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Ribera precisa que el ahorro energético se aplicará "con flexibilidad" y que algunos negocios podrán llegar a 25 grados

  • Asegura que lugares como discotecas, cocinas y gimnasios necesitan una temperatura distinta a otros como librerías
  • La ministra de Transición Ecológica cree que las medidas tendrán "el mínimo impacto en la actividad productiva

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El Gobierno precisa que el ahorro energético y la limitación de temperatura se aplicará "con flexibilidad"

La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha precisado este viernes que algunos negocios como bares y restaurantes pueden limitar el uso del aire acondicionado al "entorno de los 25 grados", teniendo en cuenta las recomendaciones de la legislación laboral, frente a los 27 grados que contempla el real decreto de medidas de ahorro y eficiencia energética aprobado por el Gobierno.

Según ha señalado Ribera en una entrevista a Onda Cero, "no se puede pedir a trabajadores que están en condiciones de ejercicio físico importante que no tengan las condiciones que el derecho laboral garantiza con respecto a los máximos y mínimos de temperatura" y ha puesto como ejemplo que discotecas, cocinas y gimnasios necesitan una temperatura distinta a otros espacios como una librería.

La ministra ha señalado que hay que distinguir entre trabajos sedentarios, como una oficina, de otros activos, como la actividad en un restaurante. "El propio decreto ley incorpora una llamada que allí donde haya espacios donde los trabajadores tengan que desplazarse y tengan un ejercicio físico, debe aplicarse con la flexibilidad que corresponda", ha aclarado.

Comerciantes y hosteleros han mostrado estos días su malestar por la medida y las pérdidas que podía provocar su puesta en marcha.

La flexibilidad a la que alude Ribera aparece reflejada en el decreto de medidas de ahorro energético, publicado en el Boletín Oficial del Estado del 2 de agosto, que establece que los umbrales de temperatura deberán ajustarse en cumplimiento de las "disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo" y que no tendrán que cumplir dichas limitaciones de temperatura "aquellos recintos que justifiquen la necesidad de mantener condiciones ambientales especiales o dispongan de una normativa específica que así lo establezca".

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"Mínimo impacto en la actividad productiva"

La ministra ha afirmado el Gobierno pretende que haya "el mínimo impacto en la actividad productiva" y considera que, aunque las medidas suponen un esfuerzo, este es "razonable" y tiene "muy presentes" las condiciones laborales.

Teresa Ribera ha argumentado que "una cosa es mantener una temperatura que sea cómoda para los trabajadores y que les permita moverse con tranquilidad en ese espacio" y otra muy distinta es "pasar frío, que es lo que en muchas ocasiones todavía estábamos viviendo".

Además, ha descartado que el plan de contingencia previsto para septiembre contemple restricciones o prohibiciones dentro de las casas, aunque propondrán recomendaciones "muy conocidas y muy clásicas" relativas a los termostatos, las ventanas, los toldos y los electrodomésticos.

Así, ha insistido en que el Gobierno busca con estas medidas "no dañar la necesidad ni el confort" de familias y tejido productivo y ha prometido que compartirán el borrador "tan pronto" lo tengan con todas las administraciones, los grupos parlamentarios y los principales sectores sociales y económicos.

También se ha referido Ribera a la confrontación política que ha generado la puesta en marcha de las medidas de ahorro energético, después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunciara su intención de incumplirlas. La ministra de Transición Ecológica ha lamentado que, en un contexto tan difícil como el actual, el debate no se centre en "cómo podemos ayudar" sino en "cómo evitar cumplir o en cómo evitar las sanciones".

También ha descartado que España vaya a seguir las últimas recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), en las que pide que sean los consumidores quienes soporten todo el incremento de los costes de energía y ha argumentado que, ante la capacidad fiscal española, la actuación del Gobierno es más adecuada, puesto que seguir las recomendaciones del FMI "requiere una gran dotación de recursos para las familias más necesitadas", para quienes ha considerado que tendría un impacto redistributivo muy duro.

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