Archivada la acusación de allanamiento contra el alcalde de Newark tras un altercado en un centro de detención del ICE
- Ras Baraka fue detenido tras una inspección sorpresa al centro local de detención de migrantes
- La congresista demócrata LaMonica McIver está acusada de agredir a los agentes
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Las autoridades estadounidenses han retirado el cargo de allanamiento contra el alcalde de Newark (Nueva Jersey), Ras Baraka, tras su arresto por un enfrentamiento días atrás con agentes federales durante una visita al centro local de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
"Tras una extensa consideración, hemos acordado desestimar el cargo de delito menor de allanamiento del alcalde Baraka para poder seguir adelante", ha informado Alina Habba, la fiscal interina de Nueva Jersey y exabogada del presidente estadounidense, Donald Trump.
El Departamento de Justicia de EE.UU., sin embargo, sí ha presentado cargos contra uno de los tres congresistas presentes en el momento del arresto de Baraka, la demócrata LaMonica McIver.
Mclver está acusada de "agredir, obstaculizar e interferir con la aplicación de la ley" por parte de los agentes el pasado 9 de mayo durante una inspección sorpresa al centro de detención de migrantes Delaney Hall. "Esa conducta no puede pasarse por alto", ha añadido Habba al respecto.
Por su parte, la secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU., Kristi Noem, ha asegurado que McIver estuvo involucrada en una pelea con agentes de ICE en el momento del arresto de Baraka.
Baraka y Mclver advierten que los cargos son "puramente políticos"
Habba, exabogada de Trump, afirmó días atrás que el alcalde "ignoró múltiples advertencias" para "abandonar el centro de detención de ICE", pero Baraka declaró poco después a la prensa que su detención parecía tener "objetivo" político.
"Después de que finalmente nos pidieran que nos fuéramos, y yo les dije que me iba, salieron por la puerta y me arrestaron. Así que parecía que era un objetivo", añadió.
Mclver, además, ha afirmado este lunes que los cargos en su contra son "puramente políticos" y "destinados a criminalizar y disuadir la supervisión legislativa".
