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El juez acusa a Urdangarin de usar a la infanta de 'gancho' y fija una fianza de 8,1 millones

       
  • Tendrán que pagarla entre Urdangarin y Torres, o bien solo uno de los dos
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  • Si no la abonan en cinco días sus bienes podrán ser embargados
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  • El juez ve "más que suficientes indicios de criminalidad"
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  • En concreto, de seis delitos penados con hasta 20 años de cárcel

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Urdangarín y su ex socio tienen cinco días para abonar la fianza civil

El juez que investiga el supuesto desvío de fondos públicos a través del Instituto Nóos, José Castro, ha impuesto este martes una fianza de responsabilidad civil que supera los 8,1 millones de euros a Iñaki Urdangarin y su exsocio, Diego Torres, con el fin de que puedan devolver el dinero presuntamente defraudado en caso de ser condenados, como pedía la Fiscalía y la acusación particular, ejercida por el sindicato Manos Limpias.

En el auto, de 542 páginas, el juez les da un plazo de cinco días para pagar esta dinero entre los dos o bien abonando uno de ellos el importe total. Si no lo hacen, el magistrado les advierte de que "se procederá al embargo de sus bienes en cantidad suficiente para cubrirla".

El juez acusa al duque de Palma y yerno del rey de utilizar su matrimonio con la infanta Cristina como 'gancho' para  sus negocios con Nóos y de tratar de "rentabilizar hasta donde fuera  posible" su parentesco con la Casa Real, señala Servimedia.

El instructor cree que Urdangarin y Castro se unieron con el objetivo de rentabilizar "ante entidades privadas e instituciones públicas el área de influencia que, real o de obligada imaginación, se derivaba del parentesco del primero con la Casa Real, nacido de su matrimonio con la infanta doña Cristina".

Castro cree que ambos crearon la entidad con aparentes  fines altruistas para evitar las suspicacias y poder acceder a  financiación pública.

Indicios de seis delitos que podrían sumar 20 años de cárcel

El instructor considera que hay "más que suficientes indicios de criminalidad" en la actuación de Iñaki Urdangarin y Diego Torres. El juez cree que hay indicios sobre la comisión de hasta seis delitos que podrían acarrear al yerno del rey una condena de hasta 20 años de cárcel, según los cálculos de Servimedia.

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma de Mallorca cree que Urdangarin y Torres pudieron cometer delitos de falsedad en documento oficial, falsedad en documento mercantil, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraude a la Administración y prevaricación.

No obstante, el juez señala que ahora no es el momento procesal para determinar las distintas modalidades de participación de las demás personas investigadas en esta causa.

En cualquier caso, asevera en su auto que Urdagarin y Torres no son "los  únicos criminalmente responsables" y ha reprochado en este contexto el  papel que desempeñaron las administraciones públicas y más en concreto  de quienes gestionaban el dinero que acabó desviado.

El caso Nóos, una pieza separada del caso Palma Arena, investiga el supuesto desvío de fondos públicos de hasta 6,1 millones de euros mediante los convenios suscritos con los gobiernos de Baleares y la Comunidad Valenciana entre los años 2004 y 2007.

La decisión del juez sobre la fianza se produce un día después de que el juez imputara al secretario personal de las infantas, Carlos García Revenga, tras los correos facilitados por el exsocio de Urdangarin y antes de que el duque de Palma tenga que declarar de nuevo ante el magistrado, el próximo 23 de febrero, por un presunto delito de fraude fiscal en el marco de la investigación.

Una imagen altruista para evitar suspicacias

El juez señala que el duque de Palma y su exsocio crearon la entidad  porque si se presentaban mediante una compañía mercantil privada les  estarían vedadas las opciones de acceder a financiación pública.

Al aparentar que no perseguían fines lucrativos, el instituto permitía además al duque de Palma y a su exsocio "rodearse del prestigio social derivado de las actuaciones altruistas", y evitar suspicacias por parte de terceros al financiarse básicamente con fondos públicos.

Castro considera además que los responsables de las administraciones  públicas, de común acuerdo con los representantes de Nóos, tomaron  decisiones administrativas "arbitrarias e injustas", que se adoptaron al  margen de cualquier expediente administrativo para evitar obstaculizar  la consecución ilícita de beneficiar a personas concretas.

Los convenios firmados con Nóos obviaron deliberadamente la utilidad e  interés público que debe presidir cualquier actuación administrativa,  según el juez.

Claras referencias a la infanta Cristina y a Revenga

Castro afirma que Urdangarin y su exsocio se pusieron de acuerdo para rentabilizar ante entidades privadas e instituciones públicas la "influencia" que se derivaba del "parentesco" del duque de Palma con la Casa Real.

El juez alude a esta "esfera de pretendido poder" que emplearon "unas veces de manera implícita y en otras de manera franca", y añade que en algunos momentos lo hicieron mediante documentos "con claras referencias a S.A.R. la Infanta Doña Cristina Federica de Borbón y a Don Carlos García Revenga, al que se le califica como asesor de la Casa Real"

Unas veces de manera implícita y otras franca

Según Castro, las declaraciones prestadas por los empleados de las empresas y los múltiples correos electrónicos intervenidos en la investigación evidencian que el objetivo era captar a entidades privadas e instituciones públicas para formalizar negocios jurídicos recurriendo a dicho parentesco de Urdangarin.

"Se les hacía ver a los potenciales clientes", recoge el auto, que había "innumerables ventajas de prestigio y económicas" en el hecho de "contar con la colaboración de un miembro de la Casa Real y en algunos casos con el expreso añadido de la esposa de éste y del propio secretario de la institución".

Acusa a Baleares y Valencia de darle lo que pedía

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma sostiene que, en el marco de las contrataciones llevadas a cabo entre las Administraciones públicas y el Instituto Nóos, los convenios de colaboración suscritos para ello "no fueron otra cosa que la forma arbitraria de vestir el santo".

Apunta que la "única" finalidad  era, con un "total abuso de poder", beneficiar a la entidad y en este caso "al más ilustre de sus miembros: el señor Urdangarin". 

En la resolución considera "claro y evidente" que los contratos rubricados entre Nóos y las Comunidades balear y valenciana "son nulos de pleno derecho",  todo ello mediante convenios que daban forma jurídica a las decisiones que anteriormente habían sido adoptadas de forma "total y absolutamente injusta, al margen de cualquier expediente administrativo" que, a juicio del instructor, "hubiera perjudicado la idea inicial de beneficiar a unas personas concretas".

"Mediante la vestimenta del convenio de colaboración, las Administraciones permitían asegurar la concesión al señor Urdangarin de todo lo que éste pedía... prescindiendo de los criterios requeridos por la Ley, como son los de objetividad, legalidad y servicio a los intereses generales exigibles en la actuación  administrativa", añade Castro.

A juicio del juez, las contrataciones obedecían "al mero interés  de conceder al señor Urdangarin todo aquello que éste solicitaba, consecuencia de su influencia por pertenecer a la Casa Real".

Concedía a Urdangarin todo lo que solicitaba

Es por ello que, insiste, las instituciones públicas "convirtieron, para poder cumplir los deseos" del Duque de Palma, "en una mera cobertura una decisión ya tomada de antemano, de forma puramente arbitraria".

"Transgresión palmarea de la realidad y la legalidad"

El  juez asegura que, tras aprovechar el parentesco de Urdangarin para  captar clientes entre empresas privadas e instituciones públicas, el  entramado societario de Nóos además cruzaba facturas entre sí para  reducir la base de aplicación del impuesto de sociedades e incluso  derivó al menos 420.000 euros el beneficio obtenido al paraíso fiscal de  Belice.

En el patrocinio del equipo ciclista Illes Balears y la creación de  la oficina del proyecto, el juez aprecia que en total la Fundación  Illesport pagó a Nóos más de 493.000 euros en cuatro facturas sin "el  más mínimo rastro de expediente alguno que autorizara el pago".

El juez asegura que el expediente que se creó fue "una palmaria  transgresión de la realidad y de la legalidad" y todo ello prescindiendo  "olímpicamente de tramitar absolutamente ningún concurso público ni  negociado". También aprecia contratos previamente amañados para el  seguimiento del equipo ciclista y su presentación.

Siguió presidiendo Nóos después de 2006

José Castro revela que Urdangarin siguió siendo presidente "de hecho" del Instituto Nóos después de marzo de 2006, según avalan "innumerables" datos objetivos que figuran en la causa que investiga el presunto desvío de fondos públicos a dicha entidad.

El magistrado considera que los datos que avalan que Urdangarin siguió siendo presidente de hecho de Nóos "se avienen mal" con la aparente desvinculación del duque de Palma de la entidad, según señala en el auto.

También afirma que el yerno del rey "siempre estuvo participante activamente" en la administración de Nóos, algo que favoreció que los gestores de fondos públicos, conocedores de ese vínculo, siguieran negociando con la asociación.

Según Castro, si bien Urdangarin fue presidente de derecho de Nóos desde el 23 de septiembre de 2003 al 20 de marzo de 2006, "de hecho lo siguió siendo con posterioridad".

Intentaron captar dinero del Gobierno mexicano

Urdangarin y Torres intentaron exportar al continente americano la trama de captación y desvió de fondos públicos con la que operaban en España y llegaron a proponer en al Gobierno de México la organización de un foro.

El yerno del Rey y su antiguo profesor intentaron en concreto vender en el año 2006 a las autoridades mexicanas un evento como el Forum Illes Balears, con el que obtuvieron del Gobierno de Jaume Matas un total de 2.285.000 euros.

El auto dictado recoge la transcripción de la declaración prestada ante el magistrado por Angel Cecilio Díaz González, uno de los trabajadores del entramado levantado por Urdangarin y Torres.

Díaz González relató ante Castro que en el año 2006 viajó al país norteamericano porque el yerno del Rey y su socio querían "hacer una réplica de la misma cumbre de Baleares en México".

El trabajador reveló que en la primavera de 2006 llegaron a mantenerse conversaciones "con la autoridad de Turismo de México",  que desembocaron en la redacción de un borrador de convenio. El testigo entregó al magistrado una copia de este borrador.

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