¿A qué sanciones se enfrentan los controladores aéreos?

• Se buscan responsabilidades por la vía laboral y la judicial
• Además muchos ciudadanos han presentado denuncias   particulares
• AENA ha recibido 5.000 reclamaciones de los viajeros
• Ahora los controladores son militares de facto en  el aspecto legal

¿Es posible que un controlador falte a su puesto de trabajo, deje a la gente tirada en el aeropuerto y no pase nada?

"No volverá a pasar", es la respuesta del vicepresidente  primero, Alfredo Pérez Rubalcaba, que garantiza que el  Ejecutivo tiene ahora los "mecanismos legales para que ésto no vuelva a  pasar ni en Navidades ni después de Navidades".

Tras casi un día un colapso aéreo sin precedentes en España por la huelga ilegal de los controladores aéreos, el Gobierno se ha visto obligado a decretar el 'estado de alarma', se han cancelado 2.710 vuelos, hay pérdidas millonarias y cerca de 600.000 pasajeros se han visto afectados.

¿Quién asume las consecuencias?

Mientras el espacio aéreo español sigue militarizado se abren tres frentes para reclamar responsabilidades: la vía laboral, la judicial, y las denuncias  particulares,  penales y civiles, que han presentado los ciudadanos.

En lo laboral, tras ser obligados por el Ejército y la Guardia Civil a volver al trabajo, AENA ha abierto 442 expedientes disciplinarios a los profesionales que no acudieron o abandonaron su puesto de trabajo.

Según el ministro de Fomento, José Blanco, los expedientes podrían implicar la "expulsión definitiva" del puesto de trabajo, aunque se valorará cada caso de manera individualizada.

La apertura de un expediente disciplinario puede implicar desde apartar "definitivamente" del puesto de trabajo al controlador, hasta el cierre del expediente "sin ningún tipo de sanción" pasando por la suspensión de empleo y sueldo.

Además, la Fiscalía de Madrid ha abierto un proceso judicial para decidir si los controladores insubordinados han incurrido en un delito y tiene previsto citar a todos los implicados que podrían declarar después del puente.

Los controladores se enfrentan a un posible delito de sedición que conlleva penas de hasta ocho años de cárcel.

También las Fiscalías de Valencia y Cataluña han abierto diligencias.

Bajo la justicia militar

En el momento que el Ministerio de Defensa se ha hecho cargo del tráfico aéreo, al decretar el estado de alarma, los controladores tienen que acatar la jurisdicción militar, son militares de facto en el aspecto legal.

Desde que fue decretado el 'estado de alarma' un oficial del Ejército acude a cada centro de control aéreo y vela por que los controladores civiles cumplan con su labor.

Si éstos no se presentan o no trabajan, el militar a cargo daría parte al juez militar y a la Policía Judicial para que los controladores insubordinados fueran arrestados y sancionados. 

El Código Penal Militar (Consulta documento en pdf), dentro de los delitos contra la disciplina, contempla en su Art. 91 la ‘sedición militar’ que especifica que los militares que “rehusaren obedecer las órdenes legítimas recibidas, incumplieren los demás deberes del servicio o amenazaren, ofendieren o ultrajaren a un superior, serán castigados con la pena de uno a diez años de prisión, cuando se trate de los meros ejecutores, y con la de dos a quince cuando se trate de los promotores, del cabecilla que se ponga al frente de la sedición”.

Y añade: “Si los hechos tuvieren lugar en situación de peligro para la seguridad del buque o aeronave, frente a rebeldes o sediciosos, acudiendo a las armas o agrediendo a superior, las penas serán de diez a veinte años de prisión”.

Denuncias particulares

Por otro lado, los juzgados deberán dar salida a las numerosas denuncias  de los viajeros afectados, que por la vía civil o penal,  que buscan una  compensación al daño que les ha causado esta situación.

AENA ha informado que en los últimos dos días ha recibido 5.000 reclamaciones.

AENA expendienta a controladores

Las principales organizaciones de consumidores aconsejan a los afectados que "presionen" a las compañías aéreas y exijan indemnizaciones por los gastos económicos y los daños morales.