La defensa del pirata Willy aboga por la expulsión porque la extradición llevaría meses

• Así lo ha dicho en una entrevista en Radio Nacional de España
• Cree que el traslado de los piratas es "complejo" pero existen mecanismos
• "La extradición conlleva un proceso judicial que llevaría meses", dice
• Los familiares de los tripulantes se reúnen con los jueces este martes

El abogado de Abdu Willy, uno de los piratas somalíes retenidos en España, aboga por la expulsión de los detenidos porque la extradición conlleva un proceso judicial que duraría meses.

En declaraciones a RNE, Francisco Javier Díaz Aparicio ha señalado que el asunto tiene "un sin fin de complejidades" pero existen mecanismos para la expulsión de los dos piratas, lo que facilitaría la resolución del secuestro del Alakrana.

Los secuestradores del Alakrana exigen desde Somalia el traslado de estos dos piratas para poder liberar a los 36 tripulantes que sufren ya 40 días de secuestro.

En el caso de que finalmente no fuese posible el traslado de los piratas, el abogado de Abdu Willy ha dicho que plantará cara a la defensa de este pirata. Considera que los dos detenidos no tienen el mismo grado de implicación que otros secuestradores del Alakrana y contempla la figura de cómplices o encubridores.

Reunión de los familiares con la Audiencia Nacional

Por otra parte, los familiares de la tripulación se reunirán este martes con el presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, en la sede del alto tribunal en Madrid.

Denunciaron este lunes que los piratas tiran al agua los víveres de los retenidos.

En el encuentro, los familiares tendrán oportunidad de preguntar al presidente de la Audiencia Nacional sobre la situación de los dos piratas detenidos en España y las opciones jurídicas para que sean devueltos a su país para que cumplan allí la pena. El Gobierno español está estudiando por la vía diplomática la posibilidad de extraditarlos.

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha explicado que existen medidas legales que permiten llegar a una solución que compatibilice los principios de la protección de los secuestrados con la persecución del delito, aunque ha enfatizado que "de ninguna forma" la solución puede pasar por "tomar una decisión que sea ceder a una presión". "No puede hacerse, es ilegal", ha apostillado.

Por su parte, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, afirma que la situación "puede estar encauzada" y pide "prudencia", al tiempo que asegura que serán usadas todas las vías "políticas, legales, diplomáticas y de inteligencia" al alcance del Ejecutivo.