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Garzón se sentará en el banquillo de los acusados por prevaricación en la causa del franquismo

       
  • El juez de la Audiencia Nacional ya tiene en sus manos el auto de Varela
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  • Si es juzgado, deberá ser suspendido cautelarmente hasta que haya sentencia

Ver también:  Auto del juez Varela (.pdf)

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El Consejo General del Poder Judicial decidirá sobre la suspensión de Garzón

El juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, ya tiene en sus manos el auto por el cual el magistrado del Tribunal Supremo Julián Varela ha transformado las diligencias abiertas en su contra en un procedimiento abreviado por un supuesto delito de prevaricación en la causa del Franquismo. De esta forma, Garzón se sentará en el banquillo de los acusado, según informa Cristina Ónega.

Al juez se le imputa un delito de prevaricación, al  iniciar, sin competencia legal, una causa por las desapariciones del franquismo. La decisión del juez Varela supone pasar a la fase de preparación de juicio oral. Esto significa que Garzón se sentará en el banquillo siempre que algunas de las partes personadas presente escrito de acusación contra él. Según informa la agencia EFE, Garzón se ha enterado por los medios de comunicación, a su llegada a los juzgados

El hecho de que finalmente sea juzgado Garzón implica que el Consejo General del Poder Judicial  tenga que suspenderle de forma cautelar, a la espera de que haya una sentencia. Será el pleno del CGPJ, y no la Comisión Permanente, quien decida sobre la suspensión, el próximo día 22 de abril.

En el auto, Varela acusa a Garzón de ser consciente de "su falta de competencia" para iniciar la investigación de los crímenes del franquismo y de que los hechos denunciados "carecían de relevancia penal" por lo que "construyó una artificiosa argumentación" para sostener su instrucción.

Varela deniega, además, las pruebas reclamadas por el juez de la Audiencia Nacional y emplaza a las partes -la defensa, la Fiscalía y los querellantes: el sindicato ultraderechista Manos Limpias, la asociación Libertad e Identidad y Falange Española de las JONS- a que presenten sus escritos de acusación o de petición de archivo.

En el procedimiento abreviado, el instructor es competente para decidir, concluida la investigación, si el proceso finaliza en ese momento definitiva o provisionalmente con auto de sobreseimiento o si, por el contrario, continúa con el trámite de presentación de los escritos de acusación -lo que ha ocurrido en este caso- y, a la vista de ellos, abre juicio oral o archiva el caso.

Varela acusa a Garzón de haberse extralimitado en sus funciones y haber tratado de suplantar la función que corresponde a los diputados y senadores al querer dejar sin efecto la Ley de Amnistía de 1977 para investigar los crímenes contra la humanidad cometidos durante la dictadura de Franco.

El instructor señala que no corresponde a un juez penal llevar a cabo una "teorización" sobre la legislación ni aplicar una "imaginación creativa, por muy honesta o bienintencionada que se autoproclame".

Para Varela, la única ¿razón de ser¿ de un juez en una verdadera sociedad democrática es "la recta aplicación de la ley vigente", una tarea "que no siempre será compatible con el seguimiento de la opinión, más o menos homogénea, de juristas de relevancia pública".

Este debate público sólo puede enriquecer, prosigue el instructor, "a quienes tienen la responsabilidad política de conformar el ordenamiento jurídico". Sólo los partidos políticos que obtengan la mayoría parlamentaria suficiente pueden hacer efectivos "aquellos anhelos de justicia promoviendo y aprobando las oportunas modificaciones legislativas".

No declararán los 'adalides' de la justicia universal

Garzón había reclamado que antes se citara a declarar como testigos a varias personalidades jurídicas y expertos internacionales que han intervenido en asuntos de crímenes contra la humanidad, pero el instructor no lo considera procedente.

Entre esos testigos figuraban la ex fiscal del Tribunal Penal Internacional Carla del Ponte, el juez chileno Juan Guzmán -que en 1999 procesó a Augusto Pinochet- y el magistrado argentino Eugenio Raúl Zaffaroni, uno de los que anuló las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.

Hace dos semanas, el Supremo rechazó el recurso de Baltasar para arhivar la causa, despejando así la vía para sentarlo en el banquillo por un delito de prevaricación. El Supremo sostuvo entonces que en la resolución de Varela que recurrió Garzón "ni hay certeza sobre la inexistencia del delito, ni es arbitraria, ilógica o absurda una posible calificación acusatoria por prevaricación", por lo que la causa debía seguir adelante. 

El Supremo investiga a Garzón a raíz de las querellas presentadas contra él por el sindicato ultraderechista Manos Limpias y la asociación Libertad e Identidad, a las que posteriormente se sumó otra de Falange Española de las JONS.

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