Los astilleros piden al Gobierno que reduzca la cantidad que deberán devolver los inversores

• Bruselas ha dejado en manos de Hacienda la fijación de la cuantía a devolver
• El Gobierno no descarta recurirrir la resolución de la Comisión Europea
• El ministro Soria reconoce que la resolución final mejora lo anunciado

Los trabajadores de los astilleros decepcionados por la decisión de la CE de devolver las ayudas fiscales

La patronal de astilleros privados Pymar ha pedido este miércoles al Gobierno que trate de aminorar el impacto que tendrá la decisión de la Comisión Europea de que una parte de los inversores devuelva al Estado las bonificaciones fiscales de las que se beneficiaron al invertir en la construcción de buques. Los empresarios del sector naval consideran que existe ese margen de reducción, ya que Bruselas deja en manos del Ministerio de Hacienda el cálculo de las ayudas fiscales que deberán reembolsarse.

Esa posibilidad abierta por Bruselas ha hecho cambiar en cierta medida la postura de Pymar: el martes consideraba "devastador" para el sector que se tuvieran que devolver ayudas recibidas entre 2007 y 2011, mientras que en la rueda de prensa posterior a la decisión comunitaria, han señalado que existen "esperanzas" al dejar en manos del Gobierno español el cálculo de las cuantías de las devoluciones.

No obstante, la patronal ha considerado la decisión de Bruselas "injusta y discriminatoria", por lo que está estudiando si la recurrirá ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo o si realizará otro tipo de medidas judiciales que no ha querido precisar.

Soria no descarta recurrir la decisión

En cuanto a la reacción del Gobierno, el ministro de Industria, José Manuel Soria, ha anunciado que el Ejecutivo se reserva el derecho a recurrir la resolución de la Comisión Europea, aunque ha reconocido que la decisión final "es mejor que la anunciada inicialmente", que proponía devolver parte de las bonificaciones concedidas a los inversores desde 2005.

"No es la solución que el Gobierno había planteado, no es la que le  gusta, pero lógicamente es mejor que la que había anunciado hace unos  días el vicepresidente Almunia", ha dicho Soria. En este sentido, ha concretado que el Gobierno se inclinará "por  aquello que la Abogacía del Estado y los servicios jurídicos" decidan  que debe hacerse.

Sobre la suavización de la resolución, Soria ha destacado la importancia que ha tenido en el  cambio de posición de la Comisión Europea la conversación que mantuvo el  jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, con el presidente de este organismo,  José Manuel Durao Barroso, así como la implicación directa del  comisario europeo de Industria, Antonio Tajani, en la defensa de los  intereses del sector naval español. Asimismo, ha destacado la unión de las comunidades autónomas afectadas, los sindicatos, el  sector naval y el Gobierno a la hora de defender los astilleros  españoles ante Bruselas.

El titular de Industria ha remarcado que aún se desconoce el impacto de la resolución, ya que la Comisión Europea ha establecido un mecanismo "complejo" y será el Ministerio de Hacienda el que deba determinar cuáles son exactamente las cuantías.

El ministro ha recordado también que, desde enero de este año, esta vigente el nuevo sistema de tax lease y que, por tanto es posible que, quien desee financiar o construir un barco en España, lo pueda hacer de acuerdo a ese modelo y al nuevo sistema de desgravación fiscal vigente desde hace seis meses.

Por su parte, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha dicho que su departamento será el encargado de evaluar la cuantía de las ayudas que tienen que devolver los astilleros y estimará si es excesiva y perjudica el futuro del sector naval, en cuyo caso el Gobierno presentará un recurso.

En declaraciones a los medios en los pasillos del Senado, donde se celebra un pleno extraordinario del Congreso, cuyo hemiciclo está cerrado por obras, Montoro no ha querido hacer una estimación de la cantidad que tendrían que devolver los astilleros y ha precisado que el Ministerio de Hacienda hará un análisis a este respecto.

Los eurodiputados lamentan la decisión de la CE

También los eurodiputados españoles han lamentado la decisión de la Comisión ante el temor de una posible quiebra del sector. "La bondad o la maldad de esta decisión la comprobará el propio Almunia, viendo si los astilleros españoles continúan abiertos o entran en concurso de acreedores dentro de unos meses", ha dicho a Efe el diputado del PP Salvador Garriga.

Por su parte, el eurodiputado socialista Antolín Sánchez Presedo ha asegurado en un comunicado que la sentencia no responde a sus "peticiones ni preocupaciones" y ha señalado que "esta situación se hubiera podido evitar si las autoridades españolas hubieran notificado el sistema de ayudas en 2002 y se hubieran tomado en serio un expediente que, desgraciadamente, parecen haber descubierto hace quince días".

Mientras que el eurodiputado de Izquierda Unida (IU) Willy Meyer ha alertado de que la decisión "supondrá el cierre del sector" y "producirá inseguridad jurídica entre los inversores, de tal manera que éstos preferirán construir en países donde no puedan ser multados". "Con esta decisión, la Comisión, en aras de la competencia, provoca la desindustrialización y el incremento del paro, no solo para el sector español, sino para todo el sector europeo", ha añadido.

Feijóo pide al  Gobierno que recurra ante el Tribunal de Estrasburgo

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido al  Gobierno que recurra ante el Tribunal de Estrasburgo la  decisión de la CE y que solicite la "suspensión  cautelar" de esta determinación, que ha tachado de "cuestionable  jurídicamente, poco responsable desde el punto de vista económico e  insensible desde el punto de vista social".

El presidente de la Xunta ha defendido que hay "argumentos  jurídicos suficientes para ganar" el pleito y ha instado a trabajar  en el nuevo escenario que se abre con el objetivo de que los  astilleros sigan construyendo barcos.

El jefe del Ejecutivo gallego ha avanzado que el ministerio y las  comunidades implicadas están "concretando una hoja de ruta" con los  inversores y el sector naval, con el fin de presentar una propuesta  conjunta ante el Ministerio de Hacienda y la Agencia Tributaria para  buscar "una solución, la menos mala, para que el impacto sea el menor  posible en el futuro del sector naval".