Los sindicatos de estibadores piden a la patronal negociar cuanto antes, aunque mantienen la huelga

• Los trabajadores rechazan el real-decreto ley convalidado por el Congreso
• Aseguran que el Gobierno ha abocado al sector "a un posible conflicto"

Varios representantes de los estibadores durante el pleno en el que el Congreso ha convalidado el real decreto ley.

Los sindicatos de estibadores van a mantener el calendario de ocho jornadas de huelga, convocadas a partir del próximo miércoles, tras la convalidación este jueves del real decreto-ley de reforma del sector en el Congreso, aunque intentarán convocar cuanto antes a la patronal en una mesa de negociación.

El responsable de la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar (CETM), Antolín Goya, ha explicado, al término de la votación, que los sindicatos quieren dar el primer paso y convocar la reunión con la patronal Anesco para el próximo lunes, si es posible.

Goya ha asegurado que, a pesar de la convocatoria de la huelga, la mesa de diálogo con la patronal podrá estar rodeada de "la más absoluta normalidad, para ver si somos capaces, en ese espacio que se nos brinda a partir de este momento, con el real decreto-ley y el real decreto que lo desarrolla, buscar una solución al conflicto".

En su opinión, evidentemente, el hecho de que la negociación llegue a buen fin, no solo dependerá de los sindicatos de estibadores, sino también de los intereses de la patronal y de que las empresas "estén en disposición de garantizar el empleo y la continuidad" a los trabajadores.

"El Gobierno nos aboca a un posible conflicto, cuyo único responsable es el real decreto-ley de reforma de la estiba que se ha llevado adelante sin ningún tipo de pacto ni con empresas ni con trabajadores", ha lamentado Goya.

El coordinador del CETM ha reconocido que los estibadores se sienten decepcionados con el resultado de la votación en la que el Congreso ha respaldado el decreto con 174 votos a favor y 8 abstenciones, ya que entiende que se han tomado decisiones "absolutamente erróneas, basadas en la falta de diálogo".

El Gobierno ha logrado convalidar el real decreto-ley de la estiba con el apoyo de Ciudadanos -que se abstuvo en la anterior votación del pasado mes de marzo- y la abstención clave de los nacionalistas del PDeCAT, la antigua Convergència.

Critica el apoyo de los nacionalistas

Goya ha señalado que los trabajadores no salen derrotados, tras la aprobación de la reforma del sector, sino sabiendo que su objetivo "sigue siendo exactamente el mismo: la garantía del empleo y conseguir que los estibadores sigan teniendo estabilidad y continuidad", para lo que van a trabajar y dar "una oportunidad" a la mesa de diálogo con las empresas.

"Vamos a intentar de forma ordenada y normalizada conseguir todos aquellos objetivos que nos faltan en este momento", ha matizado Goya, para agregar que los trabajadores portuarios están "totalmente defraudados" con el comportamiento de los grupos políticos, que han apoyado el decreto-ley, en algunos casos "solamente a cambio de intereses económicos para sus regiones".

Aunque el real decreto-ley "hace de todo menos garantizar el mantenimiento del empleo", ha reconocido que el nuevo texto deja "herramientas" para poder trabajar y negociar, lo que no hacía el anterior, y contiene algún avance positivo en temas como la formación o de ámbito, fruto del trabajo de algún grupo parlamentario como PDeCAT.

La Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF) ha calificado de "una traición a los trabajadores portuarios españoles" la aprobación del real decreto-ley que liberaliza el sector de la estiba y ha adelantado que los estibadores de todo el mundo apoyarán a sus colegas en España.

Bruselas cree que "permitiría reconsiderar" la multa adicional

Por su parte, la Comisión Europea cree que "a primera vista" la aprobación de la reforma de la estiba es un "acontecimiento positivo" que "permitiría reconsiderar" el recurso en el que propone una multa adicional por incumplir la normativa europea una vez que haya estudiado los detalles de la misma, según han informado fuentes comunitarias.

"Tomamos nota del voto de hoy. Estudiaremos cuidadosamente las medidas tan pronto como nos sean comunicadas", han señalado las mismas fuentes. "A primera vista es un acontecimiento positivo que nos permitiría reconsiderar el caso a su debido tiempo", han añadido según informa Europa Press.

España ya ha acumulado 24,5 millones de euros por la primera sanción que propone Bruselas, que asciende a 27.522 euros por cada día de retraso en reformar el régimen de la estiba desde que se hizo pública la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) que lo declaró ilegal (el 11 de diciembre de 2014).