El Consejo de Europa recrimina a España los cortes de electricidad en la Cañada Real
- En torno a 4.500 vecinos, de los cuales más de 1.800 son menores, sobreviven sin luz en el poblado madrileño
- La falta de electricidad ha afectado "especialmente" a las personas con personas con discapacidad
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El Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) ha recriminado a España los repetidos cortes de suministro eléctrico que sufren los habitantes del poblado madrileño de la Cañada Real al incumplir con ellos sus obligaciones de garantizar una vivienda digna.
En una decisión publicada oficialmente este miércoles, pero que se filtró a la prensa en noviembre tras su notificación a las partes, el organismo del Consejo de Europa ha justificado sus críticas por una jurisprudencia propia "consolidada" en la que unas viviendas que carecen de servicios básicos como la electricidad o la calefacción no pueden considerarse dignas.
Para los expertos del comité, "la energía es esencial para la calefacción, la iluminación, el lavado, la cocina y la refrigeración; y garantizar un acceso estable y seguro a una energía adecuada con la vivienda es un elemento clave" de las obligaciones que impone la Carta Social Europea que España infringe.
El Consejo de Europa ha subrayado el carácter "pionero en términos de derecho internacional" de este pronunciamiento, al establecer "la relación entre los derechos humanos y el acceso a la energía".
La razón es que para que las personas puedan disfrutar de sus derechos a la vivienda, a la salud y a la educación de acuerdo a las pautas de la Carta Social Europea, deben tener "acceso estable, constante y seguro a una energía adecuada".
Unas 4.500 personas sin luz
El comunicado del comité, además, apunta que las medidas adoptadas en relación con el realojamiento fueron, a falta de otras, "insuficientes" en términos de garantizar el disfrute del derecho a la vivienda en virtud del artículo 31, apartado 1, de la Carta.
Asimismo, el organismo hace referencia a la participación de las familias y de las asociaciones que los representan, sobre los que añade que deben tener la oportunidad de expresar sus opiniones y de participar en los procesos de toma de decisiones sobre políticas, estrategias y medidas que les impactan.
En torno a 4.500 vecinos, de los cuales más de 1.800 son menores, sobreviven sin luz en sus casas tras cuatro años desde que la empresa eléctrica Naturgy cortó el suministro en octubre de 2020 por las subidas de tensión provocadas por los cultivos ilegales de marihuana en la zona.
Según el comité determina, la falta de electricidad ha afectado "especialmente" a las personas con personas con discapacidad que viven en la Cañada, creando "barreras al ejercicio efectivo del derecho a independencia, integración social y participación".
