La CPI emite una orden de arresto contra dos líderes talibanes por crímenes de lesa humanidad por la persecución a mujeres
- Las órdenes han sido emitidas contra el líder supremo y presidente de la Corte Suprema
- Tras seis meses de evaluación, los jueces han respaldado las evidencias presentadas por el fiscal general de la CPI
La dirección de esta página ha sido copiada en su portapapeles
La Corte Penal Internacional (CPI) ha emitido este martes una orden de arresto contra dos líderes talibanes en Afganistán por persecución de mujeres y niñas. La CPI ha afirmado que existen motivos razonables para creer que el líder supremo afgano, Haibatullah Akhundzada, y presidente de la Corte Suprema, Abdul Hakim Haqqani, han cometido crímenes de lesa humanidad desde al menos agosto de 2021.
La CPI ha ordenado la detención de ambos líderes, que han ejercido la autoridad de facto desde el 15 de agosto de 2015 —día que los talibanes tomaron Kabul, capital afgana—, tras considerar que Akhundzada y Hakim Haqqani "han cometido, al ordenar, inducir o solicitar" el crimen de lesa humanidad de persecución por motivos de género contra niñas, mujeres y otras personas "que no se ajustan a la política talibán sobre género, identidad o expresión de género".
Por su parte, los talibanes han rechazado, a través de un comunicado, la decisión de la CPI y ha calificado las órdenes de detención de "infundadas e ineficaces". El principal portavoz del régimen talibán, Zabihullah Mujahid, ha afirmado que el Gobierno no reconoce la legitimidad ni la autoridad de la Corte Penal Internacional. "No reconocemos ninguna institución bajo el nombre o título de Tribunal Internacional ni tenemos obligación alguna hacia ella", ha declarado Mujahid.
¿Quiénes son Haibatullah Akhundzada y Abdul Hakim Haqqani?
Los líderes Haibatullah Akhundzada y Abdul Hakim Haqqani son los dos hombres más poderosos del régimen talibán, que, hasta ahora, han operado en gran medida desde la sombra.
El primero, Haibatullah Akhundzada, es el líder supremo: la máxima autoridad política, religiosa y militar del Emirato Islámico de Afganistán. Es el "Amir al-Mu'minin" (Comandante de los Fieles), y por tanto su poder es absoluto. Es una figura extremadamente reclusiva que rara vez aparece en público y que gobierna desde su bastión espiritual en la provincia de Kandahar, en el sur del país.
Este erudito islámico ultraconservador es considerado el arquitecto principal de las políticas más draconianas contra las mujeres y las niñas. Su firma está detrás de las órdenes que prohíben la educación secundaria y universitaria para las mujeres, así como el acceso al mercado laboral, y la imposición de estrictos códigos de vestimenta: las mismas políticas que la CPI ha calificado como "persecución por motivos de género".
Practicar deporte, salir de casa sin un mahram (padre, hermano o marido) o protestar en la calle está prohibido para las mujeres. En verano de 2024, el régimen aprobó la ley "Vicio o virtud" mediante la cual prohibían a las mujeres cantar o recitar poesía en público. Sus voces y también sus cuerpos tienen que estar "ocultos" fuera del hogar, es decir, las mujeres afganas no se pueden asomar a balcones ni ventanas desde dentro de sus casas.
Akhundzada asumió el liderazgo del movimiento en 2016, tras la muerte de su predecesor, el mulá Akhtar Mansour, en un ataque con drones estadounidense y desde agosto de 2021 gobierna de facto Afganistán.
Abdul Hakim Haqqani es el presidente de la Corte Suprema, el juez de la sharía (ley islámica). Esto lo convierte en la máxima autoridad judicial del régimen y el principal ejecutor de los decretos de Akhundzada. Haqqani es uno de los miembros fundadores del movimiento talibán y una figura muy respetada dentro del mismo por su erudición religiosa. Su estatus quedó de manifiesto cuando fue nombrado jefe del equipo negociador de los talibanes en Doha (Catar) durante las conversaciones de paz con Estados Unidos que precedieron a la salida de las tropas estadounidenses de suelo afgano y a la posterior caída de Kabul ante los talibanes.
Como presidente de la Corte Suprema, Haqqani es el responsable de aplicar la estricta interpretación de sharía en todo el país, que incluye castigos como las ejecuciones, flagelaciones y lapidaciones públicas, así como la ejecución de los decretos que restringen las libertades de las mujeres.
Para que la orden de detención se pueda llevar a cabo, tanto Akhundzada como Haqqani tienen que pisar un país que se haya adherido al Estatuto de Roma (el tratado fundacional de la CPI), y ambos líderes apenas salen de Afganistán. Aún así, esta orden tiene un gran impacto político.
La decisión asesta un golpe devastador a la búsqueda de legitimidad internacional del régimen, ya que cualquier país que busque normalizar relaciones con los talibanes tendrá que lidiar con el hecho de que el jefe de Estado y el jefe del poder judicial afganos son prófugos de la justicia internacional.
Además, con esta decisión, la CPI materializa por primera vez en órdenes de arresto las advertencias de la ONU de que las políticas contra las mujeres en Afganistán constituyen un presunto crimen de lesa humanidad, sentando un precedente judicial.
Seis meses para analizar las pruebas presentadas
El fiscal de la CPI, Karim Khan, había solicitado la aprobación de las órdenes de detención el pasado enero, pero los jueces no las han respaldado formalmente hasta este martes, tras meses analizando las evidencias presentadas por la fiscalía. Al solicitar las órdenes de arresto, Khan explicó que las mujeres y niñas afganas, así como la comunidad LGTBIQ+, se enfrentan a una persecución sin precedentes, "inaceptable" y continua por parte de los talibanes.
Al solicitar las órdenes de arresto en enero, el Fiscal Jefe de la CPI, Karim Khan, explicó que las mujeres y niñas afganas, así como la comunidad LGBTQ+, se enfrentan a una persecución sin precedentes, inaceptable y continua por parte de los talibanes. "Nuestras acciones indican que la situación actual de las mujeres y niñas en Afganistán es inaceptable", declaró
"Los talibanes han implementado una política de Gobierno que ha resultado en graves violaciones de los derechos y libertades fundamentales de la población civil afgana, en relación con actos de asesinato, encarcelamiento, tortura, violación y desapariciones forzadas", han señalado los magistrados. "Si bien los talibanes han impuesto ciertas reglas y prohibiciones a toda la población, han dirigido sus ataques en concreto contra niñas y mujeres por razón de su género", han añadido.
La CPI ha subrayado que "los talibanes han privado severamente a niñas y mujeres de sus derechos a la educación, la privacidad y la vida familiar, así como de las libertades de movimiento, expresión, pensamiento, conciencia y religión". Los magistrados, además, han explicado que esta "privación" de derechos y libertades se ha impuesto mediante "decretos y edictos" emitidos por las autoridades.
El documento emitido por la Corte Penal Internacional también recoge que otras personas "fueron blanco por manifestar formas de sexualidad y/o identidad de género consideradas incompatibles con la política talibán" sobre el género. También son víctimas de la persecución talibán los percibidos como opositores a sus políticas, "incluso de forma pasiva o por omisión", lo que incluye a aquellos que son descritos como "aliados de niñas y mujeres" y los que son vistos como "opositores políticos".
Crímenes de lesa humanidad durante casi cuatro años
La CPI sostiene que estos crímenes se han cometido en Afganistán desde el 15 de agosto de 2021, día que Kabul cayó ante los talibanes. En diez días, los talibanes lanzaron una ofensiva relámpago con la que consiguieron hacerse con el país, entrar en la capital y derrocar al Gobierno afgano apoyado por Occidente.
Para aprobar estas órdenes de arresto, la Sala de Cuestiones Preliminares II ha tenido en cuenta "el objetivo más amplio" del Estatuto de Roma de "proteger a las poblaciones civiles frente a violaciones graves y sistemáticas de sus derechos fundamentales, especialmente aquellas dirigidas contra grupos vulnerables".
"La persecución por motivos de género abarca no solo actos directos de violencia, sino también formas de daño sistemático e institucionalizado, incluida la imposición de normas sociales discriminatorias”, ha señalado la Sala.
