante el estado de alarma, tanto a la hora de sancionar los incumplimientos de las medidas de salud pública como en la intervención policial. El Ministerio del Interior lo niega.
Son dos visiones muy enfrentadas sobre un conjunto de cuestiones que, en esencia, se retrotraen a la situación de excepcionalidad por la pandemia del coronavirus, pero que tienen que volver a analizarse con el nuevo marco jurídico y social que España vive desde el 14 de marzo.
Desde que en esa fecha se suspendió la libertad de movimientos para contener la expansión de la COVID-19, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han vigilado el confinamiento de la población. Y en sus primeros 36 días, hasta el lunes 20 de abril, realizaron un total de 6.073 detenciones y 682.897 actas de infracción.
Es el resumen estadístico que actualiza cada día el Ministerio del Interior con los datos aportados por las diferentes policías locales, autonómicas y estatales, que dan cuenta además de forma cotidiana de comportamientos “insolidarios” de muy diversa índole, cuando no criminales, y que se enfrentan a ellos con carestía de medios de protección en algunas ocasiones.
En todo caso, es una “cifra importante” de arrestos y de expedientes, en palabras el Defensor del Pueblo, que ha pedido más datos a Interior para llevar a cabo “un análisis global del régimen sancionador durante el estado de alarma, con el fin de compulsar si se ha actuado de manera correcta y proporcional”.
La norma, a examen
Pero la polémica va más allá y numerosos juristas cuestionan la base legal de gran parte de esas multas, que en la práctica se tramitan en aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana, que ha cumplido cinco años precisamente durante esta cuarentena.
“Las sanciones administrativas están siendo bastante más elevadas que en otros países”, apuntan desde la plataforma Defender a Quien Defiende, según la cual el problema está precisamente en esa norma, que los activistas bautizaron como Ley Mordaza porque, entre otras cosas, otorgaba a los agentes de la autoridad la capacidad de decidir ante situaciones de “ambigüedad”.
“Nos tememos que muchas sanciones estén siendo bastante arbitrarias, sobre todo porque el marco legal ya lo era”, explica a RTVE.es su portavoz, Thais Bonilla, en referencia a esa ley que ha cumplido cinco años justamente en esta cuarentena y que el actual Gobierno se había comprometido a reformar.
Las organizaciones Novact, Irídia, Legal Sol, Institut de Drets Humans de Catalunya, Calala, Ecologistas en Acción, Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, Asociación Libre de Abogadas y Abogados, Cooperativa Red Jurídica, Associació Catalana per a la Defensa dels Drets Humans, Grupo Motor de No Somos Delito y Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la Univerisad de Barcelona, recuerdan también que el propio Defensor del Pueblo ha recomendado elaborar instrucciones internas dirigidas a la Policía y a la Guardia Civil en las que se clarifiquen los supuestos en los que “no se pueden sancionar determinadas actividades ciudadanas que sí están amparadas por las excepciones” del artículo 7 del estado de alarma.
Pero la cuestión jurídica ha alcanzado un nivel técnico y orgánico superior toda vez que la Abogacía del Estado también ha rechazado la utilización generalizada de Ley de Seguridad Ciudadana en este marco.
En un informe de este mes al que tuvo acceso Europa Press, la abogada general, Consuelo Castro Rey, concluía que el artículo de esa norma que castiga la desobedencia, el ya de por sí polémico 36.6, contempla sanciones solo cuando una persona desatienda las órdenes que les den los agentes “de forma expresa e individualizada”. La jurista dictaminaba por tanto que no basta con el mero incumplimiento de las restricciones de movilidad para que sean sancionados, y sugería que sería aplicable con mejor criterio el procedimiento sancionador de la Ley General de Salud Pública.
El domingo, el ministro del Interior dijo que que “en todas las cuestiones siempre hay alguna divergencia técnico-jurídica, pero el criterio está bien establecido y claro” y que prevalecen “todas las garantías” del Estado de derecho.
Días atrás, el propio Fernando Grande-Marlaska, hizo referencia al “mínimo relajamiento” en el cumplimiento del confinamiento que el Gobierno había constatado en base a un repunte de las denuncias, antes de destacar su carácter disuasorio: "Hacemos prevención con la sanción, para evitar que una brecha” vaya a más, declaró.
Dos rectificaciones
Con todo, desde Defender a Quien Defiende señalan también de que su departamento ha corregido ya en un par de ocasiones medidas represivas en el estado de alarma. La primera, de hecho, fue después de una denuncia de una de estas entidades (y que encontró eco inicialmente en el Defensor del Pueblo), y llevó a que se prohibiera a los Ayuntamientos imponer mediante bandos restricciones mayores que las recogidas en el decreto del estado de alarma.
Luego, la Secretaría de Estado de Seguridad remitió una instrucción a las delegaciones y subdelegaciones de Gobierno para que los diferentes cuerpos dejaran de usar listas con productos que se consideraban o no de primera necesidad y por tanto, susceptibles de ser comprados o supuestamente prohibidos .
Finalmente, Interior ha dado órdenes a esos mismos organismos para cuantificar de forma homogénea las sanciones, desde los 601 euros hasta los 10.400 euros, para mayor enfado de la plataforma de organizaciones del ámbito de los derechos fundamentales, según las cuales se trata de una interpretación de las cuantías “desproporcionada”. Además, advierten de que estas se pueden cebar con las personas en situación de vulnerabilidad, como las que no tienen los papeles en regla o que viven de la economía sumergida, y que no pueden justificar documentalmente sus desplazamientos laborales.
Por ejemplo, citan el caso de una empleada doméstica que fue sancionada cuando se dirigía a su lugar de trabajo en Madrid en autobús, pero sin contrato.
Finalmente, y aún más grave, son las denuncias de abusos. En un informe [PDF] de la semana pasada, Defender a Quien Defiende documentó hasta entonces once casos en los que las fuerzas de seguridad han realizado aparentemente “acciones contrarias a los protocolos existentes y a los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad que han de regir toda actuación policial”.
Casi todas estas situaciones se han conocido mediante grabaciones realizadas por vecinos desde sus ventanas o balcones y los abogados --que ya trabajan al menos con una víctima que ha denunciado en un juzgado de Barcelona--, recuerdan que la toma de imágenes de los policías no constituye una infracción en ningún caso; y que solo es sancionable el uso no autorizado de las mismas si pone en riesgo la seguridad personal de los agentes o la de una operación en curso.
Sin detalles de las investigaciones
A la denuncia de estas organizaciones, el Ministerio del Interior respondió que se investigarán los posibles excesos por parte de los respectivos cuerpos. Contactadas por RTVE.es las direcciones de la Policía Nacional y Guardia Civil, así como la de Mossos d’Esquadra, no han ofrecido ninguna información al respecto.
Ante el goteo de denuncias que se suceden prácticamente todos los días en las redes sociales, los mandos que han comparecido tras las reuniones del comité técnico que gestiona la crisis del coronavirus han defendido la actuación de sus efectivos.
En la única ocasión en las que se les pasó una pregunta al respecto durante las primeras tres semanas del estado de alarma, el máximo responsable de la Policía, comisario principal José Ángel González, pidió “no elevar la anécdota a categoría” y recordó que su cuerpo tiene un código ético y “todo aquel comportamiento que se desvía” de él es objeto de un expediente disciplinario.
A falta de más información sobre esos hechos, son también de interés las declaraciones del jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, general José Manuel Santiago, cuando perguntado sobre las detenciones que llevan a cabo sus uniformados dijo que “muchas son motivadas por el incumplimiento reiterado de las medidas de confinamiento o por reacciones agresivas contra los propios agentes en el momento de ser identificados”.
Acusaciones de racismo
Para acabar, diversas asociaciones llaman la atención sobre el cariz “racista” de algunas de las intervenciones policiales. Solo en Cataluña, SOS Racisme afirma que siete de los doce casos que ha identificado durante el último mes han estado relacionados con cuerpos de seguridad.
Según la la ONG, las situaciones de discriminación u odio racial durante este periodo han aumentado y la gran mayoría no salen a la luz: "Los abusos policiales son ahora más difíciles de identificar y reportar”, explicó en declaraciones que recoge Europa Press el doctor en derecho y miembro de la organización Karlos Castilla, quien advirtió que de normal se denuncian pocas veces estos hechos.
Otra actuación policial sobre la que ronda la sombra del racismo se produjo en el Bilbao y la cuestión ha llegado ya al Parlamento vasco. La situación ha generado protestas vecinales y en un comunicado la Coordinadora de grupos de Bilbao La Vieja, San Francisco y Zabala llega a hablar de “venganza” policial.
Sin referirse a ningún caso concreto, el ministro Grande Marlaksa ha repetido que todas las fuerzas de seguridad del Estado español —sobre las que en estas circunstancias tiene jerarquía— están actuando en base a los principios de “proporcionalidad y necesidad”, mientras los activistas de derechos humanos hablan de “violencia institucional”. Así que prácticamente solo les une el coronavirus, el enemigo común.
