Las sindicalistas conocidas como las Seis de La Suiza obtienen el tercer grado penitenciario
- La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, aseguró que el Gobierno trabaja "para que el indulto llegue cuanto antes"
- La familia del pastelero de La Suiza ya ha manifestado que recurrirá la decisión
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Las Seis de La Suiza, sindicalistas vinculadas a la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) han obtenido el tercer grado penitenciario (en aplicación del artículo 72 de la LOGP y 102.4 del RP) según han confirmado fuentes de la CNT y del grupo social de apoyo a estas. El pasado 10 de julio ingresaron en prisión para cumplir una pena individual de tres años y medio de cárcel por coacciones al propietario de una pastelería de Gijón (Asturias).
Fuentes de la CNT han explicado a EFE que las seis sindicalistas (cinco mujeres y un hombre), han quedado en un régimen de semilibertad. Tendrán que acudir al Centro Penitenciario de Asturias para dormir, y además podrán pasar los fines de semana fuera de prisión.
El grupo de apoyo a las Seis de La Suiza, denominado en asturiano como Grupu sofitu a les 6 de La Suiza, ha celebrado la concesión del tercer grado penitenciario, pero ha reclamado "una solución política" para que se les conceda una "libertad plena".
Posible indulto
Nueve organizaciones sindicales han pedido este martes a la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, que agilice el indulto para la puesta en libertad de las Seis de La Suiza.
"Estamos ante una actuación judicial y policial que ha ido más allá del cumplimiento de la ley y ha hecho una interpretación de la norma con clara intencionalidad de perjuicio", ha señalado la portavoz de Sofitu, Herminia González, en nombre de los sindicatos firmantes (CC.OO., UGT, CGT, CNT e Intersindical Asturiana, entre otros).
Tras su ingreso en prisión el pasado 10 de julio, la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, aseguró que ya trabajaba "dentro del Gobierno para que el indulto llegue cuanto antes". Insistió en que "el sindicalismo es un derecho, no un delito", de modo que "en una democracia nadie debe estar en prisión por defender los derechos laborales".
Por otro lado, el movimiento sindical asturiano denunció el martes pasado durante una concentración frente a la Delegación del Gobierno en Asturias el encarcelamiento de las sindicalistas.
Movilización a favor de las sindicalistas
Por otro lado, más de 130 de juristas y asociaciones del ámbito de la abogacía, como Foro de la Abogacía Demócrata, Red de Abogados Demócratas Europeos o la Asociación Libre de la Abogacía, impulsaron una solicitud de indulto para las seis de La Suiza.
En una rueda de prensa, la Plataforma de la Abogacía en Defensa de la Acción Sindical, el colectivo que ha impulsado la acción por parte de los abogados, ha explicado que la tramitación del expediente de indulto "se encuentra a la espera del informe del juez Lino Rubio Mayo". Hasta que este no esté finalizado, no puede continuarse la tramitación del documento.
Con base en estas informaciones, la Plataforma ha instado al organismo público a completar el proceso. La solicitud de indulto se suma así a la que han registrado otros 22 sindicatos y el Gobierno del Principado de Asturias.
La Plataforma ha informado también de que la familia del pastelero de La Suiza ya ha manifestado que recurrirá desde el día siguiente "cualquier decisión que permita que las sindicalistas no cumplan su pena en régimen de privación de libertad".
Los hechos
En junio de 2016, la pareja sentimental de una trabajadora de la pastelería se presentó en el comercio y mantuvo un altercado con el empresario, que culminó con una denuncia del hostelero por amenazas y daños en su local.
Según detalla la sentencia, la empleada, tras la apertura de juicio oral contra su pareja, dejó su empleo. Posteriormente, entró en contacto con el sindicato Confederación Nacional del Trabajo (CNT) y se organizó con los acusados para iniciar una "campaña de presión sobre el empleador y su familia".
Entre otros actos, la sentencia detalla la convocatoria a través de las redes sociales de concentraciones delante del establecimiento con pancartas, la entrega de pasquines contra el empresario, así como la difusión de un vídeo en el que le denunciaban por acoso laboral y sexual.
Las condenadas, según el relato de hechos, "incrementaron durante varios meses las acciones de boicot y presión" hacia el empresario y su familia porque este se negó a indemnizar a la empleada por despido improcedente y a retirar la acusación contra la pareja de esta.
Las concentraciones delante de la empresa terminaron cuando el empleador decidió cerrar su negocio. Según el Supremo, fue "la consecuencia directa de la presión, constante, reiterada y desproporcionada, derivada del número de concentraciones realizadas como respuesta por no acceder a las pretensiones económicas de los acusados".
