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La causa de las víctimas del franquismo buscará justicia en Argentina

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La posible suspensión del juez Garzón provoca reacciones de todo tipo

Varias organizaciones humanitarias argentinas,  como las Abuelas de la Plaza de Mayo, y el Nobel de  la Paz Adolfo Pérez Esquivel apelarán al principio de "jurisdicción  universal" para presentar la próxima semana ante un juzgado en Buenos  Aires una causa "inédita" contra los "crímenes"  cometidos en la dictadura de Francisco Franco.

A la cabeza estará el abogado,  Carlos Slepoy, conocido en España por  su acusación en casos como el del  dictador argentino Jorge Videla.

El abogado ha explicado que se pedirá a los tribunales federales de Buenos Aires que se investiguen delitos de genocidio y de lesa humanidad cometidos en España entre el 18 de julio de 1936, cuando comenzó el golpe de estado contra la República, y el 15 de diciembre de 1975 cuando comenzó la transición democrática en España.

Según informa el diario argentino 'Clarín', el contenido de la querella se analizará este viernes en una reunión que mantendrán las organizaciones humanitarias, encabezadas por la histórica asociación Abuelas de la Plaza de Mayo.

La denuncia incluirá al menos a dos familiares de víctimas   del franquismo, entre ellas a los de Severino Rivas, fusilado   en 1936 cuando era alcalde de la localidad de Castro de Rei.

Confian en que habrá "muchos imputados"

Rivas permaneció como desaparecido hasta que en 2005 fueron   encontrados sus restos en una fosa común, ha explicado este viernes su   hijo, Darío Rivas, de 91 años.

"Reclamo algo que me corresponde: justicia para gente que fue   asesinada sin justicia. No estoy reclamando para mí solo, sino por todas   las víctimas. Franco dijo que iba a dejar todo bien atado y que iba a   seguir gobernando después de muerto y en España se sigue   sufriendo los 40 años de dictadura", ha afirmado Rivas.

Los denunciantes confían en que habrá "muchos imputados" por esta   causa, "varios de ellos con posiciones de gran poder en España", según   Slepoy, quien intervino como parte querellante en los juicios que   instruyó el juez Garzón contra Jorge Videla y otros responsables de la   dictadura argentina (1976-1983).

La demanda menciona a los "113.000 desaparecidos y más de   30.000 niños secuestrados y privados de su identidad" durante   la dictadura de Franco, de acuerdo con los datos rescatados de las   actuaciones del juez Garzón.

Defensa a ultranza de Garzón

Para Beinusz Szmukler, presidente del Consejo Consultivo Continental,   organización no gubernamental que trabaja con la ONU, la  "paralización"  en España de las actuaciones por los crímenes del  franquismo  incentivó el avance de la querella ante la  justicia argentina.

"Garzón hizo algo que se reclamaba hace mucho tiempo.   Es una iniciativa valiente que la misma ley española establece y   quienes están queriendo procesarlo van en contra de las leyes", opina   Slepoy, quien también participó en el proceso contra el ex marino   Ricardo Miguel Cavallo, sometido a juicio por delitos cometidos en la   mayor cárcel clandestina de la dictadura argentina.

"Para ser claro: Garzón no es el prevaricador; los   prevaricadores son los jueces que quieren procesarlo y, si lo   inhabilitaran, llegará el día en que estos mismos jueces sean juzgados   por prevaricadores", ha afirmado el letrado, que reside en España.

Slepoy considera "absurdo" que España se base en el principio de   "jurisdicción universal" para los crímenes "de fuera" del país pero no   los admita "dentro".

Garzón, juez de la Audiencia Nacional española, obtuvo fama   internacional al procesar en 1998 al dictador chileno Augusto   Pinochet y llevó adelante procesos contra represores argentinos bajo el   principio de "jurisdicción universal", recuerda el abogado.

Ese principio es "el mismo" que se aplicó contra Pinochet y   en el juicio contra el ex piloto naval argentino Adolfo Scilingo, a   quien la Justicia española condenó en 2007 a 1.084 años de prisión por   crímenes de la dictadura argentina, ha añadido.

Querellas en España

Por otra parte, en España, las asociaciones por la recuperación de la memoria histórica de Cataluña y de Mallorca presentarán el lunes una querella contra el magistrado del Tribunal Supremo (TS) Luciano Varela, quien el martes firmó un auto por el que se procesará al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por un presunto delito de prevaricación que habría cometido al investigar las desapariciones durante el franquismo.

La portavoz de la entidad mallorquina, Maria Antonia Oliver, ha indicado que la querella argumentará que Varela "ha prevaricado porque las desapariciones forzosas no prescriben legalmente pese a los decretos de amnistía ya que son crímenes contra la humanidad. Varela lo sabe y quien no se ajusta a  derecho es él".

Por su parte, el presidente de la Asociación por la Memoria Histórica de Cataluña, Manel Perona, ha considerado que Varela, con su auto, "obvia el derecho humanitario e internacional más elemental", y además, ignora a las 120.000 nombres de asesinados y desaparecidos que Garzón pretendía investigar. 

También algunos periódicos internacionales han salido en defensa de Garzón. "Una injusticia en España" titula este viernes su editorial  el diario más prestigioso de Estados Unidos, The New York Times,  en el que sale en defensa del juez de la Audiencia Nacional Baltasar  Garzón después de que el Tribunal  Supremo haya acordado sentarlo en el banquillo por investigar los  crímenes y las desapariciones del franquismo.

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