El Gobierno aprueba la ley que regula el acceso y uso de información financiera en la investigación de delitos graves

• El proyecto de ley establece medidas destinadas a facilitar el acceso a la información financiera
• Marlaska ha resaltado que "va a mejorar el trabajo policial en la lucha contra la criminalidad organizada"

Solo será posible en actuaciones de prevención e investigación de delitos graves

El Consejo de Ministros ha aprobado en su reunión de este martes el proyecto de ley que regula el acceso y uso por parte de las autoridades competentes de información financiera y de otro tipo de utilidad para la prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de las infracciones penales.

Esta norma está impulsada por el Ministerio del Interior y pretende regular el acceso directo e inmediato a los datos de los registros centralizados de cuentas bancarias y de pagos, denominado 'Fichero de Titularidades Financieras', estableciendo medidas destinadas a facilitar el acceso a la información financiera y a los análisis financieros de las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF), que elabora el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC).

Eso sí, en ambos casos el proyecto de ley establece que el acceso y uso de dicha información solo será posible en el marco de actuaciones de prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de delitos graves y con "pleno respeto" a los derechos fundamentales y a la legislación vigente sobre protección de datos personales.

Facilitar la lucha contra la criminalidad organizada

"Esta norma va a mejorar el trabajo policial en la lucha contra la criminalidad organizada", ha resaltado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Según se precisa en la norma, las autoridades competentes para acceder y consultar el Fichero de Titularidades Financieras son los órganos judiciales penales; el Ministerio Fiscal; la Fiscalía Europea; las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; las policías autonómicas con competencias en investigación de delitos graves; la Oficina de Gestión y Recuperación de Activos (ORGA) del Ministerio de Justicia, y la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).

El proyecto transpone una Directiva europea, por lo que el Consejo de Ministros ha pedido a las Cortes que su tramitación se realice por el procedimiento de urgencia.