El Consejo de Ministros aprueba la reforma del Impuesto de Sociedades para recaudar 8.000 millones

• Se basa en el sistema de pago fraccionado por trimestres
• Endurece del 12% al 23% el tipo a empresas que facturen más de 10 millones
• Entidades de crédito y de explotación de hidrocarburos, el 25%
• Bancos y petroleras seguirán pagando un tipo general del 30%

El Gobierno en funciones aprueba la reforma del Impuesto de Sociedades

El Consejo de Ministros ha aprobado por decreto ley la reforma del Impuesto de Sociedades con la que el Gobierno en funciones pretende recaudar 8.000 millones de euros adicionales destinados a la reducción del déficit público, lo que permitirá cumplir con el objetivo del 4,6% del PIB comprometido para este año con Bruselas.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que además el Ejecutivo negocia con los grupos parlamentarios una proposición de Ley para reformar la Ley de Estabilidad presupuestaria, con el fin de poder trasladar los nuevos objetivos de déficit marcados por Bruselas a las Comunidades Autónomas.

"Se trata de que puedan mantener su nivel de servicios públicos", ha dicho, tras señalar que el Ejecutivo está gobernando en funciones y son "momentos difíciles".

Recupera el sistema de pagos fraccionados

El ministro de Hacienda en funciones, Cristóbal Montoro, ha explicado que la reforma recupera el sistema de pagos fraccionados que se estableció en 2012 y que se levantó este año, lo que ha provocado una caída de los ingresos procedentes de Sociedades superior al 25% conforme a los últimos datos de ejecución presupuestaria hasta agosto.

"Si no lo hacemos (subir los pagos fraccionados), vamos a reducir la recaudación del Impuesto de Sociedades en una cuantía que no nos podemos permitir", ha asegurado Montoro.

El ministro ha insistido en que no se trata de una subida del tipo general del impuesto, sino de los pagos que se adelantan a cuenta, y que al año siguiente con la presentación de la declaración se liquidan las diferencias que puedan existir a favor de la empresa o del Estado.

"Es un anticipo a cuenta, como hacemos las personas físicas en el IRPF y a las que 3 de cada 4 les resulta a devolver", ha dicho.

La vicepresidenta ha reiterado que no se trata de una subida de impuestos sino "un cambio de metodología del pago fraccionado".

Se eleva del 12% al 23% el tipo mínimo de pago fraccionado

La reforma consiste en un incremento con carácter permanente de los pagos fraccionados que las empresas adelantan a cuenta del impuesto en los meses de abril, octubre y diciembre del periodo impositivo en curso. En julio del año siguiente se liquidan las diferencias con la presentación de la declaración de Sociedades.

Por lo tanto, stablece un tipo mínimo que será del 23% frente al 12% actual para aquellas empresas que facturen más de 10 millones de euros anuales (unas 9.000) y que estará en vigor, como mínimo, este año y el que viene, aunque no se descarta que también se aplique en 2018 en función de la evolución del déficit.

La cantidad que las entidades de crédito y las empresas que explotan yacimientos de hidrocarburos deberán abonar se eleva al 25%.

Bancos y petroleras son las únicas empresas que siguen pagando un tipo general del 30% en el Impuesto de Sociedades, ya que al resto se les bajó al 25% en la reforma fiscal aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2014.

Montoro ha informado de que la medida permanecerá en vigor hasta que el déficit público se sitúe por debajo del 3% del PIB. El objetivo, ha afirmado, es mantener una recaudación total del Impuesto de Sociedades de entorno a 20.000 o 21.0000 millones de euros al cierre de 2016.

Se mantendrá hasta que el déficit baje del 3%

Montoro ha informado de que la medida permanecerá en vigor hasta que el déficit público se sitúe por debajo del 3% del PIB. El objetivo, ha afirmado, es mantener una recaudación total del Impuesto de Sociedades de entorno a 20.000 o 21.0000 millones de euros al cierre de 2016.

La medida ha variado respecto a lo inicialmente comunicado a la Comisión Europea, puesto que se avanzó que los cambios afectarían a las empresas con una facturación de más de 20 millones de euros, que pagarían al menos un 20% de su resultado, y que se recaudarían hasta 6.000 millones de euros.