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Radiografía de la sequía en Cataluña: una escasez sin precedentes que ha marcado la legislatura

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Vista del rio Ter en la cabecera del pantano de Sau, símbolo de la sequía el último año
Vista del rio Ter en la cabecera del pantano de Sau, símbolo de la sequía el último año EFE/Siu Wu

El Govern que salga de las urnas en Cataluña el próximo 12 de mayo tendrá ante sí un reto inminente y de difícil gestión: el de hacer frente a la larga e intensa sequía a la que se enfrenta la región desde hace más de tres años, y que este verano, cuando eche a andar el próximo Ejecutivo autonómico, puede entrar en una fase aún más aguda si no llueve lo suficiente antes.

La sequía se ha convertido a lo largo de la última legislatura en protagonista de la batalla política, con cada decisión de la Generalitat, gobernada primero por Junts y ERC, y desde 2022 por los republicanos en solitario, sometida a un escrutinio continuo y a las críticas de los partidos. Así ocurrió con las restricciones a casi seis millones de catalanes, tres cuartas partes de la población, aplicadas desde febrero, cuando la comunidad entró en fase de emergencia, y antes con las sanciones a los municipios que incumplían el límite diario de consumo de agua.

De hecho, el propio adelanto electoral ha estado indirectamente condicionado por la sequía. El president de la Generalitat y candidato de ERC, Pere Aragonès, lo decretó tras caer sus Presupuestos por el ‘no’ de los comunes al macroproyecto de juego y ocio Hard Rock, en Tarragona. Estos denunciaban el enorme uso de agua del que sería uno de los mayores casinos de Europa - “Las Vegas del Mediterráneo”, según su líder y candidata, Jéssica Albiach- y en plena escasez y tensiones por el uso de este recurso que hace el turismo.

“Por lo tanto, en parte, estas elecciones se dan porque el Gobierno no ha sabido responder a esta sequía”, señala a RTVE.es Dante Maschio, portavoz de Aigua és Vida, una plataforma que agrupa asociaciones sociales, vecinales y ecologistas a favor de un uso más racional de este recurso. 

Para el catedrático de Geografía Física de la Universidad de Barcelona Javier Martín Vide, "quizás ha habido tibieza a la hora de tomar alguna medida", ya que empezaron a activarse las primeras restricciones a los dos años de que comenzara la escasez. "En algunos momentos el político ha de tomar decisiones, aunque sean impopulares, por el bien común", algo que "cuesta más" en campaña, señala el también director del Instituto del Agua de la UB, quien pone de ejemplo en este sentido la prohibición de fumar en el interior de los bares, que contó con una gran oposición y ahora está asumida por toda la población.

La "situación crítica" de los embalses catalanes, los más vacíos de España

Pero, ¿a qué tipo de sequía se enfrenta Cataluña? Buena parte de la comunidad, la que se abastece de las cuencas internas -como las de los ríos Ter y Llobregat-, está en una “situación crítica”, según explica Martín Vide. “No ha habido un episodio igual de sequía pluviométrica en al menos los últimos 200 años”, ilustra en base a un estudio que elaboró recientemente.

Los embalses de esta cuenca hidrográfica, en la que se encuentran las provincias de Barcelona, Girona y parte de Tarragona, y que gestiona directamente la Generalitat, están al 22% de su capacidad, lo que los sitúa como los más vacíos de todo el país y muy lejos de su propia media de los diez últimos años, del 76%. Las lluvias de marzo, y sobre todo las de estos últimos días han permitido mejorar sustancialmente la situación -las reservas han aumentado en cuatro puntos en apenas una semana-, hasta el punto de que el Govern se plantea levantar las restricciones más severas en los próximos días. Martín Vide considera un "alivio" estas lluvias, también para la agricultura, pero cree que tendría que llover "mucho más" para dar por solucionado el problema, y "no se ve el final de la sequía”.

Solo unas lluvias muy intensas hacia el final de la primavera, como las de la borrasca Gloria en 2020, podrían paliar el problema, pero “las previsiones estacionales no son halagüeñas”, asegura este experto. El panorama es significativamente mejor en la otra cuenca catalana, la del Ebro, que incluye también afluentes como el Segre, y en la que se ubica Lleida y parte de Tarragona. Allí los embalses están más llenos, al 51,5%. La gestión de esta otra cuenca, al abarcar varias comunidades autónomas, corresponde a un organismo dependiente del Gobierno central, la Confederación Hidrográfica del Ebro.

Restricciones -y polémicas- en aumento desde el año pasado

A medida que se iban vaciando los embalses, dando lugar a dramáticas imágenes como la del embalse de Sau tan vacío que se podía ver el pueblo entero y no solo su icónico campanario, el Govern, responsable de la gestión del agua de las cuencas internas, iba elevando las restricciones. Siguiendo el Plan de Sequía aprobado en 2020, la administración autonómica aplicó las primeras restricciones en marzo de 2023 -dos años después del inicio de la sequía-, activando la fase de excepcionalidad, que incluía una reducción del 40% del agua para uso agrícola, la prohibición del riego en zonas verdes o de limpieza de las calles con agua potable. También planteaba un régimen sancionador a los ayuntamientos que incumplieran que, por la presión de Junts y PSC, se flexibilizó.

Con el empeoramiento de la situación, seis millones de catalanes entraron en otra fase el pasado noviembre, la de preemergencia, que pretendía retrasar lo máximo posible la entrada de la actual fase, la de emergencia. Esta comenzó el pasado febrero, cuando los embalses bajaron del 16%, en lo que el Govern denominó como la peor sequía desde que hay registros, y restringía aún más el agua para agricultura -un 80%-, industria -un 25%- y la medida de la que más se ha hablado, limitaba a 200 litros el uso de agua por persona y día. Sin embargo, muchos de los municipios afectados tienen un uso menor -el de Cataluña es de 117 litros por habitante y día-, por lo que en la práctica esta no se notará. Si los embalses siguen bajando en verano y otoño comenzará la fase de emergencia II -en la que ya se encuentran varios municipios de l'Empordà- y III, que restringe respectivamente a 180 y 160 días el uso por persona y día.

Trasvases o gestión de la oferta: así se ha "politizado" la sequía

Y conforme estas restricciones iban aumentado, en paralelo se iba “politizando” la sequía, según Maschio. Este apunta directamente contra el PSC, partido favorito en las encuestas, que es “de los que más campaña hacen” con este tema. Critica que su “enfoque es peligroso”, ya que se basan en la gestión de la oferta, que plantea “más infraestructuras, más turismo” y por tanto “un aumento del consumo de agua”, y enmarca también a Junts+ en estas reclamaciones.

También carga contra el PP y su apuesta por un “Pacto Nacional del Agua” que supondría, según señala, conectar las distintas cuencas mediante trasvases. Concretamente en Cataluña, el partido se ha mostrado partidario de un trasvase del Ebro a Barcelona, aunque el PP de Aragón se niega. El PPC recoge una propuesta de los colegios de ingenieros y economistas que, el pasado diciembre, plantearon una tubería para conectar las dos cuencas catalanas.

Desde Aigua és Vida se oponen a los trasvases y apuestan en su lugar por la llamada “nueva cultura del agua”, que defiende que un territorio se gestiona a través de su cuenca hidrográfica, entre “donde nace y donde muere un río”, por lo que en lugar de “buscar agua de otros territorios”, lo que se debe hacer es “gestionar la demanda y poner límites, porque el agua no es infinita”, expone Maschio.

En una línea similar se expresa Martín Vide, quien señala que “hoy día ya las grandes y medianas obras hidráulicas se intentan evitar” por dos grandes motivos: “Los problemas de impacto ambiental” y “por el hecho de que si se entrevé que va a haber agua, no solamente la va a haber para los usos objetivos, sino que ese agua se va a pedir para aumentar regadío o para construir unas promociones inmobiliarias”, ejemplifica.

Piscinas, hoteles y turistas, en el centro de la polémica

Aigua és Vida considera que ERC, junto con Comuns y CUP, “son de los pocos que hablan de gestión de la demanda, de la necesidad de reducir y de repensar el modelo”, aunque Maschio lamenta que el Govern “ha sucumbido a algunos intereses”, como es el caso de los hoteleros y la flexibilización en las restricciones en el llenado de piscinas, o a los agricultores con la “exención” de los límites que se habían impuesto al consumo de agua.

La administración autonómica prohibió en febrero el llenado de piscinas en hoteles o campings, pero a mediados de abril modificó la restricción para permitirlo siempre que se consideraran “refugios climáticos”, ya fueran públicas o privadas de comunidades de vecinos o establecimientos hoteleros. Al mismo tiempo, con esta nueva ordenanza limitó con mayor severidad la cantidad de litros de agua por persona y día que podían usar los turistas.

La cuestión del uso del agua por parte de los visitantes ha sido uno de los temas candentes en estos meses. Un turista de lujo que se aloje en Barcelona gasta de media más del doble que un barcelonés (242 litres por persona y día frente a 99), según un estudio del Gremi d’Hotels de la Ciudad Condal. El Govern se debate entre las demandas de organizaciones ecologistas y partidos de la izquierda, que piden endurecer más las restricciones al turismo y las advertencias de los hoteleros, que temen perder clientes este verano si siguen.

En este sentido, Martín Vide plantea una propuesta para evitar el sentimiento de “injusticia” entre locales y visitantes”, algo similar a la tasa turística que se paga en muchas ciudades europeas: “Un cliente de un hotel debería tener con su reserva garantizada una cantidad de agua, pero al sobrepasar esa cantidad pagar el sobrecoste correspondiente”.

Las soluciones de emergencia: barcos o desalinizadoras portátiles

Otro gran punto de fricción son las soluciones de emergencia que ha ido planteando la Generalitat. En un primer momento se barajó la posibilidad de traer barcos con agua desde la desaladora de Sagunto, en Valencia, hasta Barcelona, -algo que ya ocurrió en la sequía de 2008- aunque el Govern lo descartó en abril por la mejora de la situación tras las últimas lluvias, y por preferir otra opción: la instalación de plantas desalinizadoras móviles frente a la costa catalana.

Serán 13 en total, 12 en la Costa Brava y una flotante frente al puerto de Barcelona. El Ejecutivo autonómico que preside Pere Aragonès defiende que aportará 40.000 m³ al día, más de lo previsto con los barcos, y con “casi la mitad del coste”. Su puesta en marcha se estudia para octubre, cuando podrían entrar en vigor el escenario de emergencia II, que supone restricciones aún más intensas. Los expertos consultados coinciden en que este tipo de medidas son necesarias en época de escasez acuciante, pero Maschio reclama que sean soluciones "puntuales" y no "estructurales", ya que, además del impacto ambiental que pueden tener las desaladoras, "generan una falsa sensación de disponibilidad".

En su lugar, la solución a largo plazo pasa por una planificación que "incluya la participación ciudadana" y que no se haga "por decreto", como denuncia que ha venido ocurriendo. Además, recuerda la importancia de la gestión de la demanda: "Hace muchos años que solo nos hemos enfocado en poner más infraestructura en el sistema para abastecer una demanda que cada año crece, sin saber cuánta agua tenemos, cuánta podemos dar y sin establecer una jerarquía de prioridades". Martín Vide, por su parte, también destaca la importancia de "planificar muy bien" dado que los escenarios de cambio climático alertan de que Cataluña, como España en general, tendrá menos agua disponible. Y aunque ve con buenos ojos la solución de las desalinizadoras, insiste sobre el peligro de aumentar la oferta: "No se puede ofrecer agua porque si se ofrece agua siempre saldrán actividades económicas en cualquier lugar, aunque sea en un desierto".

¿Qué propone cada partido?

PSC

  • Primer decreto para hacer frente a la sequía, con 3.500 millones de euros para inversiones necesarias
  • Inversiones en las infraestructuras del ciclo del agua para garantizar el recurso para los cinco millones de habitantes de Barcelona y Girona sin depender del agua de lluvia

ERC

  • Continuar con las nuevas infraestructuras previstas: las desaladoras de Tordera y Foix, así como una inversión de 110 millones de euros en la construcción y mejora de 24 plantas de agua regenerada
  • Reafirmar la oposición a los "modelos del pasado" que basan la gestión en los trasvases. Oposición al trasvase del Ebro y revisión y reversión de los Acuerdos del Ter de 2017, que plantean el trasvase a Barcelona

Junts+

  • Exigir al Estado español que delegue en la Generalitat las competencias hídricas plenas en toda Cataluña, incluidas las subcuencas catalanas que gestiona la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE)
  • Acelerar la ejecución de las medidas previstas en la ley de sequía aprobada en 2023, que incluyen las plantas desalinizadoras de Tordera y Foix

CUP-DT

  • Establecer una moratoria al turismo de masas que limite las pernoctaciones y moratoria a nuevas piscinas, tanto en viviendas particulares como de uso turístico
  • Prohibir los trasvases y garantizar que el agua de cada río sea para su propia cuenca

Comuns Sumar

  • Moratoria inmediata a la construcción de piscinas privadas
  • Ejecución de las obras de ampliación de la desaladora de Tordera e instalar otra planta en Foix, ampliar la potabilizadora del Besòs

Ciudadanos

  • Potenciar la inversión y el desarrollo tecnológico para mantener actualizada la infraestructura hídrica de Cataluña
  • Más desaladoras, más depuradoras, menos pérdidas en transporte y almacenamiento, y mayor interconexión entre cuencas.

PP

  • Cofinanciación para adquisición de desaladoras con placas solares particulares frente a la sequía