La cúpula de Sidenor declara que la venta de acero a Israel fue legal y que cancelaron la entrega antes del embargo

• La Audiencia Nacional investiga al presidente de la compañía y otros dos directivos por las ventas a un fabricante de armas
• Aseguran que cuando se realizó la operación no existían limitación en las relaciones comerciales con el país

La cúpula directiva de Sidenor ha declarado ante la Audiencia Nacional que no cometió irregularidades en la venta de acero a Israel y que las entregas se cancelaron en el mes de julio "casi tres meses antes de que el Gobierno español decretase el embargo". Su presidente, José Antonio Jainaga Gómez, y otros dos directivos de la empresa siderúrgica vasca han comparecido este miércoles ante el juez del caso que investiga si cometieron delitos de contrabando y participación por complicidad en un delito de lesa humanidad o genocidio.

Además, han defendido que cuando se realizaron las ventas de acero al fabricante de armas Israel Military Industries (IMSI) no existía ninguna limitación en las relaciones comerciales con el país, según la nota de la compañía, que refiere haber aportado "pruebas" al respecto.

Defienden que no necesitaban autorización

Los empresarios han argumentado que su acero no se encuentra entre los productos sometidos a un control especial, de acuerdo con los reglamentos españoles y europeos, ni precisa de autorización para ser exportado, al tiempo que han recordado que las autoridades no les comunicaron en ningún momento que existieran "limitaciones excepcionales" en las ventas de acero a Israel.

El comunicado de Sidenor ha subrayado, además, que los envíos puestos en cuestión representan "menos del 0,2% de las ventas totales anuales de la empresa" y han destacado el "riguroso silencio" que han mantenido desde que se conoció la causa por "respeto a las actuaciones judiciales" y a pesar de las "numerosas inexactitudes" que han circulado.

Según informó la Audiencia Nacional al levantarse el secreto de las actuaciones, el juez considera que los investigados actuaron con pleno conocimiento de que el material iba a ser utilizado para fabricar armamento que luego iba a ser empleado en la Franja de Gaza contra la población palestina. Además, señaló que se habría llevado a cabo sin haber solicitado la correspondiente autorización del Gobierno y sin inscribirse en el registro correspondiente, tal y como consta en un oficio de la Comisaría General de Información del pasado 10 de septiembre.

La asociación querellante considera un "hito" la investigación

El caso se inició a raíz de una querella hace diez meses de la Asociación Comunitat Palestina de Catalunya-Terra Santa. Su abogado, David Aranda, ha expresado a la prensa tras las declaraciones que sí entiende que era necesaria la autorización porque se cumplen varios requisitos recogidos en la normativa comunitaria. Por ese motivo, cree que los hechos pueden ser calificados de contrabando.

Asimismo, Aranda ha subrayado que lo que se está investigando es que el acero iba a destinado a una empresa que fabrica exclusivamente tecnología militar, desde plataformas de lanzamientos de misiles a munición, y si eso supondría colaborar en un delito de genocidio o lesa humanidad.

En su opinión, es ya un "hito importante" la apertura del procedimiento, porque la Justicia manda "un mensaje claro" de que puede bastar con "lucrarse con el genocidio" para ser considerado cómplice, una situación que considera que puede afectar a otras empresas españolas.