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La Fiscalía pide la imputación del BBVA como persona jurídica en el 'caso Villarejo'

  • Por los delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y corrupción en los negocios
  • Rechaza que la entidad pueda ser considerada como perjudicada y que se persone como acusación 

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La Fiscalía pide imputar al BBVA en el 'caso Villarejo'

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido este miércoles al juez del caso Villarejo la imputación del BBVA por los delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y corrupción en los negocios en la pieza que investiga el supuesto espionaje encargado por la entidad al excomisario en 2004, ante una OPA hostil de Sacyr, y que se prolongó hasta 2017.

Además, Anticorrupción rechaza que la entidad pueda ser considerada como perjudicada y desestima que se pueda personar como acusación particular, según el escrito presentado ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional que lleva el caso, Manuel García Castellón.

Los documentos en soporte papel y digital incautados en registros el pasado noviembre en el marco de la Operación Tándem y los aportados por la entidad acreditarían, según el Ministerio Público, que la contratación y los pagos presuntamente ilícitos a la mercantil CENYT, de la que entonces era titular el excomisario, afectaron a "áreas sensibles" del banco y a diversos ejecutivos de la entidad durante "un prolongado" período.

"Dádivas del entorno" de CENYT a directivos del BBVA

La Fiscalía considera que la entidad bancaria podría haber incurrido en el delito de cohecho activo, dada la "incompatibilidad" de los encargos asumidos por el entramado empresarial y la condición de funcionario policial en activo de Villarejo en contrataciones que tendrían por objeto "el desarrollo de multiples servicios de inteligencia o investigación" de naturaleza patrimonial y carácter ilícito. 

En cuanto al delito de descubrimiento y revelación de secretos, Anticorrupción señala el hecho de que los trabajos encargados habría significado "una reiterada injerencia injerencia en los derechos fundamentales" de las personas con "seguimientos personales y acceso a sus comunicaciones o a su documentación bancaria".

Respecto al delito de corrupción en los negocios, se podría haber producido, según la Fiscalía, porque algunos de los directivos investigados habría recibido "dádivas del entorno del grupo CENYT" por haber facilitado dichas contrataciones.

Declaraciones de cargos del BBVA

La petición de Anticorrupción se produce después de la comparecencia como investigados a una decena de cargos actuales y pasados de la entidad, entre ellos al exconsejero delegado Ángel Cano y al exjefe de seguridad Julio Corrochano, al que impuso una fianza de 300.000 euros para no entrar en prisión que ya ha abonado.

Casi todos ellos se acogieron a su derecho a no declarar por estar secreta la causa y el juez tiene previsto citarle de nuevo cuando levante el secreto de estas diligencias, previsiblemente después del verano, según informaron a Efe fuentes jurídicas.

La mayor parte de los investigados, según estas fuentes, manifestaron su interés en colaborar con la Justicia en el momento en que se levante el secreto de esta pieza, la número 9 del llamado caso Tándem.

De todos los llamados a declarar por este asunto, el juez, a petición de la Fiscalía, solo impuso medidas cautelares al exjefe de Seguridad del BBVA Julio Corrochano, que también se negó a prestar declaración y que pagó una fianza de 300.000 euros para evitar la prisión.

En esta ronda de declaraciones, el juez y los fiscales del caso se desplazaron a la prisión de Estremera (Madrid) para interrogar a Villarejo, que confirmó la existencia de ese contrato con el BBVA, pero negó que fuera para realizar "ningún tipo de espionaje", sino que se trató de un acto defensivo ante una OPA hostil de Sacyr en 2004.

BBVA dice que ha aportado "hallazgos relevantes" al juez

Horas después de conocerse la noticia, el BBVA ha desvelado que ha aportado al juez "hallazgos relevantes" sobre el espionaje que la entidad encargó al excomisario José Villarejo y ha reiterado su compromiso con la ley después de que la Fiscalía haya solicitado la imputación del banco.

En un comunicado recogido por la Agencia Efe, el presidente del BBVA, Carlos Torres Vila, asegura que continuará "colaborando activamente con la justicia" para esclarecer los hechos, tal como ha sucedido desde la apertura de esta novena pieza separada de la Operación Tándem que investiga la relación entre el banco y el expolicía.

No obstante, el banco subraya que la condición de investigado solicitada por Anticorrupción "no implica, en esta fase preliminar del procedimiento, la acusación formal por ningún delito", y añade que el propio banco solicitó personarse como perjudicado por los hechos.

Santander, CaixaBank y Bankia han pasado por una imputación

El BBVA no es el primer banco inmerso en un proceso judicial como persona jurídica. Prácticamente todos los grandes bancos españoles han tenido que responder ante los tribunales por irregularidades cometidas por sus administradores.

El Banco Santander dejó de estar imputado hace menos de tres meses en la liquidación del Popular, en junio de 2017, que posteriormente la entidad que preside Ana Botín compró por un euro. La Audiencia Nacional decidió el pasado abril admitir a trámite el recurso presentado por el Santander contra su imputación, en calidad de heredero, en la causa que investiga la quiebra y liquidación del Banco Popular en contra del criterio de la Fiscalía.

Otro de los casos más sonados de los últimos años ha sido el de Bankia, investigado junto a su matriz BFA en el juicio por la salida a Bolsa, que encara ya su recta final.

Caixabank figura también como investigado por haber, presuntamente, ayudado a través de alguna de sus sucursales a blanquear dinero procedente de la mafia china en España.

No fue hasta 2010 cuando se aprobó la Ley Orgánica de 23 de noviembre, que reformaba el Código Penal e introducía en nuestro ordenamiento jurídico, por primera vez de forma clara y determinante, un verdadero sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas.

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