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Dos años del 23J

Sánchez llega al ecuador de la legislatura tocado por el caso Cerdán y con una mayoría frágil pero dispuesto a seguir

  • El reciente fracaso en el 'decreto antiapagones' y la falta de Presupuestos evidencian su debilidad parlamentaria
  • El caso de corrupción por Santos Cerdán supuso un punto de inflexión y sus socios no garantizan su apoyo
Dos años del 23J: El ecuador de la legislatura del Gobierno de Sánchez
ROCÍO GIL GRANDE

Cuando se cumplen dos años de las elecciones generales de 2023, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llega al ecuador de la legislatura desgastado por la corrupción que afecta al PSOE por el caso Cerdán y con una mayoría parlamentaria que hace aguas en algunas votaciones clave, como la del decreto antiapagones que fue tumbado este martes en el Congreso y que no contó con el apoyo de Junts, Podemos ni del BNG, como tampoco de un diputado de Sumar (Jorge Pueyo, de la Chunta Aragonesista). Con todo, el jefe del Ejecutivo se muestra confiado en agotar la legislatura y presume de haber sacado adelante seis de las siete votaciones que se sometían a votación en la Cámara Baja: "Ni tan mal".

Que no se hayan aprobado en estos dos años unos Presupuestos Generales del Estado es reflejo de la fragilidad parlamentaria del Ejecutivo, que ni siquiera llegó a presentar un proyecto de cuentas públicas en el Congreso ante la certeza de que no iban a salir adelante. Tampoco llevó este martes al Congreso la reducción de la jornada laboral que impulsa la vicepresidenta Yolanda Díaz y contra la que Junts planteó enmienda a la totalidad.

El presidente del PNV, Aitor Esteban, cree que la legislatura está "bloqueada" en materia legislativa, especialmente por la incapacidad de aprobar unos presupuestos, y cree que para los dos años que quedarían "tampoco se vislumbra que pueda haberlos". Ha sido muy crítico, además, con que el Ejecutivo ni siquiera haya intentado presentarlos. Con todo, no da muestras de retirar su apoyo al Ejecutivo.

Los socios de investidura están dejando claros recados a Sánchez. Junts le dijo este martes que no aceptaría "cheques en blanco" ni le apoyaría mientras no cumpla los acuerdos alcanzados. Uno de los reproches es que la ley de amnistía, clave para la investidura de Sánchez, no se está cumpliendo por el rechazo del Tribunal Supremo de aplicarla al 'expresident' Carles Puigdemont y a algunos de sus consellers. Y Podemos está en clara oposición al "Gobierno de la guerra", como le llaman los de Ione Belarra. Ella misma ha recalcado este miércoles que la distancia con el Gobierno "es sideral", aunque ha mostrado su disposición a votar medidas que sean "positivas para la gente" siempre que no supongan un "engaño".

Mientras tanto, ERC está moviéndose ya para articular un espacio electoral plurinacional y de izquierdas que ocupe el espacio "huérfano" que ha dejado Sumar. Cabe recordar que, al inicio de la legislatura, Podemos rompió con los de Yolanda Díaz. La propia Díaz dejó la dirección del Movimiento Sumar ante el fracaso de las elecciones europeas.

Sánchez resta importancia al rechazo del decreto antiapagones y carga contra la oposición

El portavoz parlamentario de Esquerra, Gabriel Rufián, ha hecho un llamamiento a los partidos soberanistas de izquierdas a confluir, como en las pasadas elecciones europeas, conjuntamente en las próximas elecciones generales. Está por ver si estas formaciones y, sobre todo, Podemos (a quien también apela) están dispuestos a un experimento de tal envergadura.

El caso Cerdán, un punto de inflexión

Que la aritmética parlamentaria es compleja para Sánchez no es algo nuevo. Su propia investidura, tras la victoria del PP en las elecciones del 23J, fue un encaje de bolillos para sumar a los socios con distintos acuerdos, entre los que la amnistía fue clave.

Pero todo dio un vuelco con el informe de la UCO de la Guardia Civil que situaba al hasta hace unas semanas secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán como el gestor "del monto y los pagos" en mordidas de obra pública para el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García.

No era el primer caso de corrupción que salpicaba al PSOE de Sánchez y, de hecho, era una información más del conocido como caso Koldo. Pero golpeaba de lleno en el PSOE y el impacto fue rotundo cuando el juez imputó y envió a prisión al que fuera número tres del partido y mano derecha del jefe del Ejecutivo. Cerdán había sido artífice de su investidura, había ido a Bruselas a negociar directamente con Puigdemont. Hasta que no salió a la luz el informe de la UCO, en el PSOE todos ponían "la mano en el fuego" por Santos Cerdán.

Ahora, el PP no deja de recordar que "todo el entorno" de Sánchez está investigado por distintos casos: su esposa, Begoña Gómez; su hermano, David Sánchez; dos ex secretarios de Organización del PSOE, Santos Cerdán y José Luis Ábalos (que además fue ministro de Fomento). Y, también, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por supuesta revelación de secretos de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

”La legislatura nunca debió producirse. Sánchez debió asumir el resultado electoral hace dos años y haber entendido que había perdido las elecciones y que no tenía sentido atrincherarse”, ha dicho este miércoles en RNE el secretario general del PP, Miguel Tellado.

Sánchez, dispuesto a seguir

Pero el jefe del Ejecutivo, si bien ha admitido que se planteó dimitir tras el caso Cerdán y ha pedido "perdón" por confiar en quien "no debía", ha reiterado en múltiples ocasiones las últimas semanas su intención de continuar y terminar la legislatura: "El capitán se queda a capear el temporal". Ahora, el caso de corrupción que afecta al exministro de Hacienda 'popular' Cristóbal Montoro parece haberle dado un balón de oxígeno al cambiar el foco de atención, pero no hay garantías de que no salgan nuevas informaciones sobre la corrupción vinculada al PSOE.

Sánchez, que llegó a La Moncloa tras la moción de censura contra Mariano Rajoy por la corrupción, presentó además hace unos días su plan de medidas anticorrupción y un aumento de controles internos en su partido, cuando los socios plantean como línea roja para seguir dando apoyo que exista financiación irregular en el PSOE (algo que los socialistas niegan). Y en el Gobierno no dejan de presumir de los avances logrados, como la "normalización" en Cataluña gracias a la amnistía, y de decir que todavía quedan avances sociales por conquistar.

De hecho, es su intención volver a presentar el 'decreto antiapagones' en el Congreso a la vuelta del verano. Pero por delante tiene numerosos retos a los que hacer frente. Está el tema espinoso del reparto de migrantes procedentes de Canarias y también el de la financiación singular para Cataluña tras el acuerdo al que llegó el PSC con ERC para hacer a Salvador Illa presidente de la Generalitat, que cuenta con la oposición de Junts y con el rechazo frontal de las autonomías del PP y también de las socialistas Castilla-La Mancha y Asturias. Precisamente, el presidente castellano-manchego, Emiliano García Page, se ha convertido en una de las voces más críticas contra el jefe del Ejecutivo, llegando incluso a pedir elecciones anticipadas.

Las tensiones en el PSOE se pudieron ver en el Comité Federal del partido el pasado 5 de julio, que se alargó más de lo normal y que tuvo un enfrentamiento directo entre Page y el ministro de Transportes, Óscar Puente.

Sin embargo, en el núcleo duro de Sánchez tanto en el Gobierno como en el PSOE no hay fisuras y sí un cierre de filas completo con él. Está por ver si su optimismo para seguir dos años más en el Gobierno se traduce en un hecho real, cuando la legislatura está en muchas más manos que solo el Partido Socialista.