La Hacienda catalana, "preparada" para asumir plenas competencias fiscales tras la consulta del 1-O

• Asume la gestión de los principales impuestos cedidos por el Estado
• Tiene un potencial de recaudación de unos 42.000 millones de euros
• La 'Hacienda catalana' dispone de 32 oficinas para recaudar impuestos
• Hacienda avisa de posibles sanciones a quien tribute indebidamente

Puigdemont dice que la Hacienda catalana está lista para aplicar el resultado del referéndum

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha asegurado este lunes que la Agencia Tributaria de Cataluña estará "preparada" para aplicar el resultado del referéndum anunciado para el 1 de octubre, "sea cual sea la voluntad" que manifiesten ese día los catalanes, ha añadido.

En una rueda de prensa para presentar la nueva etapa de la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC), que desde este lunes asume la gestión plena de los principales impuestos cedidos por el Estado, el presidente catalán se ha referido así a la evolución de la ATC, embrión de la futura Hacienda catalana que desea el Govern.

El vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda, Oriol Junqueras, se ha limitado a comentar que la Agencia Tributaria de Cataluña "se adaptará a los retos que comporte el futuro", y ha insistido que "pase lo que pase el 1 de octubre" habrá "voluntad de diálogo" con el Estado.

También desde este mes de septiembre la ATC se hará cargo de la recaudación ejecutiva de los impuestos propios y cedidos, es decir, del cobro de impagos, función encargada hasta ahora a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), que también se encargaba del cobro de las multas pendientes del Servicio Catalán de Tráfico.

"La ATC tiene un potencial de recaudación de unos 42.000 millones de euros, lo que multiplica por 15 la recaudación efectiva de este año y por 34 la que hicimos en 2015, antes del inicio del despliegue", ha asegurado Junqueras, que ha dicho que la ATC es "homologable a las mejores agencias europeas".

La Generalitat asumirá "plenas competencias fiscales"

El Govern ha dado un impulso a la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) al asumir el control de los principales impuestos cedidos por el Estado como el de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y el de sucesiones y donaciones, que liquidaban los registradores de la propiedad.

Aunque la Generalitat asumió esas funciones oficialmente el 1 de septiembre, la atención al público ha empezado este lunes, con 32 oficinas habilitadas en toda Cataluña, 19 de ellas propias de la ATC (las cuatro delegaciones provinciales de la ATC y 15 oficinas más) y 13 más compartidas con entes locales.

El despliegue territorial de la ATC forma parte de la estrategia de crecimiento de la Agencia y responde a la voluntad del Gobierno de la Generalitat de "preparar la administración tributaria catalana para la asunción de las plenas competencias fiscales" tras el anunciado referéndum de independencia del 1 de octubre.

El Parlament catalán aprobó el 28 de julio, con los votos favorables de Junts pel Sí, la CUP y el diputado no adscrito Germà Gordó, la ley del código tributario de Cataluña, una "estructura de Estado" para los soberanistas de cara a una futura "Hacienda catalana".

Hacienda avisa: hay que tributar ante la administración competente

Ante el anuncio de que la Agencia Tributaria Catalana asumirá la gestión plena de los impuestos cedidos por el Estado, el Ministerio de Hacienda ha recordado a través de un comunicado el deber de los contribuyentes de liquidar los impuestos ante la administración competente y ha advertido de que hacerlo indebidamente ante la Agencia Tributaria Catalana puede implicar sanciones e incluso ser constitutivo de un delito penal.

Hacienda recalca que, si bien Cataluña es competente para gestionar sus propios tributos, no puede asumir los que no le compete gestionar, y avisa a los contribuyentes que presentar sus declaraciones ante la administración indebida implica que "se tendrán por no presentadas y las deudas por no pagadas".

En concreto, Hacienda explica que, en el marco del sistema de financiación autonómica, Cataluña, como las demás comunidades de régimen común, tiene una administración tributaria propia competente para gestionar sus propios tributos y los estatales cuya recaudación se cede íntegramente a esas comunidades de régimen común.

Cita en concreto el Impuesto sobre el Patrimonio, el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, los tributos sobre el juego y el impuesto especial sobre determinados medios de transporte. El resto se tiene que pagar ante la administración tributaria competente, y no hacerlo reitera Hacienda que implica que se den por no pagadas las deudas.

El Ministerio advierte de posibles sanciones

Por tanto, explica que en el caso de los impuestos cuya gestión corresponde al Estado, Hacienda podría iniciar procedimientos de comprobación, liquidar la deuda tributaria e imponer sanciones, así como iniciar el procedimiento de apremio para hacer efectivo el importe de la deuda. "En su caso, estas conductas podrían ser constitutivas de delito contra la Hacienda Pública", añade el comunicado.

En este sentido, Hacienda recuerda que las personas jurídicas no tienen sólo responsabilidad tributaria, sino también responsabilidad penal, de acuerdo con el Código Penal.

Además, sus administradores pueden incurrir en responsabilidad tributaria, como responsables solidarios o subsidiarios del pago de la deuda tributaria defraudada en función de su grado de participación en la infracción tributaria.

El comunicado del Ministerio encabezado por Montoro señala que la Generalitat creó en 2007 la Agencia Tributaria de Cataluña como ente encargado de la aplicación de los tributos cuya gestión corresponde a la Generalitat, de la misma forma que otras comunidades disponen también de sus propias Agencias Tributarias autonómicas.

Añade que la Generalitat ha aprobado disposiciones para impulsar esta agencia y poder convertirla en la "Hacienda propia" de Cataluña, pero que el Tribunal Constitucional ha anulado todas aquellas previsiones que excedían el marco constitucional y estatutario.