El 'banco malo' adquirirá los activos inmobiliarios de los bancos a "su valor económico real"

• Según el ministro de Economía, el precio que pagará asegurará su rentabilidad
• Ese valoración implicaría una devaluación sobre los cálculos de los bancos
• Permitirá "sacar al mercado viviendas a precios más reducidos de los actuales"
• La transferencia de los activos tóxicos comenzará el 1 de diciembre

El llamado "banco malo" empezará a funcionar en diciembre

La nueva sociedad de gestión de activos problemáticos de los bancos -el llamado banco malo- adquirirá esos activos a un precio "ligado a l valor económico real", lo que podría implicaría cierta devaluación respecto al valor que le otorgaban hasta ahora las entidades en sus balances. Así lo ha confirmado el ministro de Economía, Luis de Guindos, en la Comisión de Economía del Congreso, donde comparece este miércoles a petición propia.

"El precio de transferencia [de los activos problemáticos de los bancos] estará ligado al valor económico real de los activos y se establecerá mediante un proceso minucioso de revisión de su calidad, Este precio asegurará la rentabilidad de la sociedad y posibilitará la incorporación de inversores privados", ha explicado De Guindos, quien ha añadido que esa participacción privada supondrá "al menos" el 55% del total de capital y de la deuda subordinada del banco malo.

El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha anunciado que los activos inmobiliarios que las entidades financieras transfieran a la sociedad de gestión de activos problemáticos, conocida como 'banco malo', lo harán a "valor económico real". De Guindos lo ha anunciado en una comparecencia ante la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados, a petición propia.

Algunos bancos ya han mostrado su temor ante esta opción elegida por el Gobierno y el Banco de España en coordinación con la Comisión Europea y el Banco Central Europeo (BCE).

"Se sacarán viviendas a precios más reducidos que los actuales"

Según los expertos, la rentabilidad de la gestión de los activos inmobiliarios solo podría lograrse en el contexto actual con un descuento de entre un 40% y un 70% del valor contabilizado por los bancos.

El responsable de Economía ha adelantado que para ese traspaso de activos inmobiliarios se fijarán unos límites: no se transferirán los adjudicados valorados en menos de 100.000 euros ni tampoco los préstamos por debajo de 250.000 euros. De esas exclusiones se puede deducir que los activos considerados más problemáticos son los que superan esos límites y que serán los valorados por encima de esos límites los que permitirán obtener cierta rentabilidad al banco malo.

Durante su intervención, tras las preguntas de los grupos parlamentarios, De Guindos ha precisado que esa adquisición se realizará "a precios muy conservadores, con lo que se va a dinamizar el mercado inmobiliario en España". El banco malo "va a sacar al mercado vivienda a precios reducidos, a precios más reducidos de los que estamos viendo actualmente", ha añadido.

Así, ha reconocido más adelante, si el traspaso de los activos "se hace a un precio muy conservador -como queremos-, evidentemente, puede ocasionar pérdidas en la entidad que los vende. Y para eso tenemos el otro instrumento contemplado [en el Memorando de Entendimiento del rescate bancario]: la inyección de capital para cubrir esas pérdidas".

La sociedad de gestión asumirá los activos tóxicos relacionados con el sector inmobiliario -tanto los préstamos a promotores y particulares como los adjudicados-, aunque De Guindos no ha descartado que se traspasen también otros activos que "registren un deterioro grave en su valoración". Además, la liquidación de los activos adquiridos deberá resolverse en un período de 15 años.

En los pasillos del Congreso, después de su intervención en la comisión y en respuesta a los periodistas, De Guindos ha concretado que se podrán traspasar "los activos físicos adjudicados y el conjunto del crédito promotor, tanto el bueno como el que tiene problemas en estos momentos, que es el subestándar y el impagado".

También ha explicado que los bancos que podrán liberarse de los activos inmobiliarios serán, fundamentalmente, los controlados por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) -Bankia, Catalunya Bank, Novagalicia Banco y Banco de Valencia- y "algún otro no muy importante" que reciba ayudas públicas.

El FROB no tendrá mayoría ni gestionará la sociedad

Respecto a los inversores privados, se tratará de "entidades bancarias -excluyendo las que han transferido activos a la sociedad--, aseguradoras y otros inversores cualificados", según el ministro. Eso supone que la participación del Estado en el banco malo -a través del FROB- no será mayoritaria.

Aparte de la entrada de inversores privados, la sociedad de gestión se financiará con emisión de "deuda senior, emitida por los inversores con la garantía del Estado". Esa deuda podrá ser equivalente al 10% de los activos de la sociedad, según De Guindos, quien ha explicado que los bancos que transfieran sus activos obtendrán liquidez a través de esos bonos senior, ya que podrán utilizarlos como colateral de sus peticiones de liquidez al Banco Central Europeo (BCE).

El ministro también ha adelantado que "una sociedad gestora independiente" se encargará de la gestión del banco malo, de lo que se deduce que el Estado no estará presente en esa gestión. De Guindos ha añadido que, como parte de esa gestión, "se podrán segregar activos para integrarlos en fondos específicos, con el objetivo de facilitar la gestión de cada tipo de activo".

Los nacionalizados, los primeros en transferir activos

La transferencia de los activos tóxicos comenzará el 1 de diciembre con el traspaso desde los bancos controlados por el FROB, es decir: BFA-Bankia, CatalunyaBank, Novagalicia Banco y Banco de Valencia.

De Guindos también ha adelantado el calendario para las fases de aplicación de la recapitalización bancaria con ayuda del rescate bancario europeo. Así, ha señalado que los bancos nacionalizados presentarán sus planes de reestructuración a finales de este mes y que se espera la aprobación por parte de la Comisión Europea a principios de noviembre. "Sobre la base de esos planes, se inyectará una parte de los 30.000 millones de euros ya disponibles", ha indicado.

Las entidades que necesiten capital adicional y no puedan incrementar ese  capital por sus propios medios presentarán en noviembre sus planes de recapitalización y recibirán la inyección pública necesaria a principios de diciembre, según el ministro.

El resto de los bancos españoles, los que no requieren apoyo público, tendrán hasta junio de 2013 para recapitalizarse por sus propios medios.

Pese al rescate bancario, "la deuda seguirá por debajo de la media"

En su comparecencia, el ministro de Economía también ha valorado las auditorías a las que se ha sometido el sistema financiero español, "un ejercicio de transparencia sin parangón en España y en nuestro entorno".

De Guindos ha subrayado que esos análisis demuestran que, "en términos agregados, el 70% del sistema financiero está en condiciones de afrontar un escenario muy estresado" y que "las necesidades de capital público están muy por debajo de los 60.000 millones. Suponen el 4% de PIB, con lo que la deuda pública seguirá por debajo de la media de deuda pública europea".

De esta forma, el ministro asume que las inyecciones públicas necesarias para recapitalizar los bancos españoles pasarán a contar como deuda pública, sin la eventual posibilidad que se manejaba en la eurozona de que esto no sucediera si las ayudas se concedían directamente a los bancos.

Respecto al coste que han supuesto las diferentes pruebas de solvencia  efectuadas a la banca española, el ministro ha asegurado que correrá a cargo del propio sector financiero, ya que "debería pagarlo el Fondo de Garantía de Depósitos", que  es el instrumento con el que la banca garantiza la devolución de ahorros  a sus clientes en caso de quiebra de una entidad.

De Guindos ha  revelado que el gobernador del Banco de España, Luis  María Linde, se ha comprometido a hacer público en los próximos  días el coste de esas pruebas, en las que han intervenido más de 500  personas entre auditores, asesores y tasadores.

Además de las  consultoras Oliver Wyman y Roland Berger (cuyo primer análisis de junio costó en torno a dos millones de euros), en las pruebas han intervenido  las cuatro grandes auditoras que operan en España (Deloitte, KPMG, PwC y  Ernst & Young), así como seis valoradoras inmobiliarias, tres  españolas y tres internacionales.

"Se tomará la mejora solución posible" sobre otro rescate

Sobre la posible petición de un nuevo rescate a los socios europeos, De Guindos ha reiterado la posición mantenida hasta ahora por el Gobierno: "se tomará la mejor solución posible" para el país y también para los socios europeos.

"Sería una irresponsabilidad tomar una decisión al respecto sin saber las implicaciones que puede tener no solo para España, si no para toda la Unión Europea", ha indicado el ministro.

El Gobierno "tomará la mejor solución posible" sobre un nuevo rescate

Ha añadido que en los rescates, "no se trata de apretar un botón: tiene otro tipo de connotaciones y la responsabilidad del Gobierno español es analizar todas las consecuencias de una decisión, tanto en un sentido como en otro".

Respecto a esas condiciones que podrían imponerse a España en el caso de que pida un nuevo préstamo, el responsable económico del Gobierno ha indicado que "están en torno" a lo que ya se ha comprometido el país dentro del proceso de déficit excesivo que le obliga a cumplir una serie de recomendaciones de la Comisión Europea.

En este sentido, ha precisado que el Memorando de Entendimiento firmado para el rescate a la banca española no contemplaba ninguna condicionalidad macroeconómica añadida y solo concretaba nuevos requerimientos "horizontales para el sector bancario, como el límite de las retribuciones de los banqueros".

Además, previamente a la comparecencia del ministro, los miembros de la comisión han elegido por asentimiento al popular Santiago Lanzuela Marina como presidente de la misma, en sustitución de Elvira Rodríguez, nueva presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Diputado por la provincia de Teruel, Lanzuela es actual vicepresidente de otra comisión parlamentaria, la de Presupuestos.