De la lluvia de millones para el campo a la polémica por Doñana: la sequía calienta la campaña del 28M

• El plan del Gobierno de 2.190 millones de euros de ayudas devuelve el protagonismo al sector agrario al inicio de la campaña
• La escasez de agua, los trasvases o las restricciones aparecen como temas centrales en varias comunidades clave

Los embalses están 20 puntos por debajo de la media de la última década y no dejan de vaciarse tras una primavera seca

Con media España atravesando su peor sequía en años, la escasez de agua ha irrumpido con fuerza en la campaña electoral que acaba de arrancar. El próximo 28M se decidirán cientos de ayuntamientos y varias comunidades que sufren con intensidad los estragos de la falta de lluvias. Conscientes de que este tema será clave de aquí a la jornada electoral, el Gobierno aprobó el pasado jueves, a unas horas de la pegada de carteles, un importante paquete de ayudas para el campo.

En total, se repartirán 2.190 millones de euros, 636 millones de los cuales en ayudas directas para la agricultura y la ganadería, se subvencionará hasta un 70 % del coste de las pólizas de seguros de los cultivos más comprometidos y se destinarán 1.400 millones de euros para renovar y construir infraestructuras, como nuevas desaladoras.

El Ejecutivo saca pecho de la cantidad "tremendamente significativa" aprobada para asegurar la producción alimentaria, según el ministro de Agricultura, Luis Planas, mientras que el PP ha criticado lo que tacha de medidas "electoralistas" y que llegan "cinco años" tarde. "A los productores no se les engatusa dándole ayudas el día de la pegada de carteles", señaló el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, en uno de sus primeros actos de campaña.

El PP mueve ficha y promete también inversiones en políticas hídricas

Feijóo se enfrenta en estas elecciones municipales y autonómicas a un importante test de la fortaleza del PP de cara a las generales que se celebrarán a final de año. La sequía y la situación del campo tendrá peso en comunidades donde ya gobierna (Región de Murcia) o donde el resultado estará ajustado y puede darse un vuelco electoral a favor de su partido (Comunidad Valenciana, Aragón y municipios de Andalucía). También consciente de esta importancia, ha prometido en Valencia una inversión de hasta 40.000 millones de euros en políticas hídricas en los próximos diez años y ha asegurado que será su primer compromiso si gana la presidencia del Gobierno. Su medida estrella en esta materia es, además, un pacto nacional del agua acordado por todas las comunidades.

El PP no es el único partido que ha movido ficha tras el anuncio del Ejecutivo, hecho público por dos ministros socialistas, Planas y la titular de Transición Ecológica, Teresa Ribera. Unidas Podemos ve el plan "insuficiente", tacha a la parte socialista de "falta de ambición" y lo contrapone a su 'Escudo climático'.

El tira y afloja a cuenta de esta lluvia de millones supone el tercer asalto político en torno a la falta de agua en este intenso año electoral. El primero llegó a principios de año, con la nueva guerra del agua alrededor del trasvase Tajo-Segura, mientras que el segundo gran punto de fricción, la polémica por Doñana, estalló a apenas unas semanas del inicio de la campaña.

Tormenta política por los regadíos en Doñana

La propuesta de PP y Vox en Andalucía para ampliar regadíos en el entorno del Parque Nacional de Doñana, lanzada cuando la escasez de agua comenzaba a cobrar importancia en la comunidad, protagonizó un duro cruce de acusaciones entre la Junta y el Gobierno central, que llegó incluso a Bruselas. Mientras que la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y el propio Pedro Sánchez acusaban al presidente andaluz de "arrogancia" y de ignorar la cada vez menor disponibilidad de agua en este paraíso natural, en estado crítico en los últimos años, Juanma Moreno contestaba denunciando falta de diálogo y amenazas por parte del Ejecutivo.

La controversia ha perdido intensidad en los últimos días, ya que la tramitación de la ley en el Parlamento andaluz no comenzará hasta después del 28M. Aun así, los socialistas en Andalucía no pierden ocasión para cargar contra Moreno, al que acusan de utilizar el plan con motivos electorales de cara a estos comicios y arrancar "un puñado de votos" en Huelva. Se da la circunstancia de que los cinco municipios de la comarca onubense del Condado que se verían beneficiados por el plan son tradicionalmente feudos socialistas.

Más allá de la medida concreta, tanto PP como Vox han reclamado la construcción de más embalses en Huelva y en Andalucía como una medida para hacer frente a la sequía, a lo que el Gobierno, que tiene esta competencia, se opone. El partido de Santiago Abascal reclama, además, interconectar todas las cuencas hidrográficas mediante trasvases, en un momento en el que el principal trasvase de España, el Tajo-Segura, vuelve a estar en el centro del debate.

El recorte al trasvase Tajo-Segura resucita la guerra del agua

La decisión del Gobierno de establecer un caudal ecológico del Tajo y, por tanto, reducir la cantidad que se trasvasa al Segura en los próximos años, ha resucitado la guerra del agua entre comunidades y con el Ejecutivo. Por un lado, Castilla-La Mancha, donde se capta el agua de la infraestructura, se ha mostrado satisfecha con la medida e incluso pide adelantar su implantación, mientras que por el otro, la Región de Murcia, la Comunidad Valenciana y Andalucía, las que reciben el agua, han presentado recursos para paralizar el recorte.

De fondo de esta polémica está el modelo agrícola que se ha desarrollado en el Sudeste español en las últimas cuatro décadas gracias al trasvase. La zona más árida del país es ahora la huerta de Europa, y el regadío no ha dejado de crecer tanto aquí como en Castilla-La Mancha a pesar de que cada vez la disponibilidad de agua es menor. Con el cambio climático, es escenario es de una mayor aridez y pone en jaque uno de los motores económicos de estas provincias, que ya están sufriendo con intensidad los efectos de esta sequía.

A nivel político, el Ejecutivo se ha encontrado no solo con la oposición de Murcia y Andalucía (gobernadas por el PP), sino con la Generalitat valenciana, en manos socialistas. Su presidente, uno de los principales barones del PSOE, Ximo Puig, ha cargado duramente contra la decisión y se ha sumado a las otras dos autonomías en la batalla judicial. El Gobierno se ve abocado, en plena campaña electoral, a mantener un delicado equilibrio entre la defensa del caudal ecológico, como reclama otro destacado barón socialista, el presidente castellanomanchego Emiliano García-Page, y el apoyo a los agricultores en Alicante, Murcia y Almería, donde la falta de agua tiene un papel central en campaña. Todo, además, en dos comunidades donde el mando del PSOE está en peligro y donde se librarán ajustadas batallas el próximo 28M.

La cuestión de los trasvases tiene una larga tradición de batalla política en España. En 2004, nada más llegar a La Moncloa, José Luis Rodríguez Zapatero tumbó el plan de Aznar para impulsar grandes infraestructuras como la que llevaría agua del Ebro al Segura, lo que recrudeció la primera guerra del agua, con la Comunidad Valenciana y Murcia unidas bajo el lema "Agua para todos" contra el entonces Gobierno socialista. El asunto volvería a ocupar portadas con otras sequías, como la de 2008, siempre con los dos principales partidos enfrentados sobre la necesidad de impulsar trasvases como solución a la falta de agua.

¿Qué propone cada partido en materia de sequía?

Ahora, la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo no lleva en su programa marco para estos comicios una mención explícita a los trasvases, pero sí se lee su defensa entre líneas en el apartado "Agua de todos y para todos" -el nombre de la campaña que defendía el trasvase del Ebro al Segura–. "La única manera de hacer frente a los desequilibrios hídricos es anteponiendo a cualquier otra consideración el principio de solidaridad", destacan en este programa.

El testigo de la defensa acérrima de los trasvases lo ha recogido ahora Vox -propone "autopistas del agua" por toda la Península-, un partido que ha situado este tema y el de la sequía como uno de sus principales caballos de batalla en sus últimas intervenciones.

Desde la izquierda, el programa marco del PSOE no menciona tampoco los trasvases en su programa y apuesta por una mejora en la gestión del agua, reivindica el PERTE de la digitalización del ciclo del agua y sitúa la preservación del "buen estado ambiental de las masas de agua" como la vía para garantizar este recurso a largo plazo. Podemos, en su 'Escudo climático', propone una moratoria a nuevos "regadíos hiperintensivos en manos de fondos buitre", "grandes multinacionales extractivas" y grandes propietarios, así como interrumpir el suministro de agua para usos que no cubran necesidades básicas, como campos de golf o piscinas privadas.

Las restricciones y sanciones en Cataluña dividen a los partidos

Tras el abril más seco y caluroso desde que hay registros, la situación de escasez se ha recrudecido en media España, con especial gravedad en Andalucía y Cataluña. Mientras que a nivel nacional los embalses están al 49% de su capacidad, 20 puntos por debajo de la media de la última década, en el Guadalquivir o las cuencas internas catalanas rondan el 25%, lo que ha obligado a la Generalitat a imponer restricciones a la mitad de municipios, que abarcan un 86% de la población.

Precisamente los decretos con los que el Govern, de ERC en minoría, ha impuesto estas restricciones, provocaron las críticas otros partidos, como el PSC o Junts, que cuestionaron las sanciones previstas para los municipios que incumplan con el límite al uso de agua o que no presenten planes antisequía. Con las elecciones municipales a la vuelta de la esquina -no hay autonómicas en la comunidad este 28M-, finalmente socialistas y neoconvergentes forzaron a los republicanos a aplazar a después de los comicios la imposición de sanciones.