Las amnistías aprobadas en Europa: los casos de Francia, Italia, Alemania o Portugal

• Francia y Reino Unido también han adoptado medidas de gracia en favor de movimientos secesionistas
• El Congreso de los Diputados aprobó esta semana la ley de amnistía, que ahora pasa al Senado

Banderas de los Estados miembro ondean frente al Parlamento Europeo en Estrasburgo, Francia EFE/JULIEN WARNAND

La amnistía pactada por el Gobierno con los partidos catalanes y aprobada en el Congreso no es la única en Europa impulsada para abordar distintos conflictos en sus respectivos territorios. Francia y Reino Unido adoptaron en 1990 y 2023, respectivamente, medidas de gracia relacionadas con secesionismos, pero hay otros países de nuestro entorno que también han aplicado normas de este calibre.

Tras la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, Italia y Alemania amnistiaron delitos políticos y militares que tuvieron lugar durante la contienda. Por su parte, Portugal conmutó condenas a militares que se sublevaron contra el nuevo régimen democrático tras haber sido parte de la Revolución de los claveles.

Portugal, Italia, Francia, República Checa, Grecia, Dinamarca o Eslovaquia son algunos de los países que recogen en su Constitución la capacidad de conceder amnistías. Sin embargo, algunos otros no reconocen en el marco de su ley fundamental esta norma. Son países como Irlanda, Suecia, Noruega, Hungría o Alemania, habiendo este último aprobado múltiples leyes denominadas como "de impunidad", y que han resultado aplicables en el Estado constitucional.

En España, el Ejecutivo defiende precisamente la tesis de que Europa avala la norma con base en el dictamen de la Comisión de Venecia, que respalda la legitimidad política de la amnistía como elemento de reconciliación aunque señala que la ley debería acortarse temporal y materialmente y que no ha sido aprobada por una mayoría cualificada.

Francia y sus dos conflictos independentistas

Francia ha aprobado en repetidas ocasiones a lo largo de su historia amnistías para cerrar conflictos latentes en la sociedad gala. Se trata de medidas de gracia como las puestas en marcha en 1951 y 1953 a favor de quienes colaboraron con el régimen nazi y cometieron delitos menores durante la Segunda Guerra Mundial.

Pero Francia también ha tomado medidas de gracia en torno a cuestiones secesionistas. Entre 1964 y 1966 se promulgaron tres leyes de amnistía que reconocieron la legitimidad de la lucha por la independencia de Argelia. Años más tarde, en 1990, la Asamblea Nacional aprobó una amnistía vinculada a delitos en relación con las revueltas independentistas del Frente Socialista de Liberación Nacional del Canaco de Nueva Caledonia, archipiélago ubicado en el Pacífico Sur que sigue perteneciendo a territorio francés.

Sin embargo, esta última terminaría siendo objeto de valoración jurídica por parte del sistema europeo de protección de derechos humanos en respuesta a una demanda interpuesta por familiares de víctimas. "La norma recogía la amnistía para agentes del Estado que habían presuntamente violado el derecho a la vida”, señala a RTVE.es el doctor en Derecho y licenciado en Ciencias Políticas, Javier Chinchón.

La Comisión Europea finalmente rechazó la demanda y “se mostró abierta a considerar que una ley de amnistía, aun incluyendo graves violaciones de derechos humanos, podría ser compatible con el Convenio Europeo de Derechos Humanos”, añade el doctor.

Portugal: la Revolución de los Claveles

La Revolución de los Claveles trajo consigo un cambio de régimen en Portugal que dio pie a una amnistía, aprobada en 1979, para condonar infracciones criminales y disciplinarias cometidas tras la insurrección de abril de 1974. En 1996 se procedió a otra medida de gracia, dirigida a favor de un grupo de militares, héroes de la revolución y condenados en 1987 por sublevarse años después contra el nuevo régimen democrático. En concreto, la norma apuntaba directamente a Saraiva de Carvalho, condenado por dirigir y participar en el grupo terrorista FP-25 a principios de los 80.

En los últimos 50 años se han concedido en este país tres amnistías. La última, en 2023, para todos los jóvenes de entre 16 y 30 años por delitos y faltas leves con motivo de la celebración de la Jornada Mundial de la Juventud durante la visita del Papa Francisco en agosto de ese mismo año.

Alemania y sus leyes de "impunidad"

Alemania no reconoce la amnistía en su Constitución, pero ha sacado adelante múltiples normas con tal efecto. El Bundestag aprobó dos leyes denominadas de "impunidad", en 1949 y 1954, que actuaron como medida de gracia para perdonar a todos aquellos que habían cometido delitos durante el nazismo, eximiendo crímenes de guerra.

La última norma en este sentido se aprobó en 2009, en esta ocasión para amnistiar a quienes durante el régimen nazi habían sido condenados por traidores. Además, en 1968 y 1970 se aprobaron leyes de amnistía para beneficiar a los participantes de diversas protestas estudiantiles.

Italia: delitos durante la Segunda Guerra Mundial y amnistías fiscales

En la misma línea que sus vecinos del norte, Italia aprobó en 1946 el perdón de todos aquellos delitos políticos, militares y comunes que tuvieron lugar durante el transcurso de la Segunda Guerra Mundial. Tres años más tarde, se aprobó una nueva medida de gracia que amparó delitos electorales y en 1966 se promulgó una amnistía para delitos leves con pena inferior a tres años.

A todas ellas hay que sumar el elevado número de amnistías fiscales llevadas a cabo, como la que el ex primer ministro Giuseppe Conte concedió en 2018 para condonar la deuda a las grandes fortunas italianas en el extranjero.

Reino Unido, una amnistía para cerrar el conflicto en Irlanda del Norte

El Gobierno de Rishi Sunak logró en septiembre que la Cámara de los Comunes aprobara en Reino Unido la controvertida Ley de Legado y Reconciliación de los Troubles en Irlanda del Norte.

Un proyecto que pretende, según señala a RTVE.es el profesor de Política británica e irlandesa en la Universidad de Liverpool, Jonathan Tonge, "evitar nuevos procesamientos por crímenes cometidos entre 1970 y 1998 en el conflicto norirlandés". Fue una amnistía general para todos aquellos delitos cometidos durante las tres décadas que enfrentaron al terrorismo del IRA con el de las organizaciones paramilitares unionistas y protestantes en una etapa sangrienta para la historia británica.

Pero los intentos de Downing Street por avanzar hacia la reconciliación encontraron una firme oposición. “Rara vez todos los partidos (norirlandeses) se encuentran unidos en torno a un rechazo tan categórico”, asegura el académico.

Tampoco las víctimas del IRA aplaudieron la norma, con la que quedarían impunes de toda responsabilidad penal los más de 1.000 asesinatos por resolver del conflicto. En consecuencia, el Gobierno irlandés ya ha anunciado que recurrirá la ley ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.

Por su parte, a pesar de que la Constitución irlandesa no reconoce esta norma, el país aprobó en 2013 una ley para amnistiar a veteranos de la Segunda Guerra Mundial que desertaron durante el conflicto, sometidos a consejos de guerra o procesados ante un tribunal.

¿Cómo responde Europa ante estos conflictos?

La Comisión Europea, encargada de velar por los intereses generales de la UE, comprueba que se cumple la legislación en cada uno de sus Estados miembros. En reiteradas ocasiones, este órgano ha declarado que las amnistías son una cuestión que compete a la jurisprudencia interna de cada país. “Si la Comisión Europea, un tercio de los Estados miembros o bien el propio Parlamento Europeo entienden que se está violando el Estado de Derecho en una ley de este calibre, el artículo 7 del Tratado de la Unión abre vías para monitorizar más estrechamente a un Estado, o bien se puede poner en marcha el mecanismo de condicionalidad del presupuesto europeo”, explica el profesor de Unión Europea e Historia en la Universidad Rey Juan Carlos, Julio Guinea.

"De no ocurrir esto, el asunto puede llegar ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea a través de alguna cuestión prejudicial dentro de la judicatura de cada Estado", subraya Guinea. De este modo, se podría plantear la cuestión dentro del marco del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Rumanía es uno de los casos más recientes que ilustran bien cómo puede llegar a evaluar la UE una amnistía promulgada en Estado miembro. El Gobierno socialdemócrata de Liviu Dragnea impulsó una ley para condonar ciertas formas de corrupción y que beneficiaba al propio promotor de la norma. En enero de 2019, la Comisión Europea anunció que la norma quebraba principios fundamentales de la UE, como el respeto al Estado de Derecho. En mayo de ese año, el Tribunal Supremo rumano rechazó un recurso de Dragnea y confirmó su condena de tres años y medio de prisión.