Un juez de Texas prohíbe al Gobierno de Trump implementar una ley de 1798 para deportar a venezolanos
- El fallo del juez se produce después de que el Tribunal Supremo de EE.UU. bloqueara esas expulsiones
- Hasta ahora unos 137 venezolanos han sido deportados desde la localidad de Raymondville (Texas) con esta ley
Un juez federal de Texas ha prohibido este jueves al Gobierno del presidente estadounidense Donald Trump recurrir a la Ley de Enemigos Extranjeros del año 1798 para expulsar del país por la vía rápida a un grupo de venezolanos detenidos.
El juez Fernando Rodríguez, que fue nombrado por Trump durante su primer mandato (2017-2021), ha emitido el fallo en respuesta a una demanda colectiva de varios de los afectados. La sentencia del juez llega después de que el pasado 19 de abril el Tribunal Supremo bloqueara esas mismas expulsiones.
En su resolución, el magistrado prohíbe "permanentemente" al Gobierno el uso de esta ley en el Distrito Sur de Texas. Trump la invocó el 14 de marzo para expulsar a cientos de venezolanos a los que acusa de pertenecer a la organización criminal Tren de Aragua.
Se trata, hasta el momento, de la sentencia más contundente contra una política clave de la segunda Administración Trump: la agresiva represión migratoria.
"Excede el alcance del estatuto"
En la opinión que sustenta el fallo, Rodríguez explica que "el registro histórico deja claro que la invocación del presidente de la Ley de Enemigos Extranjeros a través de una proclamación excede el alcance del estatuto y es contraria al significado sencillo y ordinario de los términos del estatuto". El juez, en su sentencia, ha explicado que la norma se usa para acelerar la deportación de presuntos delincuentes venezolanos.
No obstante, matiza que el Gobierno de Trump puede proceder con las expulsiones del grupo de venezolanos amparándose en otra legislación, la Ley de Inmigración y Nacionalidad, del año 1952.
Tres de los denunciantes son venezolanos detenidos en el centro de detención El Valle, Raymondville (Texas), que niegan pertenecer al Tren de Aragua y argumentan que el uso de la ley centenaria les está privando del debido proceso recogido en la Constitución estadounidense.
El 19 de abril, el Supremo bloqueó las expulsiones de venezolanos detenidos en ese centro bajo la la Ley de Enemigos Extranjeros ante los recursos de emergencia. Esta demanda fue interpuesta por una organización que acusaba al Gobierno de intentar expulsar a más inmigrantes a El Salvador.
Ley de Enemigos Extranjeros
La norma es más conocida por ser utilizada durante la Segunda Guerra Mundial para retener o intentar deportar a personas de ascendencia japonesa, alemana o italiana.
Lee Gelernt, abogado de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), que representa a los migrantes venezolanos detenidos, considera que el Congreso no tiene la intención de que la ley se use de la manera en que Trump la ha estado usando.
"El tribunal sostuvo críticamente que el presidente no puede simplemente declarar que ha habido una invasión en los EE.UU. y luego invocar unilateralmente una prerrogativa diseñada para tiempos de guerra del siglo XVIII durante tiempos de paz", ha explicado Gelernt.
Hasta ahora, al menos unos 137 venezolanos han sido deportados desde Raymondville usando esta ley. Los familiares de los afectados y sus abogados niegan que los detenidos fueran miembros del Tren de Aragua.
Varios jueces de Colorado, Manhattan o Pensilvania han emitido órdenes temporales para detener estas deportaciones. El juez Rodríguez ha sido el primero en prohibirla completamente en su distrito judicial. A pesar de todo, es probable que el Gobierno de Trump recurra.
Trump pide al Supremo anular el TPS para venezolanos
Asimismo, el Gobierno del presidente Donald Trump ha presentado este jueves un recurso de emergencia ante el Tribunal Supremo pidiéndole que le permita acabar con el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los migrantes venezolanos.
Poco después de asumir el poder en enero, el Gobierno de Trump decidió acabar con el TPS para los venezolanos y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, calificó a los beneficiarios de este programa como "desgraciados" y criminales.
A finales de marzo, un juez federal en California decidió bloquear el intento del Ejecutivo por acabar con el TPS, alegando que la decisión causa un "daño irreparable" a los miles de migrantes que se han acogido al programa y sus familias.
