La Audiencia Nacional archiva la causa de las preferentes de Caja Madrid y Bancaja al negar que hubiera estafa

• No ve acreditado que se ofreciesen para "engañar a los inversores"
• La causa analizaba si se emitió deuda para disfrazar la insolvencia de la entidad
• No obstante abre la puerta a los afectados a que recurran por la vía civil

El juez Andreu archiva la causa por las preferentes de Caja Madrid

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha archivado la pieza separada que abrió para investigar la comercialización de preferentes al considerar que no ha quedado acreditado que las entidades emitieran estas participaciones con el objetivo de engañar a los inversores y, por tanto, niega cualquier delito de estafa por parte de las mismas.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 expone en dos autos (uno relativo a la causa de Caja Madrid y otro a Bancaja) a los que ha tenido acceso RTVE, que no ha quedado acreditado que la entidad emitiera participaciones preferentes “con el objeto de engañar a los inversores de forma global a sabiendas de que no iban a recuperar su inversión”.

Asimismo, el magistrado reconoce que no puede acreditarse que la emisión de preferentes entre minoristas con el objetivo de mejorar la capitalización de la entidad “fuera en sí mismo delictiva ni siquiera que revistiera alguna irregularidad significativa”.

Sendos autos, sin embargo, sí recogen que se han podido producir "graves deficiencias" en la venta de este producto financiero y que, incluso, han podido primar los propios intereses de los vendedores por encima de los de sus clientes. Por este motivo, el juez Andreu remite a los preferentistas a acudir a la vía civil para "satisfacer sus intereses".

“La vía civil es la que está dando cumplida respuesta a aquellos adquirentes de participaciones preferentes que no fueron debidamente informados de la naturaleza y riesgos del producto”, ha indicado.

Niega que exista delito de estafa

Según el magistrado, nuestra jurisprudencia califica la modalidad de estafa como “negocios jurídicos criminalizados”, caracterizada por el propósito inicial de incumplir lo pactado y obtener beneficio con ello.

Esto implicaría, por tanto, el conocimiento por parte de Caja Madrid y de Bancaja, principales entidades que posteriormente pasaron a integrarse en Bankia, de una futura situación de insolvencia, algo que, tal como indica el auto, “resulta difícilmente sostenible”.

El Ministerio Público ha señalado en su informe que tampoco ha quedado acreditado ni por vía testifical ni documental que los comerciales de las entidades recibieran instrucciones para comercializar el producto entre los inversores más inadecuados de manera que se viniera a contradecir lo expuesto en los contratos y en los test de idoneidad.

Estos mismos contratos, tal como indica el auto, se formalizaron por lo general adecuadamente, sin perjuicio de los defectos detectados por la Comisión Nacional de Mercados de Valores (CNMV) y que la entidad corrigió siguiendo la sindicaciones del supervisor.

Tampoco existió cooperación por parte de la CNMV y el Banco de España

Por tanto, el magistrado descarta “que la CNMV y el Banco de España fueran cooperadores necesarios –tal como indica el querellante-, ni que existiera un conocimiento previo por parte del anterior Gobierno y en el seno de su política económica”.

De esta manera, ambas entidades no fueron incluidas en su investigación pese a que la querella presentada por Unión Progreso y Democracia (UPyD) se dirigía contra Miguel Ángel Fernández Ordóñez, exgobernador del Banco de España, y Julio Segura, expresidente de la CNMV, por la comisión de un presunto delito de encubrimiento.

Al contrario, recoge que la venta de preferentes como forma de financiación entre clientes minoristas no podía ser desconocida por las autoridades reguladoras y supervisoras porque fueron ellas las que las autorizaron "expresamente".

Determinar si se emitieron para disfrazar la insolvencia

La querella por las preferentes, presentada por UPyD, fue admitida a trámite el 10 de junio de 2013. En la misma se recogía que ambas entidades habían llevado a cabo delitos de estafa de inversores, apropiación indebida, publicidad engañosa, administración fraudulenta o desleal y maquinación para alterar el precio de las cosas.

Iniciadas entonces, las pesquisas se dirigían contra los antiguos máximos responsables de Caja Madrid, una lista en la que actualmente no figura quien fuera presidente de la entidad entre 1996 y 2010, Miguel Blesa, contra el que quedó extinguida cualquier tipo de responsabilidad tras su fallecimiento en julio de 2017.

En concreto, pretendían esclarecer "si para paliar, retrasar u ocultar de alguna manera" el deterioro patrimonial de Bankiasubordinada y/o participaciones preferentes como una manera de captar activos y disfrazar la situación de insolvencia".

La decisión llega casi dos años después de que el magistrado reactivara esta parte del caso y requiriera al Banco de España las agendas de las reuniones que mantuvo el organismo con directivos de la entidad entre 2009 y 2010 a fin de conocer toda circunstancia que pudiera tener un "impacto real o potencial relevante en la solvencia, liquidez o rentabilidad" de la caja.