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Anticorrupción pide tres años de cárcel a la excúpula de NGC por sus prejubilaciones

  • Solicita además a los seis acusados la devolución de 18,9 millones de euros
  • Entre ellos está el excopresidente de la entidad, Julio Fernández Gayoso

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Imagen de archivo de una sucursal de Novagalicia Banco
Imagen de archivo de una sucursal de Novagalicia Banco. TVE

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido penas de tres años de prisión para la excúpula de Novacaixagalicia, entre ellos su excopresidente Julio Fernández Gayoso, por el cobro supuestamente indebido de prejubilaciones millonarias, y que devuelvan los 18,9 millones que percibieron por este concepto.

El Ministerio Público acusa a Fernández Gayoso; al ex director general, José Luis Pego; al ex director general adjunto ejecutivo, Javier García de Paredes; el exresponsable del Grupo Inmobiliario, Gregorio Gorriarán; uno de los gestores de la oficina de integración, Óscar Rodríguez Estrada, y el abogado Ricardo Pradas, de apropiación indebida y administración desleal o, alternativamente, de estafa.

Además, en su escrito provisional de conclusiones, Anticorrupción reclama que devuelvan solidariamente a Novacaixagalicia las cantidades ilícitamente percibidas, que ascienden a 18.915.291,56 euros.

De esa cifra, detalla el escrito, Pego cobró 7,7 millones de euros; García de Paredes 5,6 millones; Gorriarán 4,8 millones; Gorriarán Laza 4,8 millones y Rodríguez Estrada, 691.261 euros.

Por último, solicita que se les imponga una multa de 75.000 euros y que se les inhabilite para el ejercicio profesional de actividades relacionadas con el sector financiero o bancario y/o el ejercicio profesional.

"Clara intención de obtener un importante beneficio patrimonial"

Novacaixagalicia empezó su andadura el 1 de diciembre de 2010 después de recibir del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) una inyección de 1.162 millones de euros.

Según la Fiscalía, los directivos de Caixanova -Pego, Rodríguez Estrada y Gorriarán- acordaron, "movidos por la clara intención de obtener un importante beneficio patrimonial, introducir diversas mejoras económicas en sus contratos de alta dirección" que les garantizara "una cuantiosa liquidación y rentas vitalicias futuras" en el caso de que abandonaran la entidad tras la fusión.

Y ello lo hicieron en mayo de 2010, con la "colaboración de Fernández Gayoso y "con pleno conocimiento" de "la complicada situación financiera de ambas cajas y, lógicamente, de la entidad nacida tras su integración".

Los contratos fueron renovados "no solo con las mejoras salariales", sino también con el reconocimiento de compromisos por pensiones, que, para el caso de que renunciaran, "podría repercutir en la solvencia de la nueva entidad".

Pradas redactó, a petición de Fernández Gayoso, las nuevas cláusulas de los contratos de los tres altos directivos "con pleno conocimiento de su carácter innovador y las mejoras que comportaban".

Modificaciones ocultadas deliberadamente

Las modificaciones incorporadas a los contratos fueron ocultadas primero a la Comisión de Retribuciones, en la sesión del de 18 de octubre de 2010 y después al Consejo de Administración que se reunió el mismo día. A propuesta de Fernández Gayoso se acordó, además que el anterior director general de Caixa Galicia, Francisco Javier García de Paredes Moro, nombrado director general adjunto ejecutivo de la nueva entidad fusionada, suscribiera un contrato "con las mismas condiciones que los demás altos directivos de Caixanova".

Para culminar sus objetivos, en agosto de 2011 Fernández Gayoso convocó un nuevo Consejo de Administración en el que el asesor Pradas presentó la información sobre las condiciones de los contratos "de manera abstracta, sin identificar de qué directivos se trataba, sin cuantificar las indemnizaciones, sin especificar la cuantía que podría representar para la entidad el real ejercicio de la facultad de renuncia, ni las probabilidades de que los directivos hicieran uso de ella".

Las liquidaciones por jubilación, los conceptos y los importes concretos a abonar no fueron debidamente conocidos ni autorizados por el Consejo de Administración de la caja fusionada "hasta después de su pago ni tampoco por el Banco de España." Además, las liquidaciones se practicaron infringiéndose deliberadamente las limitaciones asumidas por Novacaixagalicia frente al FROB en materia de indemnizaciones, dicen las fiscales.

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